Llucmajor: juzgan al alcalde por no parar unas obras en un área protegida |
Vista oral por una supuesta "planta" de venta de agua en camiones construida en un ARIP
FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA.
La jueza Magdalena Ferreté juzgó ayer al alcalde de Llucmajor, Lluc Tomàs Munar (del Partido Popular) por un presunto delito de prevaricación, imputado por un vecino de la localidad y derivado de la no paralización de las obras de una supuesta "planta" de venta de agua en camiones cuba construida en una zona protegida de la localidad y con calificación de ARIP (Área de especial Interés Paisajístico). Junto a Tomàs se sentó en el banquillo el empresario Miguel S.G., propietario de la finca y a quien la fiscal imputa un supuesto delito contra la ordenación del territorio, al construir sin licencia toda la infraestructura para explotar un pozo situado en la citada área protegida.
Los hechos objeto de vista oral en un juzgado de lo penal de Palma se remontan a septiembre y octubre del 99 cuando un vecino denunció ante el Ayuntamiento y ante el Seprona de la Guardia Civil (la unidad especializada en delitos contra el medio ambiente) la construcción en una finca próxima a la Marina de Llucmajor de un gran estanque, un cargadero de agua y una caseta para una instalación eléctrica con la que alimentar el bombeo del agua del pozo y su trasvase a las cubas.
La fiscal resaltó a lo largo del juicio la imposibilidad legal de que en un ARIP se puedan construir este tipo de infraestructuras y el hecho de que para habilitar la "planta" de llenado se tuviera que talar varios árboles, derribar parte de un muro de pared seca y hacer una explanada mediante excavadoras.
El empresario del sector de venta de agua había solicitado al Ayuntamiento licencia de obras para construir un aljibe destinado a usos agrícolas. Cuando en octubre del 99 intervino el Seprona los trabajos ya estaban bastante avanzadas y no tenían permiso del Ayuntamiento.
El alcalde, al que la fiscal no acusa y que está defendido por los abogados Rafael Perera y Bernat Garcías, se sentó en el banquillo supuestamente por no firmar un decreto de paralización de las obras que fue redactado por los técnicos y no llegó a ejecutarse. El Ayuntamiento finalmente dio licencia para el estanque, tras conminar al empresario, defendido por Higinio Muñoz, para que derribara una plataforma de hormigón habilitada como zona de carga de las cubas, la caseta de electricidad y otros elementos no legalizables.
El Seprona explicó que, pese a abrir diligencias por delito contra la ordenación del territorio y comunicar al consistorio los hechos, las obras ilegales continuaron y en diciembre del 2000 se instaló junto al estanque una tubería.
El papel del alcalde y el permiso del pozo
Rafael Perera, abogado defensor del alcalde Lluc Tomás, insistió durante la vista en el papel fundamental que los técnicos del ayuntamiento de Llucmajor tienen en los expedientes de disciplina urbanística y de otros negociados. El abogado minimizó la actuación del alcalde y afirmó que "él confía plenamente en sus funcionarios y técnicos y se limita a firmar lo que estos le pasan a la firma".
Otro de los aspectos que fue tratado en la vista oral fue si el empresario encausado tenía permiso de la conselleria de Medio Ambiente para extraer agua del pozo de su finca y venderla. Según las pesquisas realizadas en su día por el Seprona, Miguel S. carecía de dicha autorización porque el permiso para explotar el pozo estaba caducado. Los agentes intervinientes reconocieron, no obstante, que no llegaron a sorprender a ningún camión cuba cargando agua en la "planta" ilegal.
En la vista también se trató de las acciones judiciales que el empresario dirigió contra el vecino denunciante. La acusación particular, que ejerce el abogado, Jaume Radó, postula que desde el Ayuntamiento se ayudó a Miguel S. en este segundo litigio.