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El Consell expedienta al edil de urbanismo de Inca por construir un chalet ilegal |
La institución actúa ante la pasividad del consistorio de Alcúdia, que justifica su postura en que el asunto está "politizado"
PEP CÓRCOLES. INCA.
El Consell Insular de Mallorca se ha subrogado las competencias urbanísticas referidas al chalet ilegal que posee el concejal de Urbanismo de Inca, Bartomeu Seguí, en el municipio de Alcúdia. El CIM ha actuado en base a inspecciones efectuadas por sus propios técnicos en junio de 2004 y ante la falta de actuación del Ayuntamiento de Alcúdia.
La resolución establece que se incoa el correspondiente expediente contra Bartomeu Seguí (PP) como promotor y propietario del "un terreno en el municipio de Alcúdia y una edificación sin ajustarse a las condiciones establecidas por la licencia de obras". Seguí compró, hace casi veinte años, una porción de una finca matriz denominada el Gerràs en el municipio de Alcúdia. Según la normativa de esta ciudad precisa 75.000 metros cuadrados de terreno para construir en esta zona rústica. La parcela de Seguí cuenta con una extensión de dos hectáreas y cuarenta áreas; es decir 24.000 metros cuadrados, según consta en la inscripción de enero de 1992 del Registro de la Propiedad de Pollença.
División posterior
El concejal de Inca explica que en su día adquirió "84.000 metros cuadrados" y que "en base a esa extensión se solicitó la licencia de obras; con posterioridad la dividimos y ahora obviamente no tiene los metros precisos, pero si dicen que no puede ser así volveremos a unificar las dos parcelas". Seguí afirma: "El problema no es de una obra sin licencia, es que no hay acuerdo sobre la división posterior de la finca".
El 29 de agosto de 1997, Seguí solicitó el certificado de fin de obras y el técnico municipal, Xavier Ramis, (que es además el portavoz del PSOE de Inca) especificó que no se había efectuado la inspección debido a que no se había aportado una documentación que ya se requería en la licencia de obras. Esta documentación incluye el certificado de la inscripción en el Registro de la Propiedad de la indivisibilidad de la finca con una superficie de 84.000 metros cuadrados.
El PSM asegura a través de Antoni Alorda, dirigente de la formación política, que "desde hace más de un año, este asunto se destapó y el Ayuntamiento de Alcúdia ha sido avisado de que fue burlado pues la finca jamás ha tenido los 84.000 mil metros que aduce Seguí. La segregación de la finca matriz se hizo en cuatro partes, una se la quedó el antiguo propietario y las otras tres fueron adquiridas por dos hermanos y por el concejal de Inca. En cada porción hay una casa por lo que es imposible hacer la reunificación de fincas sin derribar alguna de ellas".
El PSM ha reiterado que pedirá de nuevo la dimisión de Bartomeu Seguí como teniente de alcalde y responsable de Urbanismo de Inca. Seguí es el responsable en la capital del Raiguer de la disciplina urbanística. Desde hace muchos meses, en cada pleno, la portavoz nacionalista, Francesca Vives, protesta cuando se da cuenta del inicio de expedientes por infracciones. Vives manifiesta que "no se puede estar de acuerdo cuando el instructor de éstos tiene una casa ilegal en otro municipio".
Prescripción
Los nacionalistas entienden que "la licencia de obras es nula de pleno derecho pues se concedió con un engaño por parte del edil de Inca. Éste presentó un documento privado donde decía ser propietario de 84.000 metros cuadrados cuando no lo ha sido nunca". La tramitación de un expediente de derribo quizá no sea posible debido a que ya habría prescrito. No obstante, Alorda sostiene que "aquí concurren indicios de un posible delito. Yo no se si eso prescribe pero lo que no se sostiene es que Seguí sea quien firme los expedientes de Inca"
Por otra parte, los nacionalistas critican "la actitud del Ayuntamiento de Alcúdia". Alorda dice que "es reprobable que una ciudad como Alcúdia, con técnicos cualificados y suficientes, que tramita montones de expedientes urbanísticos deje que sea el CIM quien se subrogue las competencias".
La explicación del alcalde, Miquel Ferrer (UM), respecto de este caso es que "el asunto arranca desde muy atrás y viendo la forma en que se ha politizado, decidimos que fuera el Consell Insular quien lo resolviera".
Seguí dispone de dos semanas para alegar
La resolución del departamento de Territorio del CIM otorga a Seguí 15 días meses de plazo para presentar alegaciones ante la apertura del expediente. Dispone además de dos meses el teniente de alcalde de Urbanismo de Inca, que debe presentar "ante el Ayuntamiento de Alcúdia la certificación de la inscripción en el correspondiente Registro de la Propiedad de la indivisibilidad de la parcela, comunicándolo al Consell mediante la presentación del original o una copia verificada con el registro de entrada municipal de Alcúdia". Indica que también deberá instar ante el Ayuntamiento el correspondiente certificado de fin de obras a los efectos de solicitar la célula de habitabilidad. Si no se cumplen estas condiciones, el CIM advierte que dará las órdenes precisas a las compañía de servicios correspondiente para que proceda "al corte del suministro de energía eléctrica". El plazo se cuenta desde la notificación del expediente. El pasado lunes se le dio el oficio de salida por parte del Consell al decreto. El Ayuntamiento de Alcúdia aún no tenía constancia del mismo ayer por la mañana.