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Ciutadella: la legalización de Sa Costa Nova enfrenta a gobierno y oposición |
(Menorca, 24/02/2005)
PSOE, PSM y Fòrum creen que Llorenç Casasnovas se ha aprovechado de su cargo y, con UCM, lamentan que los funcionarios no firmen el informe
J.B..Ciutadella
La legalización de varias actividades e instalaciones del parque recreativo de Sa Costa Nova por parte del Ayuntamiento de Ciutadella ha provocado las críticas de los grupos de la oposición y la defensa del proceso por parte del equipo de gobierno. Mientras que la mayoría de portavoces consideran que Llorenç Casasnovas se ha beneficiado de su cargo para encargar un informe a un técnico de confianza y no a los funcionarios que habían firmado dictámenes anteriores, los dos partidos en el gobierno local retan a la oposición a que demuestra que se ha vulnerado la legalidad.
Joan Gorrías (PSOE) declara que "ahora se demuestra uno de los acuerdos del pacto del Castillo Menorca, que era resolver toda la situación de ilegalidad". Luis Camarero (Fòrum Ciutadà) coincide en que "el pacto era para salvar el Castillo". Gorrías manifiesta que respeta "los intereses legítimos de Llorenç Casasnovas, pero está claro que se ha aprovechado de su cargo público, al legalizar el parque con un informe realizado por un cargo de confianza que él mismo nombró". El portavoz socialista ha expresado su sorpresa de que "el secretario y los funcionarios municipales que habían firmado informes anteriormente en el sentido de que las instalaciones no podían legalizarse ahora no aparezcan y se vean desautorizados por el propio Ayuntamiento". Añade que "los funcionarios en Urbanismo son una especie en extinción, cuando son los que pueden informar con total independencia del político de turno". Espera que "con esta actuación, la Ejecutiva del PP abra los ojos, porque se ha llevado a cabo con el apoyo de sus concejales".
Avel·lí Casasnovas (PP) afirma que "lo que se ha legalizado es porque se puede legalizar y Llorenç Casasnovas tiene los mismos derechos que cualquier otro ciudadano". Cree que "el interés de la oposición es mantener la crispación en el Ayuntamiento". Sobre que el informe haya sido elaborado por un cargo de confianza, el portavoz del equipo de gobierno afirma que "se trata de un licenciado en Derecho que es responsable de lo que firma" y recuerda que en el anterior mandato "también los cargos de confianza hacían informes y parece que no tienen el mismo valor si gobierna la izquierda que si estamos nosotros". Reitera que se ha respetado la legalidad y reta a la oposición a demostrar lo contrario.
Bosco Gomila (PSM) afirma que "se ha hecho un favor a Llorenç Casasnovas, desplazando a cualquier funcionario que conociera el expediente de Sa Costa Nova para disponer de un cargo de confianza a las órdenes de este concejal". Considera que "lo que antes precisaba de licencia de obras y de declaración de interés general ahora se ha resuelto con una licencia de obra menor". Reitera que "Llorenç Casasnovas ya había manifestado en su día que entraba en el Ayuntamiento para resolver sus asuntos y así lo ha hecho". Gomila añade que "se han saltado los informes de los funcionarios en época de Assumpta Vinent y ahora se han elaborado a medida".
Luis Camarero (Fòrum Ciutadà) critica que "un asesor del pueblo, pagado por el Ayuntamiento, haga trabajos particulares, lo que nos devuelve al esperpento municipal, al urbanismo que todo lo ensucia".
Pau Lluch (UCM) respeta la decisión judicial de archivar la ejecutoria de la sentencia. Recuerda, sin embargo, que "en el pasado mandato tuvimos varias reuniones con Llorenç Casasnovas con la mejor disposición para legalizar lo que fuera posible, y el secretario, Santiago Saura, y los técnicos Ester Allès y Xavier Quintana afirmaban que la distancia entre lo legal y lo que pretendía el concejal era demasiada, por eso me llama la atención que ahora ningún funcionario certifique esa legalización". Lluch cree que compete al equipo de gobierno la valoración del informe y añade que "realmente Llorenç Casasnovas ha conseguido lo que pretendía y los ciudadanos deben valorarlo".
PSOE, PSM y Fòrum creen que Llorenç Casasnovas se ha aprovechado de su cargo y, con UCM, lamentan que los funcionarios no firmen el informe
J.B..Ciutadella
La legalización de varias actividades e instalaciones del parque recreativo de Sa Costa Nova por parte del Ayuntamiento de Ciutadella ha provocado las críticas de los grupos de la oposición y la defensa del proceso por parte del equipo de gobierno. Mientras que la mayoría de portavoces consideran que Llorenç Casasnovas se ha beneficiado de su cargo para encargar un informe a un técnico de confianza y no a los funcionarios que habían firmado dictámenes anteriores, los dos partidos en el gobierno local retan a la oposición a que demuestra que se ha vulnerado la legalidad.
Joan Gorrías (PSOE) declara que "ahora se demuestra uno de los acuerdos del pacto del Castillo Menorca, que era resolver toda la situación de ilegalidad". Luis Camarero (Fòrum Ciutadà) coincide en que "el pacto era para salvar el Castillo". Gorrías manifiesta que respeta "los intereses legítimos de Llorenç Casasnovas, pero está claro que se ha aprovechado de su cargo público, al legalizar el parque con un informe realizado por un cargo de confianza que él mismo nombró". El portavoz socialista ha expresado su sorpresa de que "el secretario y los funcionarios municipales que habían firmado informes anteriormente en el sentido de que las instalaciones no podían legalizarse ahora no aparezcan y se vean desautorizados por el propio Ayuntamiento". Añade que "los funcionarios en Urbanismo son una especie en extinción, cuando son los que pueden informar con total independencia del político de turno". Espera que "con esta actuación, la Ejecutiva del PP abra los ojos, porque se ha llevado a cabo con el apoyo de sus concejales".
Avel·lí Casasnovas (PP) afirma que "lo que se ha legalizado es porque se puede legalizar y Llorenç Casasnovas tiene los mismos derechos que cualquier otro ciudadano". Cree que "el interés de la oposición es mantener la crispación en el Ayuntamiento". Sobre que el informe haya sido elaborado por un cargo de confianza, el portavoz del equipo de gobierno afirma que "se trata de un licenciado en Derecho que es responsable de lo que firma" y recuerda que en el anterior mandato "también los cargos de confianza hacían informes y parece que no tienen el mismo valor si gobierna la izquierda que si estamos nosotros". Reitera que se ha respetado la legalidad y reta a la oposición a demostrar lo contrario.
Bosco Gomila (PSM) afirma que "se ha hecho un favor a Llorenç Casasnovas, desplazando a cualquier funcionario que conociera el expediente de Sa Costa Nova para disponer de un cargo de confianza a las órdenes de este concejal". Considera que "lo que antes precisaba de licencia de obras y de declaración de interés general ahora se ha resuelto con una licencia de obra menor". Reitera que "Llorenç Casasnovas ya había manifestado en su día que entraba en el Ayuntamiento para resolver sus asuntos y así lo ha hecho". Gomila añade que "se han saltado los informes de los funcionarios en época de Assumpta Vinent y ahora se han elaborado a medida".
Luis Camarero (Fòrum Ciutadà) critica que "un asesor del pueblo, pagado por el Ayuntamiento, haga trabajos particulares, lo que nos devuelve al esperpento municipal, al urbanismo que todo lo ensucia".
Pau Lluch (UCM) respeta la decisión judicial de archivar la ejecutoria de la sentencia. Recuerda, sin embargo, que "en el pasado mandato tuvimos varias reuniones con Llorenç Casasnovas con la mejor disposición para legalizar lo que fuera posible, y el secretario, Santiago Saura, y los técnicos Ester Allès y Xavier Quintana afirmaban que la distancia entre lo legal y lo que pretendía el concejal era demasiada, por eso me llama la atención que ahora ningún funcionario certifique esa legalización". Lluch cree que compete al equipo de gobierno la valoración del informe y añade que "realmente Llorenç Casasnovas ha conseguido lo que pretendía y los ciudadanos deben valorarlo".
"El parque es legal y se abrirá".
Llorenç Casasnovas cuenta ahora con un parque legal, que volverá a funcionar con todos los permisos municipales. Afirma que su posición no ha cambiado desde 1996 cuando pedía a Assumpta Vinent la concesión de los permisos. "Todo se reduce asegura a que contaba con un permiso de 1974 para la pista de karts y pedía que se reconociera, como se hace con muchos bares y locales que están cerrados un tiempo y después abren con la licencia anterior". Afirma que "no ha existido trato de favor, sino el reconocimiento de mis derechos como ciudadano". Añade que "si alguien considera que los permisos no son legales, que lo demuestre". Con relación al informe de Jaume Miró, como cargo de confianza, asegura que "los técnicos han hecho su trabajo y nada más". Entiende que "a la oposición le habría gustado que lo derribara todo". El concejal del PMQ considera que "se ha llevado a cabo una auténtica sangría contra Llorenç Casasnovas, como cuando se me acusaba de retirar el precinto de las instalaciones, que se llevó el viento".