(Diario de Mallorca, 1/04/2005)

Nota de Disúrbia: malgrat que no es tracta d'una qüestió estrictament urbanística, sinó més bé de patrimoni històric (una altra cosa és com la volen vendre), s'inclou aquí la següent notícia per la seva relació amb la demolició d'habitatges il·legals.

La defensa de los propietarios amenaza con ir "a todas todas" a por las indemnizaciones "si no hay una decisión política"

J. FRAU/ M. GOÑI. PALMA.
El alcalde de Deià, Jaume Crespí (PP), aseguró ayer que la demolición de los cuatro chalets de Llucalcari sobre los que pesa una orden judicial de derribo ratificada recientemente por el Tribunal Supremo costará "unos veinte millones de euros" entre las indemnizaciones que podrían solicitar los propietarios y el plan de demolición que deberá realizar el Ayuntamiento.

Crespí apuntó que el Ayuntamiento, institución que otorgó licencia a los cuatro chalets entre 1986 y 1988, "no ha recibido aún la sentencia", aunque avanzó que una vez recibida oficialmente, el consistorio "acatará el fallo del Supremo porque es su obligación". Sin embargo, Crespí dejó claro que el ayuntamiento de Deià no está dispuesto a cargar sólo con el muerto. "Hay que tener en cuenta que la licencia que otorgó el consistorio contaba con las autorizaciones vinculantes y preceptivas de la comisión insular de Patrimonio", afirmó, para añadir que "en el momento en que los propietarios de los chalets soliciten la indemnización al Ayuntamiento, éste se pondrá en contacto con el Consell, institución que utilizó al consistorio para conceder los permisos".

A pesar de creer que las licencias urbanísticas se otorgaron en cumplimiento de la legalidad, el alcalde afirma que el Ayuntamiento "realizará un plan de demolición minucioso y costoso" porque, según dijo, "hay que restituir el paisaje original, por lo que el derribo será manual, sin máquinas".

La versión de los propietarios

Por otra parte, fuentes jurídicas de la defensa de los propietarios de los cuatro chalets de Llucalcari lamentaron ayer la sentencia firme de demolición. "Son casas integradas en el paisaje que no crean impacto ambiental, además de contar con la bendición del Ayuntamiento y el Consell de Mallorca", afirmaron. Las fuentes creen que "se ha producido una situación de indefensión de los propietarios" debido a que "existen entre 300 y 400 casas en el mismo entorno que están en la misma situación, y sólo se ha perseguido a cuatro edificaciones de las que se supone que son de propietarios ricos, lo que no es cierto porque algunos han invertido todos sus ahorros en esto".

La defensa de los propietarios advirtió que "si no hay una decisión política al respecto, no quedará otro remedio que ir a todas todas a por la indemnización", cifra que calculó en unos seis millones de euros. Las fuentes indicaron también que el caso de Llucalcari "podría crear un perjuicio a las viviendas que están en la misma situación". Los representantes de los propietarios tienen previsto comparecer en rueda de prensa el lunes para explicar sus próximos pasos.

El PP considera "respetable" la actuación judicial del ayuntamiento de Deyà, que recurrió todas las resoluciones favorables al derribo porque "es un derecho", según expuso su portavoz, Miquel Ramis. Igualmente, dijo que "se respeta y acata" la decisión del Supremo. Ramis aseguró que el PP no se plantea elaborar una ley para salvar de la piqueta las casas de Lucalcari, como hizo con la edificación de Cretu en Eivissa, vía ley de acompañamiento de los presupuestos. Había sentencia firme de demolición y el propietario se acogió a la norma excepcional aprobada por PP y UM para intentar legalizarla. La jueza resolvió en contra por el impacto sobre la colina y Cretu ha vuelto a recurrir.