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Llucalcari: los dueños de los chalés instarán a las instituciones a actuar para evitar el derribo |
(Diario de Mallorca, 9/04/2005)
Los abogados de los propietarios interponen un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional
JOAN FRAU. PALMA.
Los representantes legales de los propietarios de los cuatro chalés de Llucalcari sobre los que pesa una sentencia firme de demolición debido a su ilegalidad anunciaron ayer que intentarán conseguir de las administraciones competentes una "solución política" que evite el derribo de las construcciones, la solución que consideran más óptima para evitar agravios comparativos con otras edificaciones ilegales de la isla y porque permitiría ahorrarse a las instituciones el pago de indemnizaciones millonarias procedentes de las arcas públicas.
Los abogados Jaime Lamas y Carlos Pipino, representantes de los propietarios, afirmaron ayer en rueda de prensa que el caso de Llucalcari "tiene trascendencia política" y anunciaron que se pondrán en contacto con "los diferentes estamentos políticos" para "dejar clara la situación de impotencia e indefensión" de los propietarios ante la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ratifica un fallo anterior que obligaba al derribo.
En este sentido, apuntaron que "si la Administración quiere, existen soluciones políticas" para el caso de Llucalcari y citaron el ejemplo de un chalet construido en Eivissa por el músico rumano Cretu, con una sentencia firme de derribo que ha quedado en suspenso porque el Govern aprobó en 2003 una ley que posibilitaba su legalización. Otra posible solución, añadieron, sería la "expropiación del efecto de la sentencia", una operación que implicaría indemnizar al GOB, la asociación que denunció los chalés de Llucalcari.
Además de la solución política, los representantes legales de los propietarios intentarán agotar todas las posibilidades jurídicas, por lo que anunciaron la interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y otras apelaciones, que no concretaron, ante los órganos judiciales de la Unión Europea.
Los abogados aclararon que no están a favor "ni de las indemnizaciones ni del derribo" y aseguraron que la reclamación de compensaciones económicas ante el ayuntamiento de Deià sólo se llevará adelante "si no queda otro remedio". Los letrados calcularon las posibles indemnizaciones en unos 20 millones de euros entre los gastos de reposición y las compensaciones a pagar a los propietarios de los chalés si finalmente se derriban las construcciones.
Pipino y Lamas aseguraron que aún no se han puesto en contacto con el consistorio de Deià, institución que otorgó los permisos a mediados de los años 80, para conocer sus intenciones. Los abogados no descartaron una posible denuncia por prevaricación contra la institución, aunque creen que la licencia se otorgó "porque (el Ayuntamiento) creía que podía darla".
Los abogados de los propietarios interponen un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional
JOAN FRAU. PALMA.
Los representantes legales de los propietarios de los cuatro chalés de Llucalcari sobre los que pesa una sentencia firme de demolición debido a su ilegalidad anunciaron ayer que intentarán conseguir de las administraciones competentes una "solución política" que evite el derribo de las construcciones, la solución que consideran más óptima para evitar agravios comparativos con otras edificaciones ilegales de la isla y porque permitiría ahorrarse a las instituciones el pago de indemnizaciones millonarias procedentes de las arcas públicas.
Los abogados Jaime Lamas y Carlos Pipino, representantes de los propietarios, afirmaron ayer en rueda de prensa que el caso de Llucalcari "tiene trascendencia política" y anunciaron que se pondrán en contacto con "los diferentes estamentos políticos" para "dejar clara la situación de impotencia e indefensión" de los propietarios ante la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ratifica un fallo anterior que obligaba al derribo.
En este sentido, apuntaron que "si la Administración quiere, existen soluciones políticas" para el caso de Llucalcari y citaron el ejemplo de un chalet construido en Eivissa por el músico rumano Cretu, con una sentencia firme de derribo que ha quedado en suspenso porque el Govern aprobó en 2003 una ley que posibilitaba su legalización. Otra posible solución, añadieron, sería la "expropiación del efecto de la sentencia", una operación que implicaría indemnizar al GOB, la asociación que denunció los chalés de Llucalcari.
Además de la solución política, los representantes legales de los propietarios intentarán agotar todas las posibilidades jurídicas, por lo que anunciaron la interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y otras apelaciones, que no concretaron, ante los órganos judiciales de la Unión Europea.
Los abogados aclararon que no están a favor "ni de las indemnizaciones ni del derribo" y aseguraron que la reclamación de compensaciones económicas ante el ayuntamiento de Deià sólo se llevará adelante "si no queda otro remedio". Los letrados calcularon las posibles indemnizaciones en unos 20 millones de euros entre los gastos de reposición y las compensaciones a pagar a los propietarios de los chalés si finalmente se derriban las construcciones.
Pipino y Lamas aseguraron que aún no se han puesto en contacto con el consistorio de Deià, institución que otorgó los permisos a mediados de los años 80, para conocer sus intenciones. Los abogados no descartaron una posible denuncia por prevaricación contra la institución, aunque creen que la licencia se otorgó "porque (el Ayuntamiento) creía que podía darla".
"Hay entre 150 y 200 casas en la misma situación urbanística"
Uno de los argumentos esgrimidos ayer por los abogados de los propietarios es el agravio comparativo que se crearía si se derribasen los chalés de Llucalcari debido a que "existen entre 150 y 200 casas en los alrededores con licencias de obra concedidas bajo la misma legislación" que los cuatro chalets sentenciados, además de "decenas de miles en la isla que no tienen licencia".
A su entender, los chalés de Llucalcari "tienen la bendición de todos los organismos públicos" y son casas "integradas en el paisaje". Según creen, su derribo "no aseguraría que los bancales que había antes de las casas quedasen en buen estado".