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El informe del técnico municipal también era contrario a la licencia de Puig d'en Serra |
(Diario de Ibiza, 13/11/2004)
El dictamen desfavorable del aparejador municipal se suma al que emitieron los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Los integrantes de la comisión de gobierno de 1992 afrontan un largo proceso judicial
Mientras el Ayuntamiento de Sant Josep trata de reaccionar judicialmente a la sentencia que le obliga a derribar una vivienda que autorizó ilegalmente en un terreno inedificable, ayer trascendió que el informe emitido por el aparejador municipal también era desfavorable a la solicitud presentada por el promotor. De hecho, el dictamen contrario de los servicios jurídicos del Ayuntamiento fue consecuencia directa del emitido por el aparejador. Mientras tanto, la Fiscalía avanza en la investigación de otra denuncia que implica al Consistorio de Sant Josep, esta vez en el caso de Los Parques de Es Cubells.
Sant Josep | Joan Lluís Ferrer
El informe técnico emitido por el aparejador municipal del Ayuntamiento de Sant Josep dictaminaba desfavorablemente la concesión del permiso de obras que, a pesar de ello, la comisión de gobierno terminó aprobando el 14 de mayo de 1992 para construir un chalet en la cima de un monte que las Normas Subsidiarias de Sant Josep clasificaban como inedificable desde 1986. Además de este dictamen, los servicios jurídicos municipales también propusieron denegar la licencia.
Según informaron ayer a este periódico fuentes relacionadas con el caso, el informe emitido por los servicios jurídicos en contra de la licencia era, precisamente, consecuencia del que había suscrito previamente por el aparejador, Julio Blanco. Dicho escrito, al parecer, constataba que la solicitud de permiso vulneraba diversos preceptos urbanísticos y no se ajustaba a las normativas que estaban en vigor en esa zona.
Mientras tanto, la sentencia que declara ilegal la licencia y obliga al Ayuntamiento a derribar la casa, así como el anuncio de la Fiscalía de Eivissa sobre la apertura de diligencias penales en relación con este caso, han creado un estado de desconcierto en el Ayuntamiento de Sant Josep. Miembros del equipo de gobierno admitieron su «honda preocupación» por la situación creada tras la divulgación de la sentencia -que conocían desde hace días y confiaban en mantener fuera del conocimiento público- y confirmaron que está preparándose el correspondiente recurso ante los tribunales. El hecho de que la licencia se otorgara contradiciendo el criterio de los servicios jurídicos y técnicos del Ayuntamiento agrava los temores del equipo de gobierno ante las posibles consecuencias penales, según constataron ayer las mismas fuentes.
Asimismo, el Ayuntamiento de Sant Josep no dará cumplimiento a la orden del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma de Mallorca para sancionar a quienes concedieron la licencia hasta que la resolución devenga firme, una vez que se hayan dilucidado los recursos que se interpongan a partir de ahora. Del mismo modo, eludirá ejecutar la demolición ordenada hasta el final del proceso.
Caos generalizado
Por otra parte, la sentencia dictada por el citado juzgado palmesano advierte del gran número de licencias otorgadas por el Ayuntamiento de Sant Josep que no han obtenido el preceptivo informe favorable de la Comisión Insular de Urbanismo (CIU). Hasta tal punto abundan estas licencias que anularlas todas provocaría, según la magistrada, «unos efectos devastadores desde el punto de vista social, económico y político para ese Ayuntamiento difícilmente defendible, y además constituiría una verdadera quiebra del principio de seguridad jurídica para los administrados y una vulneración del principio de equidad de los ciudadanos, pues transcurrido el tiempo y tras más de veinte años de haber obtenido su respectiva licencia de obras, podrían ver peligrar las edificaciones levantadas en sus propiedades al amparo de aquellas licencias», explica la sentencia.
La resolución judicial hace este análisis a raíz de la petición que hacía también el Consell Insular del Pacto para anular dos o tres licencias más de las proximidades en el Puig d?en Serra, aparte de la que finalmente ha sido declarada ilegal.
El interés público ha llevado a la juez a desestimar esta petición del Consell del Pacto, a pesar de que reconoce que, «como ha quedado probado, era habitual en el Ayuntamiento de Sant Josep que hasta el año 1990 no se tramitaran las solicitudes de licencia de obra en suelo rústico» obteniendo el preceptivo informe favorable de la CIU.
El dictamen desfavorable del aparejador municipal se suma al que emitieron los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Los integrantes de la comisión de gobierno de 1992 afrontan un largo proceso judicial
Mientras el Ayuntamiento de Sant Josep trata de reaccionar judicialmente a la sentencia que le obliga a derribar una vivienda que autorizó ilegalmente en un terreno inedificable, ayer trascendió que el informe emitido por el aparejador municipal también era desfavorable a la solicitud presentada por el promotor. De hecho, el dictamen contrario de los servicios jurídicos del Ayuntamiento fue consecuencia directa del emitido por el aparejador. Mientras tanto, la Fiscalía avanza en la investigación de otra denuncia que implica al Consistorio de Sant Josep, esta vez en el caso de Los Parques de Es Cubells.
Sant Josep | Joan Lluís Ferrer
El informe técnico emitido por el aparejador municipal del Ayuntamiento de Sant Josep dictaminaba desfavorablemente la concesión del permiso de obras que, a pesar de ello, la comisión de gobierno terminó aprobando el 14 de mayo de 1992 para construir un chalet en la cima de un monte que las Normas Subsidiarias de Sant Josep clasificaban como inedificable desde 1986. Además de este dictamen, los servicios jurídicos municipales también propusieron denegar la licencia.
Según informaron ayer a este periódico fuentes relacionadas con el caso, el informe emitido por los servicios jurídicos en contra de la licencia era, precisamente, consecuencia del que había suscrito previamente por el aparejador, Julio Blanco. Dicho escrito, al parecer, constataba que la solicitud de permiso vulneraba diversos preceptos urbanísticos y no se ajustaba a las normativas que estaban en vigor en esa zona.
Mientras tanto, la sentencia que declara ilegal la licencia y obliga al Ayuntamiento a derribar la casa, así como el anuncio de la Fiscalía de Eivissa sobre la apertura de diligencias penales en relación con este caso, han creado un estado de desconcierto en el Ayuntamiento de Sant Josep. Miembros del equipo de gobierno admitieron su «honda preocupación» por la situación creada tras la divulgación de la sentencia -que conocían desde hace días y confiaban en mantener fuera del conocimiento público- y confirmaron que está preparándose el correspondiente recurso ante los tribunales. El hecho de que la licencia se otorgara contradiciendo el criterio de los servicios jurídicos y técnicos del Ayuntamiento agrava los temores del equipo de gobierno ante las posibles consecuencias penales, según constataron ayer las mismas fuentes.
Asimismo, el Ayuntamiento de Sant Josep no dará cumplimiento a la orden del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma de Mallorca para sancionar a quienes concedieron la licencia hasta que la resolución devenga firme, una vez que se hayan dilucidado los recursos que se interpongan a partir de ahora. Del mismo modo, eludirá ejecutar la demolición ordenada hasta el final del proceso.
Caos generalizado
Por otra parte, la sentencia dictada por el citado juzgado palmesano advierte del gran número de licencias otorgadas por el Ayuntamiento de Sant Josep que no han obtenido el preceptivo informe favorable de la Comisión Insular de Urbanismo (CIU). Hasta tal punto abundan estas licencias que anularlas todas provocaría, según la magistrada, «unos efectos devastadores desde el punto de vista social, económico y político para ese Ayuntamiento difícilmente defendible, y además constituiría una verdadera quiebra del principio de seguridad jurídica para los administrados y una vulneración del principio de equidad de los ciudadanos, pues transcurrido el tiempo y tras más de veinte años de haber obtenido su respectiva licencia de obras, podrían ver peligrar las edificaciones levantadas en sus propiedades al amparo de aquellas licencias», explica la sentencia.
La resolución judicial hace este análisis a raíz de la petición que hacía también el Consell Insular del Pacto para anular dos o tres licencias más de las proximidades en el Puig d?en Serra, aparte de la que finalmente ha sido declarada ilegal.
El interés público ha llevado a la juez a desestimar esta petición del Consell del Pacto, a pesar de que reconoce que, «como ha quedado probado, era habitual en el Ayuntamiento de Sant Josep que hasta el año 1990 no se tramitaran las solicitudes de licencia de obra en suelo rústico» obteniendo el preceptivo informe favorable de la CIU.