El Consell iniciará en Pollença y Llucmajor el derribo de edificaciones ilegales en suelo rústico |
En total, el organismo insular pretende hacer efectiva la demolición de 39 construcciones de forma subsidiaria.
CARMEN RUIZ DE GALARRETA
Los derribos de construcciones ilegales se iniciarán en los municipios de Pollença y Llucmajor y el Consell los ejecutará de forma subsidiaria ante la pasividad de los ayuntamientos. En total, el organismo insular tiene previsto llevar a cabo 39 demoliciones de edificaciones particulares realizadas de forma ilegal en suelo rústico. Se trata de expediendes de disciplina urbanística cuya resolución de derribo viene de lejos, según indica Bartomeu Vicens, conseller d'Ordenació del Territori. Las demoliciones se llevarán a cabo en 22 municipios de Mallorca. La Comissió Insular d'Urbanisme de noviembre de 2004 dio luz verde a la ejecución de la primera demolición de una vivienda construida en suelo rústico en Llucmajor. El expediente se remonta al año 2000 y han tenido que transcurrir cinco años para que sea una realidad.
En Pollença, en la calle Calvari, se procederá al derribo de un porxo. En la Comissió d'Urbanisme de enero de este año se acordó ejecutar la demolición. Esta infracción urbanística también se remonta al año 2000. Ambos propietarios han tenido un plazo de 15 días para presentar alegaciones. Estos expedientes no son de los más antiguos. El Consell también procederá al derribo de una vivienda en Alaró cuyo expediente de infracción se inició en 1993, hace 12 años. En realidad, en la mayor parte de las 39 demoliciones que se ejecutarán, la infracción se remonta a la década de los 90. Entre los municipios con más infracciones urbanístcias destacan Pollença (6 derribos), Santa Margalida (5), Artà (2), Llucmajor (3) y ses Salines (3), aunque también se efecturán demoliciones en municipios como Andratx, Muro, Valldemossa, Manacor, Santanyí o Selva.
Vicens explica que la mayoría son construcciones ilegales edificadas en suelo rústico y protegido. Muchas de ellas son viviendas, aunque también hay ampliaciones, terrazas o piscinas. «Adminsitrativamente no cuenta si la vivienda está habilida o no. En primer lugar se estudia el tipo de infracción y, luego, el grado de protección». El Consell de Mallorca adjudicará los derribos en grupos de dos o tres para facilitar las contractaciones.