(Diario de Ibiza, 30/11/2004)

Los promotores y la responsable jurídica del Ayuntamiento recuerdan que el arquitecto municipal era el encargado de interpretar la legalidad urbanística vigente en el acantilado

Eivissa | J. Ll. Ferrer-P. Prieto
Los técnicos jurídicos y urbanísticos del Ayuntamiento de Sant Josep, así como los promotores de la urbanización Los Parques de es Cubells -construida en un acantilado protegido por la ley en es Cap Llentrisca- defendieron ayer ante el juez la legalidad de sus actuaciones. La Fiscalía de Eivissa observa indicios de un delito contra la ordenación del territorio y otro contra el medio ambiente en este caso.

El promotor de la obra, el ciudadano francés Jacques Portrat; el arquitecto de la urbanización, Juan Ibarra; el arquitecto del Ayuntamiento de Sant Josep, Antonio Huerta Briz, y el aparejador municipal, Julio Blanco, prestaron declaración ayer durante todo el día, en calidad de imputados, ante el juez titular del juzgado de instrucción número 1, Juan Carlos Torres. La declaración más extensa fue la de Antonio Huerta, quien permaneció contestando las preguntas del juez y el fiscal durante casi dos horas. La secretaria municipal compareció también en calidad de testigo.

A la salida del interrogatorio, Portrat declinó realizar declaraciones ante los medios de comunicación, pero fuentes relacionadas con el caso señalaron que el promotor destacó en todo momento que «nosotros contábamos con todas las licencias», por lo que se considera «legalmente cubierto».

Parecidas explicaciones ofreció su arquitecto, Juan Ibarra, quien aseguró a este periódico que, «si hay licencia, es que debe haber informes a favor».

Responsabilidad del arquitecto
La secretaria municipal, María Domingo, se remitió al arquitecto municipal, Antonio Huerta, cuando fue preguntada sobre la normativa aplicable en la zona y la legalidad de las licencias.

Las preguntas del juez y el fiscal fueron encaminadas a averiguar los criterios legales que utilizaron los responsables técnicos municipales para conceder permisos de obras en una zona sobre la que pesaban varias normativas de protección que impiden edificar allí.

Estas son las primeras declaraciones que se realizan ante el juez con motivo de las diligencias abiertas a raíz de la petición hecha por la Fiscalía, después de que los ecologistas del GEN denunciaran los hechos ante la Administración y el ministerio público.

Los ecologistas afirman que estas licencias fueron concedidas de forma ilegal, ya que este acantilado goza del máximo grado de protección posible, por lo que, además de considerar irregulares los permisos, estima que podría haberse incurrido en una actuación penalmente delictiva por parte de las autoridades que las concedieron.

La Fiscalía de Eivissa, una vez analizadas las declaraciones realizadas ayer por los imputados en el caso, evaluará la conveniencia de reclamar al juez la práctica de nuevas diligencias, tanto testificales como documentales, al objeto de aclarar las circunstancias que rodearon la aprobación de esta urbanización, que ha ido creciendo de forma progresiva en los últimos años y donde en la actualidad continúan realizándose obras.