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Pollença: el consistorio intensifica el control de las infracciones urbanísticas |
(Diario de Mallorca, 28/03/2005)
En los últimos 7 meses ha recaudado 828.000 euros tras reactivar 150 expedientes disciplinarios
MATEU FERRER. POLLENÇA.
Sin mano dura, pero tampoco libre albedrío. En un término medio, el Ayuntamiento de Pollença está intensificando en esta legislatura el cumplimiento de la normativa urbanística, que tiene su reflejo en la tramitación hasta el final de expedientes de disciplina urbanística.
Desde la entrada del nuevo equipo de gobierno municipal -integrado por las coaliciones UM/UNPI y PP/UMP- a raíz de las elecciones de 2003, en el departamento de Urbanismo se priorizó la puesta al día de los expedientes por infracciones urbanísticas. Así, los funcionarios han tramitado -sin prisa pero sin pausa- cerca de 150 expedientes que fueron incoados en su mayoría entre 1996 y 1998, y que permanecían paralizados en muchos casos. De este modo, en septiembre de 2004 se pusieron al cobro las primeras sanciones por vulnerar la normativa urbanística, y el Ayuntamiento logró recaudar 536.000 euros hasta finales de año. En los tres meses que llevamos de 2005, la recaudación asciende a 292.000 euros, con lo que la cifra global de los últimos siete meses alcanza los 828.000 euros, una cantidad nada despreciable sobre todo si se compara con el afán recaudatorio de municipios vecinos.
De hecho, a lo largo de este ejercicio Urbanismo tiene previsto recaudar hasta 600.000 euros en concepto de multas por infracciones urbanísticas.
Los responsables municipales no ocultan que estas sanciones suponen una importante fuente de ingresos para el Ayuntamiento, aunque añaden que "la gente no lo percibe como una persecución -que no lo es- sino que ven que no hay dejadez en este tema: todos los expedientes se resuelven por igual, los infractores saben que han de pagar, y lo hacen".
Una de las novedades importantes -según destacan esas mismas fuentes-, es que con el nuevo equipo de gobierno "los instructores y secretarios de los expedientes han dejado de ser concejales y se designa para ello exclusivamente a funcionarios de Urbanismo". El énfasis en este aspecto no deja de ser significativo.
Mayormente las infracciones se concentran en suelo rústico. Pollença tiene muchas hectáreas de campo parcelado, en donde abundan viviendas unifamiliares por doquier. Obras de nueva planta sin licencia, o que exceden la superficie mínima exigida para construir, ampliaciones ilegales, ?transformación? de casitas de aperos en chalés, construcción de piscinas sin permiso... desde hace años todo ello ha sido objeto de denuncia por parte del celador municipal o algún vecino del infractor. En algunos casos, y ante la dejadez del Ayuntamiento, el Consell de Mallorca ha tenido que subrogarse las competencias para sancionar, e incluso ordenar la demolición de lo edificado ilegalmente. De hecho, Pollença, al igual que Santa Margalida, es el municipio de Mallorca que acumula más decretos de derribo -seis en cada caso-, aunque eso sí, ninguno de ellos se ha hecho efectivo aún.
Casas turístico-vacacionales
Entre los ciento cincuenta expedientes figuran muchos pertenecientes a viviendas turístico-vacacionales, aunque desde Urbanismo no han podido -aseguran- especificar cuántos.
Con todo, el Ayuntamiento desvincula el celo recaudatorio de la reciente aprobación de la nueva ley para esta modalidad de oferta turística. Y es que la nueva normativa sólo regulará la comercialización de los alojamientos, en ningún caso legalizará las infracciones urbanísticas que puedan tener las viviendas, y que seguirán su procedimiento como hasta ahora.
En los últimos 7 meses ha recaudado 828.000 euros tras reactivar 150 expedientes disciplinarios
MATEU FERRER. POLLENÇA.
Sin mano dura, pero tampoco libre albedrío. En un término medio, el Ayuntamiento de Pollença está intensificando en esta legislatura el cumplimiento de la normativa urbanística, que tiene su reflejo en la tramitación hasta el final de expedientes de disciplina urbanística.
Desde la entrada del nuevo equipo de gobierno municipal -integrado por las coaliciones UM/UNPI y PP/UMP- a raíz de las elecciones de 2003, en el departamento de Urbanismo se priorizó la puesta al día de los expedientes por infracciones urbanísticas. Así, los funcionarios han tramitado -sin prisa pero sin pausa- cerca de 150 expedientes que fueron incoados en su mayoría entre 1996 y 1998, y que permanecían paralizados en muchos casos. De este modo, en septiembre de 2004 se pusieron al cobro las primeras sanciones por vulnerar la normativa urbanística, y el Ayuntamiento logró recaudar 536.000 euros hasta finales de año. En los tres meses que llevamos de 2005, la recaudación asciende a 292.000 euros, con lo que la cifra global de los últimos siete meses alcanza los 828.000 euros, una cantidad nada despreciable sobre todo si se compara con el afán recaudatorio de municipios vecinos.
De hecho, a lo largo de este ejercicio Urbanismo tiene previsto recaudar hasta 600.000 euros en concepto de multas por infracciones urbanísticas.
Los responsables municipales no ocultan que estas sanciones suponen una importante fuente de ingresos para el Ayuntamiento, aunque añaden que "la gente no lo percibe como una persecución -que no lo es- sino que ven que no hay dejadez en este tema: todos los expedientes se resuelven por igual, los infractores saben que han de pagar, y lo hacen".
Una de las novedades importantes -según destacan esas mismas fuentes-, es que con el nuevo equipo de gobierno "los instructores y secretarios de los expedientes han dejado de ser concejales y se designa para ello exclusivamente a funcionarios de Urbanismo". El énfasis en este aspecto no deja de ser significativo.
Mayormente las infracciones se concentran en suelo rústico. Pollença tiene muchas hectáreas de campo parcelado, en donde abundan viviendas unifamiliares por doquier. Obras de nueva planta sin licencia, o que exceden la superficie mínima exigida para construir, ampliaciones ilegales, ?transformación? de casitas de aperos en chalés, construcción de piscinas sin permiso... desde hace años todo ello ha sido objeto de denuncia por parte del celador municipal o algún vecino del infractor. En algunos casos, y ante la dejadez del Ayuntamiento, el Consell de Mallorca ha tenido que subrogarse las competencias para sancionar, e incluso ordenar la demolición de lo edificado ilegalmente. De hecho, Pollença, al igual que Santa Margalida, es el municipio de Mallorca que acumula más decretos de derribo -seis en cada caso-, aunque eso sí, ninguno de ellos se ha hecho efectivo aún.
Casas turístico-vacacionales
Entre los ciento cincuenta expedientes figuran muchos pertenecientes a viviendas turístico-vacacionales, aunque desde Urbanismo no han podido -aseguran- especificar cuántos.
Con todo, el Ayuntamiento desvincula el celo recaudatorio de la reciente aprobación de la nueva ley para esta modalidad de oferta turística. Y es que la nueva normativa sólo regulará la comercialización de los alojamientos, en ningún caso legalizará las infracciones urbanísticas que puedan tener las viviendas, y que seguirán su procedimiento como hasta ahora.