Vilafranca: La nueva normativa prohibirá la instalación de antenas de telefonía móvil en el casco urbano |
M. B. VILAFRANCA.
Las operadoras de telefonía móvil no podrán instalar ninguna antena en los edificios del casco urbano y dispondrán de un solar, alejado del núcleo de población, en el que deberán compartir las instalaciones. Así lo establece la normativa urbanística sometida a una reciente revisión y que se encuentra en fase de aprobación inicial.
El documento general sólo ha recibido una alegación y procede de la operadora Retevisión, que defiende el mantenimiento de una antena en un edificio de la calle Pare J. Rosselló. Esta empresa desde 2002 mantiene un largo litigio con el Ayuntamiento, que le ha ordenado en repetidas ocasiones el desmantelamiento. La operadora ha llegado a pagar 8.000 euros de multa por no atender la orden municipal que insiste en que la antena debe ser desmontada.
Protesta vecinal
Paralelamente, en los últimos días se ha impulsado una campaña vecinal de recogida de firmas para exigir la retirada de la citada antena para la que Retevisión presentó el pasado 24 de noviembre de 2004 un proyecto de legalización, después de haber tramitado un serial de recursos durante dos años contra los decretos municipales.
La protesta vecinal se sustenta en el registro de numerosos casos de cáncer en los últimos años y que han sufrido, con fatal desenlace, varios residentes en un perímetro próximo a la antena.
El primer edil, Jaume Sansó, ha anunciado que el siguiente paso administrativo será el de abrir un expediente de derribo "porque las vías de recurso que ha utilizado Retevisión ya se han agotado y el Ayuntamiento tiene una sentencia que avala la prohibición de permitir la instalación de antenas de telefonía en el casco urbano".
En 2002, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) refrendó la negativa del Ayuntamiento a la hora de conceder una licencia de instalación de antena a la operadora Movistar en un edificio alto del centro, entre la calles Palma y Frai Lluís, al advertir que se sobrepasaba la altura permitida por las normas subsidiarias.
Sansó asegura que "el Ayuntamiento está cansado de ver como las operadoras primero instalan y luego piden permiso, y posteriormente abren un frente de recursos contra los expedientes municipales para ganar tiempo y aplazar el desmantelamiento".