El Consell contratará constructoras para demoler las obras ilegales |
La Comisión Insular de Urbanismo completará hoy el primer paquete de edificaciones a derribar
F. GUIJARRO. PALMA.
El Consell de Mallorca va a convocar concursos entre empresas constructoras para adjudicar la demolición de "paquetes" de cuatro o cinco obras ilegales, una iniciativa que se empezará a tramitar a lo largo de las próximas semanas, según ha adelantado el responsable del área de Territorio, Bartomeu Vicens.
El conseller insular anunció que la Comisión de Urbanismo completará hoy mismo la tramitación del último expediente para completar el primero de estos paquetes con construcciones ilegales a derribar.
A partir de ese momento se iniciarán los trámites para convocar el concurso, que podría resolverse en torno a los meses de septiembre u octubre para comenzar a continuación los derribos. Este proceso se irá repitiendo a medida que se vayan resolviendo nuevos expedientes de disciplina urbanística.
El coste de las demoliciones será cubierto inicialmente por el Consell, aunque Bartomeu Vicens advirtió que se intentará repercutir sobre los propietarios de las edificaciones ilegales, tal y como se contempla en la normativa vigente.
Impulso a la disciplina
El responsable de Territorio recordó que esta administración insular se había comprometido a dar un impulso a la disciplina urbanística, actuando de forma subsidiaria en aquellos casos en que los propietarios no han procedido a subsanar la infracción cometida y los ayuntamientos se niegan a actuar pese a haber acuerdo de demolición en firme.
El Consell tiene previsto actuar inicialmente sobre un total de 39 obras ilegales repartidas en 22 municipios de Mallorca. En la mayoría de los casos se trata de porches, ampliaciones de viviendas, muros, piscinas o transformaciones de casas de aperos en chalés, algunas de ellas situadas en Áreas Rurales de Interés Paisajístico (ARIP). Una de estas infracciones hace referencia a la ampliación de un establecimiento hotelero.
Estos expedientes tienen su origen entre los años 1994 y 2002. En ese último ejercicio, se otorgó a los infractores un nuevo plazo extraordinario para que procedieran directamente al derribo, que no han ejecutado.
Uno de los objetivos de esta iniciativa es que tenga un carácter "ejemplarizante". Una vez aprobado el Plan Territorial, el responsable del Consell destaca que ha llegado el momento de actuar con mayor intensidad sobre el urbanismo ilegal para frenar la comisión de infracciones.
Proyecto en cartera
En este aspecto, esta Administración aún tiene en cartera la aprobación del denominado Defensor del Territorio, encargado de actuar también sobre el urbanismo ilegal cuando los ayuntamientos se nieguen a aplicar la disciplina urbanística. Esta nueva figura sigue pendiente de la negociación con el Govern balear, dado que su elección debería quedar en manos del Parlament.
Como en el caso de las citadas demoliciones subsidiarias, el objetivo es que la disciplina deje de depender exclusivamente de la autoridad municipal, dada la pasividad que mantiene en algunos casos por su proximidad con los infractores.
Pollença y Santa Margalida, en cabeza
De la lista de 39 expedientes por infracción urbanística que el Consell tiene sobre la mesa para ejecutar demoliciones de forma subsidiaria, los dos municipios más afectados son Pollença y Santa Margalida, con seis obras ilegales en cada uno, seguidos de Llucmajor, con cuatro.
Por detrás de ellos aparecen ses Salines, con tres expedientes, y Sant Joan y Artà, con dos en cada uno. Con una infracción aparecen otros 16 municipios, entre los que se puede citar Palma, Calvià, Marratxí, Andratx, Valldemossa, Sóller o sa Pobla.
A esta lista se irán sumando nuevos casos a medida que se detecten, dado que desde el Consell se asegura que las actuaciones subsidiarias ante los casos de pasividad municipal se van a convertir en una práctica habitual.
Esta decisión se ha visto facilitada por las últimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Balears, que evitan que la infracción prescriba [Nota de Disúrbia: en realitat es tracta de la caducitat de l'expedient] durante el tiempo en que el propietario intenta legalizarla.