(Diario de Mallorca, 3/01/2005)

Un total de 39 expedientes de demolición, con fechas de entre los años 1994 y 2002, serán ejecutados de forma gradual en 2005

ANTÒNIA ARTIGUES. PALMA.
El departamento de Ordenación del Territorio del Consell de Mallorca ha decidido activar su capacidad legal de actuar de forma subsidiaria ante la pasividad municipal iniciando la ejecución de obras ilegales sobre las que ya hay acuerdo de demolición firme. En unos casos, ya existe incluso el acuerdo de ejecución subsidiaria por parte del Consell y en otros se tramitará dicho acuerdo para llevar a cabo el derribo.

En total, 39 obras ilegales, repartidas en 22 municipios de Mallorca, serán demolidas por el propio Consell de Mallorca, después de que los infractores hayan hecho caso omiso al plazo de ejecución voluntaria y también el ayuntamiento correspondiente. Incluso en un grupo de casos se había dado a los afectados un periodo extraordinario que ha sido ignorado.

Más control

Según explica el conseller de Ordenación del Territorio del Consell, Bartomeu Vicens, una vez aprobado el Plan Territorial, el reto para este año 2005 es la aplicación del plan y la adaptación al mismo de todos los municipios, que tendrán dos años para hacerlo. "Si no lo hacen verán bloquedas las posibilidades de crecimiento que fija el PT, por lo que creemos que se esforzarán en la adaptación", asegura el conseller Vicens.

Sin embargo, Vicens advierte que el objetivo no puede ser únicamente el dictado de normativa sino también tomar medias para asegurar el cumplimento de la legalidad. Por ello, Vicens señala que debe iniciarse una etapa mucho más estricta, "de implementación de la disciplina urbanística".

En materia de disciplina urbanística el Consell puede actuar subsidiariamente, si no lo hace la administración municipal, aunque precisamente por no interferir en la competencia municipal, el Consell ha mesurado mucho esta posibilidad. Sin embargo, a partir de ahora, llevará a cabo una política activa para imponer la disciplina en la medida de sus posibilidades.

La demolición de las obras ilegales por parte del Consell se hará de forma gradual, ya que, según apunta Bartomeu Vicens, que la excavadora acabe con la construcción es el final de un proceso complejo, ya que es preciso que el Consell, para ejecutar el derribo, redacte un proyecto y, por concurso, se contrate una empresa constructora para que lleve a cabo el trabajo.

Protección y gravedad

A la hora de decidir qué órdenes de demolición se ejecutarán en primer lugar, Vicens indica que se tendrán en cuenta dos factores esenciales, el grado de protección del suelo y la gravedad de la infracción cometida, de manera que se dará prioridad en la ejecución a obras que, por ejemplo, se encuentren en suelo rústico protegido, ya que hay varios expedientes referidos a obras en Áreas Rurales de Interés Paisajístico (ARIP). Asimismo, se actuará primero en los casos de infracciones de mayor gravedad.

Del total de 39 obras ilegales que demolerá el departamento de urbanismo, sobre 12 de ellas -con fechas de inicio de expediente por infracción urbanística desde 1994 a 2000- , existe ya acuerdo de ejecución subsidiaria por parte del Consell de la orden de demolición y, además, se da la circunstancia de que en octubre de 2002 la Comisión Insular de Urbanismo concedió a los infractores un nuevo plazo de ejecución voluntaria -una medida de gracia pues ya había pasado "legalmente" ese periodo voluntario-, sin que ninguno de ellos haya cumplido con su obligación. Por ello, en estos casos, el Consell procederá sin ejercitar ningún otro trámite más a la ejecución del acuerdo de demolición.

En otros 27 casos, se trata de expedientes por infracción urbanística ya tramitados de forma subsidiaria por el Consell (con fechas de 1997 a 2000) y que sólo están pendientes de la adopción del acuerdo de ejecución subsidiaria, procedimiento que se activará.

Piscinas construidas de forma irregular, construcciones de viviendas unifamiliares a partir de una casita de aperos, edificación de una nueva planta, cerramiento irregular con un muro, la cimentación de un camino, ampliaciones de viviendas, construcción de porches e incluso la ampliación, en dos plantas más, de un hotel son algunas de las obras con declaración de ilegalidad firme que demolerá el Consell.

Pollença y Santa Margalida, los municipios que acumulan más construcciones a demoler

A. ARTIGUES. PALMA
Las primeras infracciones urbanísticas, pendientes del derribo de la obra ilegal, que el Consell ha decidido ejecutar de forma subsidiaria ante la pasividad del afectado y la municipal, se localizan en 22 pueblos de Mallorca, siendo los municipios de Pollença y Santa Margalida los que más expedientes acumulan, con seis cada uno, y Llucmajor, con cuatro.

También se llevarán a cabo demoliciones en Ses Salines (con tres), Sant Joan (dos) y Artà (dos) así como en las localidades de Andratx, Sóller, Alaró, Muro, Valldemossa, Marratxí, Calvià, sa Pobla, Manacor, Santa Maria del camí, Sant Llorenç des Cardassar, Campanet, Campos, Selva, Palma y Santanyí. Estos expedientes son los primeros en los que se actuará, pero no los únicos ya que el Consell está decidido a ejercitar activamente su postestad de actuación subsidiaria en discipina.

Además, el Consell incrementará el celo en la vigilancia del desarrollo de los expedientes de infracciones urbanísticas, activando su intervención subsidiaria de forma ágil en el momento en que sea legalmente posible, sin demorar las resoluciones a la espera de las actuaciones municipales, que en mcuhas ocasione se eternizan.

En este sentido, cabe recordar unas recientes sentencias de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que, según los servicios jurídicos del Consell, han abierto una vía de actuación que permitirá acabar con la práctica habitual, ante infracciones urbanísticas, de ayuntamientos e infractores que frenaban la intervención subsidiaria del Consell, bloqueando sanciones y derribos.
Y es que cuando el Consell decidía actuar ante una obra ilegal, paralelamente se iniciaba otro procedimiento por el que el afectado pedía ante el ayuntamiento correspondiente la legalización. Pasaban meses y meses y el ayuntamiento no contestaba y el afectado se desentendía. Luego, cuando ante la inactividad, el Consell dicta su resolución, el afectado recurre alegando, como ya han pasado muchos meses, caducidad del procedimiento. Sin embargo, ahora el TSJB ha sentenciado que no corre el plazo, y por tanto el procedimiento no caduca, desde el momento en que el afectado pide la legalización hasta que conteste el ayuntamiento. Así, el Consell tiene posibilidades de actuar pese a que la administración municipal alargue su respuesta o no la dé y el infractor pretenda eludir su obligación.

El conseller Vicens confía en que los derribos sean "ejemplarizantes" y se reduzcan las infracciones

A. ARTIGUES. PALMA.
El conseller de ordenación del territorio, Bartomeu Vicens, asegura que con la decisión del Consell de llevar a cabo una política activa de cumplimiento de la disciplina urbanística, "no se trata de iniciar una busca y captura de obras ilegales, pero sí de aplicar activamente la ley".

Además, a juicio de Vicens, el hecho de que los ciudadanos comprueben que el Consell se implica activamente en la lucha contra el urbanismo ilegal puede tener un "efecto ejemplarizante" y frenar la comisión de infracciones, ya que se consolidará la seguridad de que la obra ilegal acabará demolida.

Y es que algunos de los expedientes por infracción urbanística que han acabado con orden de demolición tienen fechas, en algunos casos, de hace más de diez años, con lo que se trata de obras totalmente consolidadas que ahora, sin embargo, van a ser derribadas por parte del Consell, con los perjuicios que deberá soportar el responsable de la obra ilegal.

En esta línea, el conseller Vicens señala que confía en que esta nueva etapa que se inicia en materia de disciplina urbanística conciencie a los ciudadanos de la necesidad de ajustarse al cumplimiento estricto de la ley y que hacer caso omiso a las órdenes de restauración de la legalidad acabará volviéndose en su contra.