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El Parlament aprueba actuar contra los depósitos ilegales en suelo rústico de los coches de alquiler |
(El Mundo, 28/09/2004)
El Parlament aprobó hoy instar a las administraciones competentes a que actúen de manera coordinada para 'conseguir la imprescindible restitución de la legalidad vigente en el uso del suelo rústico' en la actividad de las empresas de alquiler de coches que incumplen la normativa
PALMA
EFE.- El Parlament aprobó hoy instar a las administraciones competentes a que actúen de manera coordinada para "conseguir la imprescindible restitución de la legalidad vigente en el uso del suelo rústico" en la actividad de las empresas de alquiler de coches que incumplen la normativa.
La proposición no de ley presentada por el grupo mixto, integrado por Unió Mallorquina, obtuvo una amplio respaldo, ya que todas las fuerzas parlamentarias, a excepción de Esquerra Unida-Els Verds que se abstuvo, votaron a favor.
La propuesta inicial fue modificada con la introducción de dos enmiendas del grupo popular, que solicitó instar a "las administraciones competentes en materia de urbanismo y ordenación del territorio" a que realicen "los estudios necesarios para evaluar la necesidad de creación de suelo con la cualificación adecuada para desarrollar este tipo de actividad".
Esta propuesta del PP fue criticada por las diputadas del PSM Maria Antonia Vadell y de EU-EV Margalida Rosselló por considerar que supone un retraso en la aplicación de una ley que debería ser impuesta por las citadas administraciones.
Precisamente, ese fue el argumento principal que empleó Rosselló para fundamentar la abstención de su grupo, puesto que, según sostuvo de manera reiterada, "el Parlament debe legislar y no instar a que se cumpla" una normativa que debería aplicarse hace tiempo.
Durante su exposición inicial, el diputado de UM Miquel Nadal denunció el perjuicio que ocasiona a las pequeñas y medianas empresas del sector que actúan como prescribe el marco legal la "competencia desleal" practicada por otras compañías, establecidas de manera irregular en suelo rústico.
Nadal calculó que la diferencia de costes entre las empresas que se adaptan a la normativa vigente y las que no lo hacen se sitúa entre los 900 y los 1.200 euros anuales por vehículo.
El parlamentario de UM indicó que con este comportamiento las compañías con depósitos ilegales "condenan a desaparecer" a las pequeñas y medianas empresas, destruyen el territorio y afean el paisaje con unas instalaciones que causan una mala imagen a los visitantes que llegan a Mallorca en avión.
También criticó que estas empresas suelan matricular sus automóviles en la península, por lo que impiden a la Comunidad balear, cuyos ciudadanos sufren las dificultades que ocasiona la circulación de estos vehículos, recaudar los impuestos con los que se podrían mejorar las condiciones de las infraestructuras afectadas por dicha práctica.
Por ello solicitó instar a las instituciones pertinentes a que pongan en funcionamiento "todos los mecanismos necesarios" para promover la matriculación en Baleares de los vehículos empleados para el alquiler.
Esta demanda fue aprobada después de que Nadal aceptase la enmienda de sustitución del PP, la cual proponía reemplazar la expresión "poner en funcionamiento" por "estudiar".
El diputado socialista Joan Boned expresó la preferencia de su grupo por solucionar este problema con el cierre de todas las empresas que estén instaladas de forma irregular, para, a continuación, construir un polígono en el que puedan establecerse legalmente todas las empresas de alquiler de coches que lo requieran.
El Parlament aprobó hoy instar a las administraciones competentes a que actúen de manera coordinada para 'conseguir la imprescindible restitución de la legalidad vigente en el uso del suelo rústico' en la actividad de las empresas de alquiler de coches que incumplen la normativa
PALMA
EFE.- El Parlament aprobó hoy instar a las administraciones competentes a que actúen de manera coordinada para "conseguir la imprescindible restitución de la legalidad vigente en el uso del suelo rústico" en la actividad de las empresas de alquiler de coches que incumplen la normativa.
La proposición no de ley presentada por el grupo mixto, integrado por Unió Mallorquina, obtuvo una amplio respaldo, ya que todas las fuerzas parlamentarias, a excepción de Esquerra Unida-Els Verds que se abstuvo, votaron a favor.
La propuesta inicial fue modificada con la introducción de dos enmiendas del grupo popular, que solicitó instar a "las administraciones competentes en materia de urbanismo y ordenación del territorio" a que realicen "los estudios necesarios para evaluar la necesidad de creación de suelo con la cualificación adecuada para desarrollar este tipo de actividad".
Esta propuesta del PP fue criticada por las diputadas del PSM Maria Antonia Vadell y de EU-EV Margalida Rosselló por considerar que supone un retraso en la aplicación de una ley que debería ser impuesta por las citadas administraciones.
Precisamente, ese fue el argumento principal que empleó Rosselló para fundamentar la abstención de su grupo, puesto que, según sostuvo de manera reiterada, "el Parlament debe legislar y no instar a que se cumpla" una normativa que debería aplicarse hace tiempo.
Durante su exposición inicial, el diputado de UM Miquel Nadal denunció el perjuicio que ocasiona a las pequeñas y medianas empresas del sector que actúan como prescribe el marco legal la "competencia desleal" practicada por otras compañías, establecidas de manera irregular en suelo rústico.
Nadal calculó que la diferencia de costes entre las empresas que se adaptan a la normativa vigente y las que no lo hacen se sitúa entre los 900 y los 1.200 euros anuales por vehículo.
El parlamentario de UM indicó que con este comportamiento las compañías con depósitos ilegales "condenan a desaparecer" a las pequeñas y medianas empresas, destruyen el territorio y afean el paisaje con unas instalaciones que causan una mala imagen a los visitantes que llegan a Mallorca en avión.
También criticó que estas empresas suelan matricular sus automóviles en la península, por lo que impiden a la Comunidad balear, cuyos ciudadanos sufren las dificultades que ocasiona la circulación de estos vehículos, recaudar los impuestos con los que se podrían mejorar las condiciones de las infraestructuras afectadas por dicha práctica.
Por ello solicitó instar a las instituciones pertinentes a que pongan en funcionamiento "todos los mecanismos necesarios" para promover la matriculación en Baleares de los vehículos empleados para el alquiler.
Esta demanda fue aprobada después de que Nadal aceptase la enmienda de sustitución del PP, la cual proponía reemplazar la expresión "poner en funcionamiento" por "estudiar".
El diputado socialista Joan Boned expresó la preferencia de su grupo por solucionar este problema con el cierre de todas las empresas que estén instaladas de forma irregular, para, a continuación, construir un polígono en el que puedan establecerse legalmente todas las empresas de alquiler de coches que lo requieran.