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Sant Lluís se enfrenta a 40 contenciosos administrativos |
(Menorca, 25/03/2005)
El Consell presentó 20 recursos contra las "licencias veloces" concedidas por el equipo de gobierno en 2002, de los que hasta la fecha sólo uno ha sido favorable a los intereses del Ayuntamiento
Toni Seguí.Sant Lluís
La presencia del Ayuntamiento de Sant Lluís en los tribunales de justicia ha sido constante en los últimos años. El urbanismo monopoliza gran parte de los 40 recursos contenciosos administrativos presentados contra el Consistorio que preside el alcalde Llorenç Carretero y que, en la actualidad, se encuentran pendientes de sentencia. Las restantes reclamaciones inciden, en menor medida, en diferencias sobre las contribuciones especiales de obras de infraestructura ejecutadas en urbanizaciones, además de la aprobación de ordenanzas municipales y bases para la contratación de personal municipal.
La concesión de 20 licencias de obras en 2002, en el periodo comprendido entre la aprobación de la moratoria urbanística del Consell y su publicación en el BOIB, generó un aluvión de recursos contenciosos presentados por la institución presidida por Joana Barceló contra los acuerdos municipales del equipo de gobierno formado por PSOE y UCM. De nada sirvieron las críticas de la oposición municipal y las reiteradas llamadas al orden desde el PSOE insular para que Carretero reconsiderase la concesión de licencias de obras, algunas de ellas aprobadas a los pocos días e incluso horas de haber sido presentadas en el registro municipal, en el umbral de la norma cautelar previa al PTI. El Ayuntamiento ha visto cómo los tribunales iban dando la razón al Consell, al estimar uno a uno los diferentes recursos, excepto el referido a una licencia para la construcción de 4 viviendas en Alcalfar. En la actualidad, 12 recursos promovidos por el Consell están vigentes, mientras que los 14 restantes hasta completar los 26 relacionados con urbanismo se refieren a la urbanización de diferentes zonas de la costa Son Orfila y Biniancollet expedientes de disciplina urbanística y a la adjudicación de parcelas municipales en el Polígono Industrial. En este sentido, cabe destacar el grupo de licitadores que el pleno celebrado el 20 de febrero de 2004 dejó sin efecto la adjudicación provisional de las parcelas, con los votos de PSOE y UCM, al no admitirse la actividad inmobiliaria. Por otra parte, otro grupo de aspirantes presentó otro recurso contra la aprobación definitiva por parte del pleno.
Los contenciosos de carácter económico conforman otro grupo importante. Por su cuantía económica sobresale la reclamación de 12 millones de euros realizada por la sociedad promotora de unos terrenos en Son Ganxo, que se justifica por el incumplimiento del convenio urbanístico suscrito en 1997. Las disputas entre administración local y ciudadanos han tenido su protagonismo en las contribuciones especiales derivadas de las obras de infraestructura en Binibèquer Vell. A pesar de que recientemente el Ayuntamiento salió airoso de un recurso sobre liquidaciones de estas obras, todavía están vigentes otros cuatro contenciosos, algunos de ellos interpuestos en 1999. En este sentido, los tribunales dictaron el pasado 11 de febrero una sentencia favorable al Ayuntamiento de Sant Lluís, aunque los vecinos afectados interpusieron un recurso de casación. Otro recurso se refiere a la denegación municipal, por vía de silencio administrativo, de una indemnización por el periodo de ocupación temporal de las instalaciones y maquinaria de las empresas suministradoras de agua potable en las urbanizaciones de Binissafúller y Cap d?en Font.
Dos compañías de telefonía móvil interpusieron sendos contenciosos contra el acuerdo de abril de 2003 sobre la ordenanza municipal para la ordenación de las infraestructuras de telecomunicaciones por ondas electromagnéticas. Por otra parte, también fueron recurridas las bases para la selección y provisión definitiva de una plaza de inspector de obras.
El Consell presentó 20 recursos contra las "licencias veloces" concedidas por el equipo de gobierno en 2002, de los que hasta la fecha sólo uno ha sido favorable a los intereses del Ayuntamiento
Toni Seguí.Sant Lluís
La presencia del Ayuntamiento de Sant Lluís en los tribunales de justicia ha sido constante en los últimos años. El urbanismo monopoliza gran parte de los 40 recursos contenciosos administrativos presentados contra el Consistorio que preside el alcalde Llorenç Carretero y que, en la actualidad, se encuentran pendientes de sentencia. Las restantes reclamaciones inciden, en menor medida, en diferencias sobre las contribuciones especiales de obras de infraestructura ejecutadas en urbanizaciones, además de la aprobación de ordenanzas municipales y bases para la contratación de personal municipal.
La concesión de 20 licencias de obras en 2002, en el periodo comprendido entre la aprobación de la moratoria urbanística del Consell y su publicación en el BOIB, generó un aluvión de recursos contenciosos presentados por la institución presidida por Joana Barceló contra los acuerdos municipales del equipo de gobierno formado por PSOE y UCM. De nada sirvieron las críticas de la oposición municipal y las reiteradas llamadas al orden desde el PSOE insular para que Carretero reconsiderase la concesión de licencias de obras, algunas de ellas aprobadas a los pocos días e incluso horas de haber sido presentadas en el registro municipal, en el umbral de la norma cautelar previa al PTI. El Ayuntamiento ha visto cómo los tribunales iban dando la razón al Consell, al estimar uno a uno los diferentes recursos, excepto el referido a una licencia para la construcción de 4 viviendas en Alcalfar. En la actualidad, 12 recursos promovidos por el Consell están vigentes, mientras que los 14 restantes hasta completar los 26 relacionados con urbanismo se refieren a la urbanización de diferentes zonas de la costa Son Orfila y Biniancollet expedientes de disciplina urbanística y a la adjudicación de parcelas municipales en el Polígono Industrial. En este sentido, cabe destacar el grupo de licitadores que el pleno celebrado el 20 de febrero de 2004 dejó sin efecto la adjudicación provisional de las parcelas, con los votos de PSOE y UCM, al no admitirse la actividad inmobiliaria. Por otra parte, otro grupo de aspirantes presentó otro recurso contra la aprobación definitiva por parte del pleno.
Los contenciosos de carácter económico conforman otro grupo importante. Por su cuantía económica sobresale la reclamación de 12 millones de euros realizada por la sociedad promotora de unos terrenos en Son Ganxo, que se justifica por el incumplimiento del convenio urbanístico suscrito en 1997. Las disputas entre administración local y ciudadanos han tenido su protagonismo en las contribuciones especiales derivadas de las obras de infraestructura en Binibèquer Vell. A pesar de que recientemente el Ayuntamiento salió airoso de un recurso sobre liquidaciones de estas obras, todavía están vigentes otros cuatro contenciosos, algunos de ellos interpuestos en 1999. En este sentido, los tribunales dictaron el pasado 11 de febrero una sentencia favorable al Ayuntamiento de Sant Lluís, aunque los vecinos afectados interpusieron un recurso de casación. Otro recurso se refiere a la denegación municipal, por vía de silencio administrativo, de una indemnización por el periodo de ocupación temporal de las instalaciones y maquinaria de las empresas suministradoras de agua potable en las urbanizaciones de Binissafúller y Cap d?en Font.
Dos compañías de telefonía móvil interpusieron sendos contenciosos contra el acuerdo de abril de 2003 sobre la ordenanza municipal para la ordenación de las infraestructuras de telecomunicaciones por ondas electromagnéticas. Por otra parte, también fueron recurridas las bases para la selección y provisión definitiva de una plaza de inspector de obras.
La ejecución de las sentencias
El Ayuntamiento de Sant Lluís ha anulado en lo que va de año ocho "licencias veloces". Siete de ellas se refieren a la construcción de viviendas en la playa de Binissafúller, Son Remei, Binibèquer Vell, Binibèquer Nou y S?Atalaia y su anulación se ha ejecutado en cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Balears, en las que desestimaba los recursos de apelación presentados por el ayuntamiento relativos a los procedimientos instados por el Consell insular. La octava "licencia veloz" anulada por la que se concedió el permiso para construir 15 viviendas unifamiliares en Binibèquer Vell todavía está pendiente de sentencia por parte del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma. Sin embargo, el equipo de gobierno hizo suya la petición de la promotora y el pasado 17 de febrero anuló la licencia, antes de la resolución judicial. No obstante, en la misma comisión de gobierno, PSOE y UCM concedieron una nueva licencia, por la que el derecho de edificación de ocho viviendas engrosa el cupo correspondiente a este año y las siete restantes pasan al cupo de 2006, además de realizarse las oportunas correcciones en los retranqueos.
Otro contencioso que llegó al Tribunal Superior de Justicia de Balears fue instado por el Consell insular contra la construcción de una piscina privada en una zona verde pública, a cargo de Binibeca Club. La Sala de lo Contencioso ratificó la ilegalidad de la piscina, al no ajustarse al ordenamiento jurídico, e instó a la reposición de la zona al estado anterior a su modificación.