El Govern concede autorización previa de apertura al cámping de la Colònia de Sant Pere |
El establecimiento turístico tiene un expediente de infracción urbanística del Consell por «obras no legalizadas»
ASSUMPTA BASSA
La Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears ha concedido autorización previa de apertura al camping de la Colònia de Sant Pere (Artà), un establecimiento que cuenta con un expediente de infracción urbanística abierto por parte del Consell de Mallorca a consecuencia de «la realización de obras sin licencia y no legalizadas». En este sentido, hay que recordar que la Comissió Insular d'Urbanisme del Consell del pasado 16 de julio impuso a UPA SA, entidad promotora del cámping, una sanción de 937.906 euros por «la ejecución sin licencia de obras de construcción de 88 bungalows de obra de unos 28,5 m2 cada uno y la conversión de dos casitas de servicios en otros bungalows y en una coladuría de 86,80 m2, todo ello en la parcela 280 del polígono 3 del término municipal de Artà», sanción que en su momento fue recurrida por la propiedad.
El conseller de Territori del Consell, Bartomeu Vicens, ha reiterado en múltiples ocasiones que «el camping es ilegal y ilegalizable. Así lo han entendido nuestros técnicos que están estudiando el recurso interpuesto por la propiedad. Si se confirma se abrirá el expediente de demolición». Desde la Conselleria de Turismo aseguraron que «la concesión de la autorización previa se considera otorgada sin perjuicio del resto de autorizaciones preceptivas que otras administraciones hayan de otorgar especialmente las urbanísticas o de actividad y la declaración de interés general si procede por lo que hace referencia a la legislación general del suelo como por lo que respeta a la Ley de Espacios Naturales o a cualquier otra normativa».
Desde el Consell aseguran que «de momento el camping es ilegal por la conversión sin la preceptiva licencia de bungalows de madera en bungalows de obra». El cámping ha sido denunciado en varias ocasiones por el grupo EU-EV de Artà que han solicitado la demolición del complejo por no adaptarse a la normativa. La autorización de la Conselleria de Turisme de adaptación a la normativa supone una reducción de 500 a 355 plazas, 6 destinadas a personal y de 177 a 110 parcelas.