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«Yo le daba sobres con dinero a Sierra para que le pagara al jefe de Licencias Urbanísticas de Cort» |
(El Mundo, 27/01/2005)
El empresario del juego asegura que pagó a través del edil a un alto cargo para que sus proyectos «no tuvieran ninguna pega» - Añade que el concejal entregaba los sobres al funcionario «en el Ayuntamiento»
ESTEBAN URREIZTIETA
PALMA.- «Yo le daba sobres con dinero a Sierra para que pagara al jefe de Licencias Urbanísticas de Cort». Así explica el empresario catalán Ismael Martín el método que utilizó para intentar abrirse camino en el negocio de las tragaperras en Baleares en el año 2000. «José Manuel Sierra era mi abogado y yo me fiaba plenamente de él», confiesa. «Y fue él quien me aconsejó que los proyectos de ingeniería para los salones recreativos que quería montar en Palma, me los hiciera Damià Mas en el estudio que tenía en su casa a un precio cuatro veces más elevado que cualquier otro proyecto de este tipo».
Este sobreprecio, según Martín, era el peaje que le sugirió pagar el entonces concejal de Gobernación de Cort para conseguir que el Ayuntamiento de Palma no pusiera «ninguna pega».
«Sierra me dijo que quien mejor me haría los proyectos sería Mas, que era una persona que conocía del Ayuntamiento de Palma, y le hice caso. En total le pagué a Sierra 2.400.000 de las antiguas pesetas en concepto de tres proyectos de ingeniería. El me decía el importe, yo le llevaba un sobre a su bufete de abogados y luego él se lo entregaba a Mas en el Ayuntamiento», detalla Martín.
El empresario del juego asegura además que estuvo «en varias ocasiones» en el domicilio del que fuera jefe de Licencias Urbanísticas de Cort durante la era Fageda, ubicado en el número 8 de la calle Pensament de Palma. «Allí me presentó Sierra a Mas y me llamó la atención que saludaba -el edil- a todos los que trabajaban allí. Le pregunté que de qué los conocía y me dijo que eran funcionarios del Ayuntamiento de Palma». A pesar de seguir las directrices marcadas por su letrado y al comprobar que a pesar de todo no conseguía poner en marcha su negocio, «decidí grabar uno de los pagos a Damià Mas en su casa con una cámara oculta». Esa imagen, que acabó saltando a la luz pública, fue la espita que hizo saltar el escándalo del juego en Baleares. A partir de ese momento, se inició un proceso judicial que acabó con el empresario del juego y con el investigador privado al que contrató en el banquillo de los acusados por un presunto delito de revelación de secretos.
Las últimas noticias
La Audiencia de Palma los absolvió el pasado verano y ahora uno de ellos, el investigador Carlos Valencia, ha decidido interponer una querella contra Sierra y los policías que en su día intervinieron en su detención.
Tanto al edil como al actual jefe de la Unidad de Crimen Organizado de la Policía Nacional, Manuel Peragón, les acusa de «controlar con métodos mafiosos» el negocio del juego en las Islas. Y les imputa la comisión, entre otros, de los delitos de secuestro, detención ilegal o tráfico de influencias. De momento, el juez la ha admitido a trámite y el próximo 8 de febrero tendrán que declarar como imputados en el Juzgado de Instrucción número 9 de Palma.
El empresario del juego asegura que pagó a través del edil a un alto cargo para que sus proyectos «no tuvieran ninguna pega» - Añade que el concejal entregaba los sobres al funcionario «en el Ayuntamiento»
ESTEBAN URREIZTIETA
PALMA.- «Yo le daba sobres con dinero a Sierra para que pagara al jefe de Licencias Urbanísticas de Cort». Así explica el empresario catalán Ismael Martín el método que utilizó para intentar abrirse camino en el negocio de las tragaperras en Baleares en el año 2000. «José Manuel Sierra era mi abogado y yo me fiaba plenamente de él», confiesa. «Y fue él quien me aconsejó que los proyectos de ingeniería para los salones recreativos que quería montar en Palma, me los hiciera Damià Mas en el estudio que tenía en su casa a un precio cuatro veces más elevado que cualquier otro proyecto de este tipo».
Este sobreprecio, según Martín, era el peaje que le sugirió pagar el entonces concejal de Gobernación de Cort para conseguir que el Ayuntamiento de Palma no pusiera «ninguna pega».
«Sierra me dijo que quien mejor me haría los proyectos sería Mas, que era una persona que conocía del Ayuntamiento de Palma, y le hice caso. En total le pagué a Sierra 2.400.000 de las antiguas pesetas en concepto de tres proyectos de ingeniería. El me decía el importe, yo le llevaba un sobre a su bufete de abogados y luego él se lo entregaba a Mas en el Ayuntamiento», detalla Martín.
El empresario del juego asegura además que estuvo «en varias ocasiones» en el domicilio del que fuera jefe de Licencias Urbanísticas de Cort durante la era Fageda, ubicado en el número 8 de la calle Pensament de Palma. «Allí me presentó Sierra a Mas y me llamó la atención que saludaba -el edil- a todos los que trabajaban allí. Le pregunté que de qué los conocía y me dijo que eran funcionarios del Ayuntamiento de Palma». A pesar de seguir las directrices marcadas por su letrado y al comprobar que a pesar de todo no conseguía poner en marcha su negocio, «decidí grabar uno de los pagos a Damià Mas en su casa con una cámara oculta». Esa imagen, que acabó saltando a la luz pública, fue la espita que hizo saltar el escándalo del juego en Baleares. A partir de ese momento, se inició un proceso judicial que acabó con el empresario del juego y con el investigador privado al que contrató en el banquillo de los acusados por un presunto delito de revelación de secretos.
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La Audiencia de Palma los absolvió el pasado verano y ahora uno de ellos, el investigador Carlos Valencia, ha decidido interponer una querella contra Sierra y los policías que en su día intervinieron en su detención.
Tanto al edil como al actual jefe de la Unidad de Crimen Organizado de la Policía Nacional, Manuel Peragón, les acusa de «controlar con métodos mafiosos» el negocio del juego en las Islas. Y les imputa la comisión, entre otros, de los delitos de secuestro, detención ilegal o tráfico de influencias. De momento, el juez la ha admitido a trámite y el próximo 8 de febrero tendrán que declarar como imputados en el Juzgado de Instrucción número 9 de Palma.