(Diario de Ibiza, 16/04/2005)

El Ayuntamiento de Sant Joan había defendido la legalidad de la obra ante las denuncias de los vecinos. Parte de la casa está en zona de dominio público

sant joan | j. ll. ferrer
La Demarcación de Costas de Balears ha ordenado la paralización de las obras de construcción que se están desarrollando en pleno acantilado de la zona de Na Xemena, en la costa de Sant Miquel, por invadir la franja de dominio público marítimo-terrestre.
Además de ordenar la detención de las obras, Costas propone la imposición de una sanción al promotor por valor de 41.349 euros (6,9 millones de pesetas), que podrá verse reducida a la mitad si en el plazo de tres días naturales «se procede a corregir la situación creada, con la necesaria restitución de las cosas y reposición a su estado anterior», afirma la notificación enviada por la Demarcación de Costas al particular que ha construido la edificación.

Antes de que esta multa sea firme, la Administración concede al infractor el plazo de diez días para que presente las alegaciones que considere oportunas.

La construcción consiste en un chalet situado en el mismo borde del acantilado. Además del espacio que ya ocupan las obras, está previsto añadir una piscina enfrente de la casa, para lo que sería necesario crear una plataforma sobre la que sostener este elemento, que quedaría literalmente colgado sobre el precipicio. También está previsto añadir una nueva planta y otras dependencias a la estructura actualmente existente.

El promotor había obtenido la correspondiente licencia municipal y luego solicitó y consiguió un permiso posterior de ampliación del proyecto, al objeto de edificar más. Esta última licencia fue concedida el 14 de mayo de 2003.

La Corporación municipal había defendido la legalidad de la obra frente a las denuncias interpuestas por los vecinos de la zona.

Se da la circunstancia de que el documento mediante el que se aprobó la licencia para el proyecto inicial, el 11 de enero de 2000, admitía que el terreno forma parte de un plan parcial aprobado por la extinta Comisión Provincial de Urbanismo (CPU) en 1980 «no habiéndose desarrollado dicho plan en los plazos establecidos».

El asesor jurídico del Ayuntamiento de Santa Eulària (que fue imputado judicialmente por el caso de ses Torres), José María Roig Vich, figura como responsable técnico de la obra, según consta en la documentación aportada por los vecinos.