 |
El Supremo ordena demoler la gasolinera que explotan Verger y Pascual en la Playa de Palma |
(El Mundo, 15/04/2005)
Confirma que la estación de servicio fue construida en 1996 de manera ilegal / El Consistorio la autorizó vulnerando la ley / La gestionan el presidente de la Autoridad Portuaria y el conseller de Obras Públicas del Consell
ESTEBAN URREIZTIETA
PALMA.- El Tribunal Supremo acaba de acordar la demolición de la gasolinera de Repsol situada en la Playa de Palma y que explotan actualmente el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Joan Verger, y el conseller de Obras Públicas del Consell, Antoni Pascual. La estación de servicio está ubicada en el número 33 de la calle Marbella, haciendo esquina con la calle Neopatria y es una de las más frecuentadas de la zona. De esta manera concluye un proceso judicial que inició hace ya varios años la Asociación Hotelera de la Playa de Palma, que dirige Francesc Marí.
La gasolinera tendrá que ser derribada, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares estimó en junio de 2003 que la licencia de obras que le concedió el Ayuntamiento de Palma en 1996 a Repsol no se ajusta a la legalidad. Y ahora ha sido el Supremo quien ha ratificado la decisión del órgano que preside en estos momentos el magistrado Antonio Terrasa.
El Alto Tribunal ha firmado la sentencia de muerte de la gasolinera mediante un auto elaborado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo que preside Fernando Ledesma. En él se acuerda desestimar el recurso interpuestos por Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.
Y lo hace simple y llanamente por una cuestión jurídica, sin entrar en ningún momento en el fondo de la cuestión. «Al no ser la sentencia impugnada susceptible de recurso de casación», señala el auto, «resulta innecesario el examen de las causas de inadmisión propuestas por la parte recurrida».
El Alto Tribunal argumenta su decisión en que «las resoluciones judiciales dictadas en un proceso iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley 29/1998 y que hubieran sido recurribles pueden dejar de serlo».
En definitiva, lo que ocurre es que no es el Supremo quien de acuerdo con la legislación debe en este caso entrar a valorar si los criterios jurídicos que manejó el Tribunal Superior balear en 2003 son los correctos o no. Y por lo tanto, los da por buenos.
El origen de la decisión judicial que llevará acarreada la demolición viene provocado por el acuerdo del Consejo de Gerencia de Urbanismo de 14 de febrero de 1996 por el que se le otorgó la licencia de obras a Repsol, S.A.
Un proyecto de 306.000 E
Una decisión municipal que sirvió para que la compañía petrolífera obtuviera la pertinente licencia de obra mayor después de haber presentado ante las autoridades municipales que por aquel entonces se encontraban bajo las órdenes del alcalde Joan Fageda, un proyecto que ascendía a los 51.667.047 de las antiguas pesetas. Poco después de la contrucción por parte de Repsol, los actuales presidente de la Autoridad Portuaria y conseller de Obras Públicas del Consell se hicieron cargo de la explotación de la misma a través de una de las sociedades que administran.
Concretamente mediante Gasolplaya, S.L. Una empresa que constituyeron el 28 de septiembre de 1992 con un capital de 3.606 euros para dedicarla, tal y como contempla su objeto social, al «comercio al por menor de combustibles, carburantes y lubricantes».
Esta sociedad está radicada en el barrio del Molinar de Palma. Concretamente en la calle Capitán Ramonell Boix s/n. Aunque inicialmente tenía su sede en el número 9 de la calle Mare Jeanne Jugan. Y en estos momentos se han incorporado como administradores Miguel Verger Bonnín y Miguel Angel Pascual Sancho, los dos vástagos de los políticos.
Esta no es la única sociedad de este tipo que comparten Joan Verger y Antoni Pascual. Los dos políticos figuran también en otras que se dedican también a la explotación de estaciones de servicio. Cabe citar como ejemplos, Estación de Servicio Molinar, S.L.; y Gasolinera Canto d'en Masana, S.L.
Confirma que la estación de servicio fue construida en 1996 de manera ilegal / El Consistorio la autorizó vulnerando la ley / La gestionan el presidente de la Autoridad Portuaria y el conseller de Obras Públicas del Consell
ESTEBAN URREIZTIETA
PALMA.- El Tribunal Supremo acaba de acordar la demolición de la gasolinera de Repsol situada en la Playa de Palma y que explotan actualmente el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Joan Verger, y el conseller de Obras Públicas del Consell, Antoni Pascual. La estación de servicio está ubicada en el número 33 de la calle Marbella, haciendo esquina con la calle Neopatria y es una de las más frecuentadas de la zona. De esta manera concluye un proceso judicial que inició hace ya varios años la Asociación Hotelera de la Playa de Palma, que dirige Francesc Marí.
La gasolinera tendrá que ser derribada, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares estimó en junio de 2003 que la licencia de obras que le concedió el Ayuntamiento de Palma en 1996 a Repsol no se ajusta a la legalidad. Y ahora ha sido el Supremo quien ha ratificado la decisión del órgano que preside en estos momentos el magistrado Antonio Terrasa.
El Alto Tribunal ha firmado la sentencia de muerte de la gasolinera mediante un auto elaborado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo que preside Fernando Ledesma. En él se acuerda desestimar el recurso interpuestos por Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.
Y lo hace simple y llanamente por una cuestión jurídica, sin entrar en ningún momento en el fondo de la cuestión. «Al no ser la sentencia impugnada susceptible de recurso de casación», señala el auto, «resulta innecesario el examen de las causas de inadmisión propuestas por la parte recurrida».
El Alto Tribunal argumenta su decisión en que «las resoluciones judiciales dictadas en un proceso iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley 29/1998 y que hubieran sido recurribles pueden dejar de serlo».
En definitiva, lo que ocurre es que no es el Supremo quien de acuerdo con la legislación debe en este caso entrar a valorar si los criterios jurídicos que manejó el Tribunal Superior balear en 2003 son los correctos o no. Y por lo tanto, los da por buenos.
El origen de la decisión judicial que llevará acarreada la demolición viene provocado por el acuerdo del Consejo de Gerencia de Urbanismo de 14 de febrero de 1996 por el que se le otorgó la licencia de obras a Repsol, S.A.
Un proyecto de 306.000 E
Una decisión municipal que sirvió para que la compañía petrolífera obtuviera la pertinente licencia de obra mayor después de haber presentado ante las autoridades municipales que por aquel entonces se encontraban bajo las órdenes del alcalde Joan Fageda, un proyecto que ascendía a los 51.667.047 de las antiguas pesetas. Poco después de la contrucción por parte de Repsol, los actuales presidente de la Autoridad Portuaria y conseller de Obras Públicas del Consell se hicieron cargo de la explotación de la misma a través de una de las sociedades que administran.
Concretamente mediante Gasolplaya, S.L. Una empresa que constituyeron el 28 de septiembre de 1992 con un capital de 3.606 euros para dedicarla, tal y como contempla su objeto social, al «comercio al por menor de combustibles, carburantes y lubricantes».
Esta sociedad está radicada en el barrio del Molinar de Palma. Concretamente en la calle Capitán Ramonell Boix s/n. Aunque inicialmente tenía su sede en el número 9 de la calle Mare Jeanne Jugan. Y en estos momentos se han incorporado como administradores Miguel Verger Bonnín y Miguel Angel Pascual Sancho, los dos vástagos de los políticos.
Esta no es la única sociedad de este tipo que comparten Joan Verger y Antoni Pascual. Los dos políticos figuran también en otras que se dedican también a la explotación de estaciones de servicio. Cabe citar como ejemplos, Estación de Servicio Molinar, S.L.; y Gasolinera Canto d'en Masana, S.L.