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Maria de la Salut: El Consell sanciona con 690.556 euros una obra ilegal y ordena su demolición |
(Diario de Mallorca, 3/03/2005)
La elevada multa se propone por "la magnitud de la infracción urbanística" y su impacto paisajístico
MATEU FERRER. MARIA.
La construcción de una vivienda ilegal en suelo rústico protegido de la zona de Roqueta ha acarreado dos propuestas de resolución del Consell de Mallorca: una ordenando la demolición de las obras, y otra sancionando con 345.278 euros al promotor y propietario, Miquel Gelabert Carbonell, y con la misma cantidad a la empresa Construcciones Carbonell Gelabert, en calidad de constructora.
Las obras en cuestión se sitúan en la parcela 884 del polígono 3 del término de Maria, perfectamente visibles desde la carretera que une esta localidad y Sineu. El Consell ha tenido especialmente en cuenta esta ubicación por el impacto paisajístico que produce la edificación sin licencia.
Se trata de una parcela calificada como suelo no urbanizable de régimen general-zona forestal, donde el propietario sólo dispone de una antigua licencia municipal de 1989 para construir una caseta de aperos y un aljibe. Sin embargo, en el momento en que los técnicos del Servicio insular de Disciplina urbanística levantaron las actas de inspección, estaban ejecutados al 80% una vivienda de unos 227 metros cuadrados, con porche de 87 metros y garaje-cisterna de 85 metros cuadrados, "comprobándose posteriormente la continuación y finalización de las obras". Éstas, "ubicadas en suelo rústico, carecen de licencia municipal y no han sido legalizadas", siendo su valoración total de 230.185 euros.
Polémica en el pueblo
El chalé en cuestión ha creado un amplio y polémico debate entre los vecinos de Maria, y motivó una denuncia del grupo ecologista GOB ya en febrero de 2003, por el perjuicio de las obras en el entorno de pinar y acebuches. Entonces, el Ayuntamiento paralizó las obras al constatar que éstas no se correspondían con los permisos otorgados, además de importantes movimientos de tierra y tala de arbolado sin la preceptiva autorización.
En abril de 2004, y tras comprobar que se habían reemprendido los trabajos, el grupo de consellers insulares de EU-Els Verds solicitó al Ayuntamiento que comprobara la legalidad de las obras. Paralelamente, un abogado de Palma en representación de un vecino presentó una denuncia ante el Consell para que tomara medidas.
La institución insular se subrogó el pasado 15 de septiembre en las competencias del Ayuntamiento de Maria, a quien correspondía inicialmente resolver los expedientes por infracción urbanística. La administración municipal alegó "indefensión" ante el incumplimiento reiterado de sus decretos de paralización de las obras, por lo que trasladó las actuaciones al Consell. Éste califica de "graves" las infracciones urbanísticas cometidas, apreciando además en el presente caso "la concurrencia de la circunstancia agravante de no haberse acatado la orden de suspensión de las obras" por parte del promotor. La Policía local de Maria había precintado la finca en cuestión en varias ocasiones, pero aun así se había hecho caso omiso y los albañiles habían continuado sus trabajos, saltándose también la paralización dictada por el Consell a raíz de incoar los expedientes.
La cuantía de la multa propuesta es tan elevada "atendiendo la magnitud de la infracción urbanística cometida, su situación y especial incidencia paisajística, así como la nula voluntad del interesado por acatar las órdenes dadas por la Administración y restaurar el orden urbanístico infringido". Por todo esto, el instructor ha propuesto "agravar la sanción hasta el 150% del valor de las obras", lo que podría implicar el pago total de 690.556 euros de multa.
La elevada multa se propone por "la magnitud de la infracción urbanística" y su impacto paisajístico
MATEU FERRER. MARIA.
La construcción de una vivienda ilegal en suelo rústico protegido de la zona de Roqueta ha acarreado dos propuestas de resolución del Consell de Mallorca: una ordenando la demolición de las obras, y otra sancionando con 345.278 euros al promotor y propietario, Miquel Gelabert Carbonell, y con la misma cantidad a la empresa Construcciones Carbonell Gelabert, en calidad de constructora.
Las obras en cuestión se sitúan en la parcela 884 del polígono 3 del término de Maria, perfectamente visibles desde la carretera que une esta localidad y Sineu. El Consell ha tenido especialmente en cuenta esta ubicación por el impacto paisajístico que produce la edificación sin licencia.
Se trata de una parcela calificada como suelo no urbanizable de régimen general-zona forestal, donde el propietario sólo dispone de una antigua licencia municipal de 1989 para construir una caseta de aperos y un aljibe. Sin embargo, en el momento en que los técnicos del Servicio insular de Disciplina urbanística levantaron las actas de inspección, estaban ejecutados al 80% una vivienda de unos 227 metros cuadrados, con porche de 87 metros y garaje-cisterna de 85 metros cuadrados, "comprobándose posteriormente la continuación y finalización de las obras". Éstas, "ubicadas en suelo rústico, carecen de licencia municipal y no han sido legalizadas", siendo su valoración total de 230.185 euros.
Polémica en el pueblo
El chalé en cuestión ha creado un amplio y polémico debate entre los vecinos de Maria, y motivó una denuncia del grupo ecologista GOB ya en febrero de 2003, por el perjuicio de las obras en el entorno de pinar y acebuches. Entonces, el Ayuntamiento paralizó las obras al constatar que éstas no se correspondían con los permisos otorgados, además de importantes movimientos de tierra y tala de arbolado sin la preceptiva autorización.
En abril de 2004, y tras comprobar que se habían reemprendido los trabajos, el grupo de consellers insulares de EU-Els Verds solicitó al Ayuntamiento que comprobara la legalidad de las obras. Paralelamente, un abogado de Palma en representación de un vecino presentó una denuncia ante el Consell para que tomara medidas.
La institución insular se subrogó el pasado 15 de septiembre en las competencias del Ayuntamiento de Maria, a quien correspondía inicialmente resolver los expedientes por infracción urbanística. La administración municipal alegó "indefensión" ante el incumplimiento reiterado de sus decretos de paralización de las obras, por lo que trasladó las actuaciones al Consell. Éste califica de "graves" las infracciones urbanísticas cometidas, apreciando además en el presente caso "la concurrencia de la circunstancia agravante de no haberse acatado la orden de suspensión de las obras" por parte del promotor. La Policía local de Maria había precintado la finca en cuestión en varias ocasiones, pero aun así se había hecho caso omiso y los albañiles habían continuado sus trabajos, saltándose también la paralización dictada por el Consell a raíz de incoar los expedientes.
La cuantía de la multa propuesta es tan elevada "atendiendo la magnitud de la infracción urbanística cometida, su situación y especial incidencia paisajística, así como la nula voluntad del interesado por acatar las órdenes dadas por la Administración y restaurar el orden urbanístico infringido". Por todo esto, el instructor ha propuesto "agravar la sanción hasta el 150% del valor de las obras", lo que podría implicar el pago total de 690.556 euros de multa.