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Vicens prevé legalizar urbanizaciones ilegales con la figura de núcleos rurales |
(Diario de Mallorca, 23/03/2005)
El departamento de Territorio insular está a la espera de que Cort tramite los planes especiales
M. TERRASA. PALMA.
El conseller de Territorio del Consell de Mallorca, Bartomeu Vicens, se reunió ayer con representantes de la Federació de Parcel·listes de Balears para tratar sobre la situación de las parcelaciones ilegales de Palma y su posible aprobación como núcleos rurales, solución que permite el Plan Territorial de Mallorca (PTM), siempre y cuando el ayuntamiento apruebe y tramite previamente los planes especiales de estas zonas.
La de ayer no era la primera reunión de los parcelistas con Vicens, quien indicó que hasta el momento el Consell no tiene constancia de que se haya tramitado ningún plan especial para poder declarar estas parcelas como núcleos rurales y poderlas legalizar. El problema afecta a las zonas de Sant Jordi, Son Ferriol, sa Indioteria y s?Aranjassa, entre muchas otras.
La presidenta de la Federació de Parcelistes, Esperança Soberats, y los otros dos representantes de los propietarios que acudieron a la cita con el responsable insular de Territorio se mostraron satisfechos por la predisposición de Bartomeu Vicens a legalizar estas parcelaciones a través de la declaración de núcleos rurales, a la que se pueden acoger la mayoría de los afectados después de que se ajustaran las condiciones de extensión.
Esperança Soberats indicó que ante Cort ya se han presentado unos 60 planes especiales y que 49 cuentan con una aprobación inicial, con deficiencias arquitectónicas que se están corrigiendo.
Según la información de que dispone la Federación, una vez que el Consell de Mallorca tenga los planes especiales del ayuntamiento de Palma, dispone de un plazo de 6 meses para decidir si se declara núcleo rural o no.
La principal reclamación de estos parcelistas es que el Ayuntamiento tramite estos planes y los remita al Consell, como deben hacer el resto de consistorios que en su municipio tengan estas parcelas ilegales. Los trámites con los otros ayuntamientos, según Soberats, se están realizando de forma satisfactoria.
Los antecedentes
La presidenta de los parcelistas de Balears incidía ayer en que su federación no pretende recibir "nada gratis" y que, de hecho, los propietarios en esta situación irregular en Palma se han preocupado, y asumido el coste, de contar con servicios técnicos, arquitectos y abogados, para redactar los planes especiales de cada zona de acuerdo con la legislación en materia de ordenación urbana.
La legalización de estas parcelas es un problema que se remonta a la década de los 90 y la redacción de los planes especiales también ha requerido varios años.
El pasado mes de diciembre, el teniente de alcalde de Urbanismo en Cort, Javier Rodrigo de Santos, indicó que el Ayuntamiento había abierto 501 expedientes de infracción por obras no autorizadas en 22 parcelaciones rústicas ilegales, aunque la intención del consistorio no era la de derribar estas casas.
Para el grupo municipal de EU-Els Verds, la actitud del equipo de gobierno de Palma es de tolerancia ante la infracción y de "cerrar los ojos ante la construcción ilegal en suelo rústico", ya que, aportó esta formación, el 71% de los expedientes tienen una antigüedad de más de 10 años.
El departamento de Territorio insular está a la espera de que Cort tramite los planes especiales
M. TERRASA. PALMA.
El conseller de Territorio del Consell de Mallorca, Bartomeu Vicens, se reunió ayer con representantes de la Federació de Parcel·listes de Balears para tratar sobre la situación de las parcelaciones ilegales de Palma y su posible aprobación como núcleos rurales, solución que permite el Plan Territorial de Mallorca (PTM), siempre y cuando el ayuntamiento apruebe y tramite previamente los planes especiales de estas zonas.
La de ayer no era la primera reunión de los parcelistas con Vicens, quien indicó que hasta el momento el Consell no tiene constancia de que se haya tramitado ningún plan especial para poder declarar estas parcelas como núcleos rurales y poderlas legalizar. El problema afecta a las zonas de Sant Jordi, Son Ferriol, sa Indioteria y s?Aranjassa, entre muchas otras.
La presidenta de la Federació de Parcelistes, Esperança Soberats, y los otros dos representantes de los propietarios que acudieron a la cita con el responsable insular de Territorio se mostraron satisfechos por la predisposición de Bartomeu Vicens a legalizar estas parcelaciones a través de la declaración de núcleos rurales, a la que se pueden acoger la mayoría de los afectados después de que se ajustaran las condiciones de extensión.
Esperança Soberats indicó que ante Cort ya se han presentado unos 60 planes especiales y que 49 cuentan con una aprobación inicial, con deficiencias arquitectónicas que se están corrigiendo.
Según la información de que dispone la Federación, una vez que el Consell de Mallorca tenga los planes especiales del ayuntamiento de Palma, dispone de un plazo de 6 meses para decidir si se declara núcleo rural o no.
La principal reclamación de estos parcelistas es que el Ayuntamiento tramite estos planes y los remita al Consell, como deben hacer el resto de consistorios que en su municipio tengan estas parcelas ilegales. Los trámites con los otros ayuntamientos, según Soberats, se están realizando de forma satisfactoria.
Los antecedentes
La presidenta de los parcelistas de Balears incidía ayer en que su federación no pretende recibir "nada gratis" y que, de hecho, los propietarios en esta situación irregular en Palma se han preocupado, y asumido el coste, de contar con servicios técnicos, arquitectos y abogados, para redactar los planes especiales de cada zona de acuerdo con la legislación en materia de ordenación urbana.
La legalización de estas parcelas es un problema que se remonta a la década de los 90 y la redacción de los planes especiales también ha requerido varios años.
El pasado mes de diciembre, el teniente de alcalde de Urbanismo en Cort, Javier Rodrigo de Santos, indicó que el Ayuntamiento había abierto 501 expedientes de infracción por obras no autorizadas en 22 parcelaciones rústicas ilegales, aunque la intención del consistorio no era la de derribar estas casas.
Para el grupo municipal de EU-Els Verds, la actitud del equipo de gobierno de Palma es de tolerancia ante la infracción y de "cerrar los ojos ante la construcción ilegal en suelo rústico", ya que, aportó esta formación, el 71% de los expedientes tienen una antigüedad de más de 10 años.
Los parcelistas no descartan movilizarse si Cort pone trabas
Esperança Soberats anunció ayer que los parcelistas están dispuestos a movilizarse y a protagonizar una concentración de miles de personas si el Ayuntamiento no tramita sus planes especiales para poder acceder a una posible legalización y señaló que hay quienes llevan esperando hasta seis años para normalizar su propiedad.
Según la información aportada por la presidenta de esta federación, son unas 3.000 personas las afectadas por esta situación en la isla, aunque es en Palma donde tienen más dificultades para cumplir los trámites de legalización.