(Diario de Mallorca, 19/12/2004)

Salazar sostiene que la corrupción urbanística es difícil de probar porque "los implicados no colaboran"

MARISA GOÑI. PALMA.

Adrián Salazar, fiscal de Medio Ambiente, echa en falta una mayor concienciación ecológica para perseguir los delitos que se producen en su área. Reconoce que sin el trabajo de los grupos ecologistas, la situación sería mucho peor.

-¿Cuáles son los problemas medioambientales más graves de Balears?
-Aunque la ordenación territorial no forma parte de los delitos contra el medio ambiente stricto sensu, históricamente la mayor parte de las agresiones de este tipo han sido por invasión urbanística del litoral o de espacios naturales de interés. Si los ayuntamientos y las administraciones competentes hicieran su labor de presión disciplinaria probablemente no existirían estos delitos. Luego tenemos los delitos stricto sensu. Los más graves están relacionados con el crecimiento urbanístico y están vinculados con aguas y basuras, desde residuos de construcción mal gestionados, a la sobreexplotación de acuíferos, pozos privados... Quizás por falta de inspectores, hoy no se están controlando los pozos. Contribuye a agotar la capa freática y contaminar las aguas. Además, están los vertidos de depuradoras, que en muchos casos también están mal gestionadas y generan residuos. Por último, tenemos los asuntos de flora y fauna -ha habido sentencias ejemplarizantes por uso de venenos- y de patrimonio, donde tenemos abiertas diligencias como el caso del parking de Antoni Maura.

-¿El Código Penal ha ayudado a frenar estas actuaciones?
-En muchos casos es un instrumento útil, aunque también plantea requisitos que resultan a veces inaplicables. Ahora bien, el principal problema en la persecución de estos delitos es la carencia de medios. Hay médicos forenses, pero no ecotoxicólogos. En muchos casos no podemos probar un delito porque no contamos con periciales, que sí pueden realizar los infractores, normalmente, gente con recursos económicos. También habría que cambiar las mentalidades. Los compañeros pueden tener un planteamiento ecológico superior a la media, pero les cuesta más condenar a quien comete un delito contra el medio ambiente que a quien roba un radiocasete.

-¿En Balears ha entrado alguien en la cárcel por un delito medioambiental?
-No hay nadie en la cárcel. Ha habido penas de prisión y multa, pero como normalmente son delincuentes primarios, no ingresan en la cárcel. Entre las últimas causas importantes, está una reciente condena por unos vertidos incontrolados en una finca y un delito contra la fauna, por colocar cebos envenenados. Pero más importante que entrar en la cárcel es reparar el daño causado. Así no les sale rentable infringir la ley. Algunos de los querellados en el caso de los vertidos de la cantera de Can Set hoy son gestores autorizados porque han regularizado su situación.

-¿Qué puede hacer la Justicia ante una Administración que incumple su propia normativa medioambiental?
-Poca cosa. Da igual que sean ayuntamientos de un color o de otro. Hay una buenísima legislación medioambiental, pero generalmente no se aplica en su totalidad porque la Administración es la propia infractora, muchas veces por impotencia. Uno de los problemas más gordos que tenemos son las depuradoras. La mayoría son del Ibasan, del Govern, y su presidente es el conseller de Medio Ambiente. Me consta que tanto Margalida Rosselló, en su momento, como Jaume Font ahora hacen lo que pueden. El Ibasan asumió depuradoras municipales en muy mal estado y el problema les desborda. La mayor parte de las actividades delictivas contra el medio ambiente no cuentan con licencia y los ayuntamientos normalmente hacen la vista gorda en delitos. Por eso es loable el cierre de la cantera de Establiments por parte del ayuntamiento de Palma.

-Volviendo a las depuradoras, han aumentado notablemente las denuncias vecinales de vertidos deficientes.
-Las depuradoras deberían funcionar mejor. Hay que renovarlas, mejorar el mantenimiento... Se están investigando vertidos de la depuradora del Coll d?en Rabassa por una denuncia de vecinos y del PSM.

-¿La gestión de los residuos en la incineración y en los tratamientos alternativos es satisfactoria? ¿Persisten los vertidos incontrolados?
-Las incineradoras son una avance, pero también plantean problemas como la generación de cenizas, de dioxinas... No sé exactamente lo que están haciendo con las cenizas, pero la gestión nunca es del todo satisfactoria. El problema es que se genera mucha basura y habría que pensar en reducirla en origen. Hay una denuncia de PSM y EU-Els Verds de vertederos incontrolados en Palma, bastante escandalosa. Pero en la mayoría de casos son de paletas, de gente que tira cosas... Es difícil determinar autorías. Las querellas y denuncias penales han servido para regularizar el sector de vertidos de construcción, pero siempre hay incontrolados que no cumplen. Tirar escombros en un descampado no cuesta dinero, hacerlo con un gestor autorizado con la debida selección de materiales, sí. Los ayuntamientos deberían aumentar la presión porque la visión de estos vertederos desincentiva el cumplimiento de la ley.

-En una conferencia que ofreció usted a principios de año expuso que el actual Govern tenía menor conciencia medioambiental que el del Pacto a la hora de combatir y corregir prácticas dañinas para el medio ambiente. ¿Se ha corregido o persiste esta actitud?
-Aunque las relaciones son buenas entre la Fiscalía y la conselleria de Medio Ambiente, y en concreto con el conseller Jaume Font, es indudable que en el Govern hay un cambio de sensibilidad. Pero, independientemente de mis simpatías por un partido u otro, debo respetar la voluntad del legislador y del Govern. Si el Govern decide limitar los espacios naturales protegidos, está en su derecho, con independencia de que a mí no me guste. Antes la conselleria era de los Verdes y Rosselló potenció los agentes medioambientales, que superaba el diseño de los antiguos agentes forestales, al tener más competencias. También se hizo una gran labor en formación. Quizás se está dilapidando ese potencial en inspecciones y denuncias.

-Ha creado cierta alarma social ver que las urbanizaciones entran y salen del Plan Territorial en torno a manteles y a nombres y apellidos concretos, como ha ocurrido recientemente con Son Massot. ¿Cabe alguna actuación?
-Lo más grave son los asuntos que tienen apariencia legal. No sólo con este Govern, sino con todos. A nadie se le escapa que una de las fuentes de corrupción más grande es la urbanística. La colocación de una raya aquí o allá supone un importe económico brutal. Eso motiva que alrededor de esto haya un fenómeno de corrupción evidente en muchos ayuntamientos. Es difícil probarlo porque generalmente se ajustan a la legalidad, en el sentido de que el político o grupo político ha decidido hacer una recalificación o una permuta o lo que sea... Muchas veces, hay sospechas de que hay algo más detrás.

-¿Y qué se puede hacer ante esas sospechas que se han producido en torno a la recalificación de Son Espases y a opciones de compra que sólo se explican por el manejo de información privilegiada?
-Son fenómenos difíciles de atacar porque los implicados no colaboran. Son los menos interesados. Siempre te encuentras con quien dice que tenía un terreno y lo vendió porque no tenía la capacidad política de mover las líneas. Ves que luego otro sí tuvo esa capacidad y que eso produce un dineral. Todo esto genera sospechas y muchas veces protestas vecinales. Tampoco digo que todas estas operaciones sean ilegales. Incluso una fórmula que se dio en 1999 a los ayuntamientos para rebajar el precio de la vivienda fue dar más poder de recalificación a los ayuntamientos. Al aumentar esta potestad, se aumentó la capacidad de discrecionalidad y abuso, pero es muy difícil probarlo. También es cierto que es escandaloso que sólo a determinadas personas se les permita hacer determinadas cosas.

-¿Se ha planteado alguna actuación de oficio en los casos que le he citado?
-No, no... porque no hay datos objetivos para llevarlo a cabo. Hay un procedimiento administrativo y, teóricamente, si se ajusta a la legalidad, no tengo nada que objetar. La Fiscalía no puede convertirse en una supervisión de ayuntamientos, Consells, Govern... Ellos son los competentes para preservar el medio ambiente. Lo contrario sería introducir en la opinión pública la sensación de que todos los políticos y los funcionarios son unos corruptos. Al revés, me consta que no, que es lo excepcional.

-¿Cómo evalúa la presión de grupos ecologistas?
-Muy positiva. No digo que esté de acuerdo en todo porque ellos ven a veces delito en asuntos donde luego no lo hay, pero la actividad del GOB, de Greenpeace, de la Asociación del Voltor Negre es muy positiva. Resulta especialmente activa la asociación de Amics de la Terra y el GEM en Eivissa. Buena parte de las denuncias civiles y penales han partido de su actividad. Si no fuera por ellos, la situación medioambiental de las islas sería mucho peor.

-De los casos abiertos en estos momentos, ¿cuál destaca por su envergadura?
-El de los vertidos en Can Set, un asunto complejo con unos veinte querellados, y el de Can Barceló. También hay asuntos en Eivissa muy importantes, así como las canteras de Formentera y las depuradoras, como la de Pollença. En muchos casos es muy frustrante porque poco se puede hacer.

-¿Por qué?
-La gente no entiende que el proceso administrativo es mucho más sencillo y es fácil condenar a un ayuntamiento. En penal, además de acreditar la existencia del delito, hay que determinar la responsabilidad de cada cual. Siempre cuento la anécdota de la depuradora de Sóller. Un vecino denunció que, cuando llueve, se le contamina el huerto porque es invadido por las aguas fecales. Un caso evidente. Se investigó. La depuradora era del Ibasan, de las pocas que funcionaba bien. Se vio que, como en muchos municipios, no está separado el alcantarillado de aguas fecales y pluviales. Cuando llueve mucho, las torrenteras traen mucha agua, la depuradora no puede con el caudal y sale todo mezclado. ¿Quién es el responsable? Tomamos declaración como imputado al alcalde que admitió el problema, pero dijo que se resolvería en siete, diez o quince años porque suponía una inversión de más de dos mil millones. Su tope de inversión en obra pública era de 180, de los que 150, procedente de fondos europeos, iba a la obra de alcantarillado. El alcalde no podía hacer más. Esto pasa en muchos casos, la responsabilidad es compartida y no puedes hacer culpable al último que llega.

-¿Cómo se siente la Fiscalía cuando se legaliza una urbanización ilegal o se hace una ley para salvar una construcción ilegal, con sentencia firme, como fue el caso de casa de Cretu en Eivissa?
-Desde el punto de vista personal, me parece muy negativo. Es un paso atrás. Pero no podemos hacer de la Fiscalía el Coyote. Eso es tarea del legislador, que ha sido elegido en las urnas. Lo máximo que puedo hacer es no votarles. Soy partidario de ampliar los espacios naturales desde un punto de vista realista, que no suponga perjuicios para los propietarios, que se les compense.

-Su nombre suena para la Fiscalía de delitos ecológicos y urbanísticos que operará en Balears. ¿Qué supondrá esta nueva figura?
-Supondrá un gran avance. Mientras Cardenal era hostil a esta idea -me consta incluso que no veía con muy buenos ojos la actividad de estos fiscales en Balears- Conde Pumpido se ha comprometido a poner en marcha esta especialización. También hemos tenido un apoyo incondicional de la ministra Narbona. Tendremos un fiscal de sala para coordinar y se prestigiará la actividad con bienes materiales, incluso con respecto a los compañeros, por el relevo de trabajo. Esperemos que no suponga perjuicios salariales por las guardias. Queremos un fiscal por isla -ahora estamos Manolo Campo, en Eivissa, y yo, en Mallorca- queremos formación, que haya un puesto de ecotoxicólogo... y superar la etapa de voluntarismo. También debería crearse un cuerpo de policía medioambiental porque el Seprona resulta insuficiente y habría que conciliar nuestra actividad con la Fiscalía Anticorrupción en determinados casos de cohecho o prevaricación vinculadas a grandes operaciones urbanísticas.