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Maó: el GOB lleva a Llorenç Casasnovas ante el juez por el caso Son Planes |
(El Mundo, 13/01/2005)
El edil adjunto de Urbanismo se expone a una inhabilitación de hasta dos años - El equipo de gobierno del PP decreta "silencio total" ante la prensa
MIREYA ROURA MAÓ. El GOB ha denunciado ante la Fiscalía al concejal adjunto de Urbanismo en el Ayuntamiento de Ciutadella, LLorenç Casasnovas, por un presunto delito por omisión en la responsabilidad pública. La asociación ecologista esgrime que el edil ha permitido durante el último año y medio el funcionamiento de la cantera de Son Planes a pesar de conocer que no tenía licencias para su actividad. Según el Código Penal, con la acusación se enfrenta a una pena de entre seis meses y dos años de inhabilitación para ejercer un cargo público. El detonante de la denuncia fueron unas declaraciones de Casasnovas en las que afirmaba que, pese a que tenía constancia de la ilegalidad de la cantera, no pensaba actuar.
Miquel Camps, coordinador del GOB, explicó a este diario que después de un año y medio advirtiendo la irregularidad «y visto que siempre han mirado para otra parte» han agotado la paciencia y decidido encauzar el asunto por la vía penal. A pesar de que la denuncia inicial está dirigida contra LLorenç Casasnoves, el GOB pide a la Fiscalía que investigue también las posibles responsabilidades por la actuación en el caso del teniente alcalde de Urbanismo, Avel·lí Casasnovas, y el alcalde de Ciutadella, Llorenç Brondo.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ciutadella se negó ayer a efectuar ningún tipo de comentario sobre este asunto y se limitó a enviar un escueto comunicado de prensa en el que, con letras mayúsculas, destacaba: «La decisión unánime a la que ha llegado la Junta Municipal de Gobierno ha sido la de no hacer declaraciones ni comentarios». Además, el equipo de gobierno ha tomado la determinación de que tampoco dará ningún tipo de explicaciones acerca «de las gestiones hechas y procedimientos iniciados desde el Consistorio para tratar de resolver un conflicto con origen en décadas atrás».
Desde el GOB, Miquel Camps adelantó que esperarán un tiempo prudencial a que el fiscal actúe de oficio. Si no es así, la asociación ecologista emprenderá una acusación particular.
La zona donde se están realizando las extracciones de Son Planes se ubica dentro de suelo protegido. Los terrenos, en su conjunto, están considerados como zona de especial protección en el Plan General de Ordenación Urbana del municipio. Además, una parte entra dentro de una zona de bosque declarada Área Natural de Especial Interés en la Ley de Espacios Naturales. La empresa se ha defendido en ocasiones de estas acusaciones alegando que está en trámites de regularización para adaptarse a la nueva normativa.
Camps: «No tienen excusa»
No obstante, el coordinador del GOB dijo que no se puede esperar a que se obtengan las licencias porque «entonces el daño medioambiental ya se habrá hecho». Además, recordó al Ayuntamiento que «no tenía ninguna excusa para no actuar y que, ahora, no puede alegar desconocimiento».
Camps explicó, además, que existe jurisprudencia que avala su tesis. Una sentencia del Tribunal Superior de Baleares falló a favor del GOB cuando la asociación ecologista denunció las extracciones de arena que se hacían en La Vall, Ciutadella. El juez dictaminó que era imprescindible contar con una licencia para realizar extracciones, y que no eran admisibles las licencias provisionales.
El edil adjunto de Urbanismo se expone a una inhabilitación de hasta dos años - El equipo de gobierno del PP decreta "silencio total" ante la prensa
MIREYA ROURA MAÓ. El GOB ha denunciado ante la Fiscalía al concejal adjunto de Urbanismo en el Ayuntamiento de Ciutadella, LLorenç Casasnovas, por un presunto delito por omisión en la responsabilidad pública. La asociación ecologista esgrime que el edil ha permitido durante el último año y medio el funcionamiento de la cantera de Son Planes a pesar de conocer que no tenía licencias para su actividad. Según el Código Penal, con la acusación se enfrenta a una pena de entre seis meses y dos años de inhabilitación para ejercer un cargo público. El detonante de la denuncia fueron unas declaraciones de Casasnovas en las que afirmaba que, pese a que tenía constancia de la ilegalidad de la cantera, no pensaba actuar.
Miquel Camps, coordinador del GOB, explicó a este diario que después de un año y medio advirtiendo la irregularidad «y visto que siempre han mirado para otra parte» han agotado la paciencia y decidido encauzar el asunto por la vía penal. A pesar de que la denuncia inicial está dirigida contra LLorenç Casasnoves, el GOB pide a la Fiscalía que investigue también las posibles responsabilidades por la actuación en el caso del teniente alcalde de Urbanismo, Avel·lí Casasnovas, y el alcalde de Ciutadella, Llorenç Brondo.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ciutadella se negó ayer a efectuar ningún tipo de comentario sobre este asunto y se limitó a enviar un escueto comunicado de prensa en el que, con letras mayúsculas, destacaba: «La decisión unánime a la que ha llegado la Junta Municipal de Gobierno ha sido la de no hacer declaraciones ni comentarios». Además, el equipo de gobierno ha tomado la determinación de que tampoco dará ningún tipo de explicaciones acerca «de las gestiones hechas y procedimientos iniciados desde el Consistorio para tratar de resolver un conflicto con origen en décadas atrás».
Desde el GOB, Miquel Camps adelantó que esperarán un tiempo prudencial a que el fiscal actúe de oficio. Si no es así, la asociación ecologista emprenderá una acusación particular.
La zona donde se están realizando las extracciones de Son Planes se ubica dentro de suelo protegido. Los terrenos, en su conjunto, están considerados como zona de especial protección en el Plan General de Ordenación Urbana del municipio. Además, una parte entra dentro de una zona de bosque declarada Área Natural de Especial Interés en la Ley de Espacios Naturales. La empresa se ha defendido en ocasiones de estas acusaciones alegando que está en trámites de regularización para adaptarse a la nueva normativa.
Camps: «No tienen excusa»
No obstante, el coordinador del GOB dijo que no se puede esperar a que se obtengan las licencias porque «entonces el daño medioambiental ya se habrá hecho». Además, recordó al Ayuntamiento que «no tenía ninguna excusa para no actuar y que, ahora, no puede alegar desconocimiento».
Camps explicó, además, que existe jurisprudencia que avala su tesis. Una sentencia del Tribunal Superior de Baleares falló a favor del GOB cuando la asociación ecologista denunció las extracciones de arena que se hacían en La Vall, Ciutadella. El juez dictaminó que era imprescindible contar con una licencia para realizar extracciones, y que no eran admisibles las licencias provisionales.