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El Síbaris quedará legalizado con la demolición parcial del edificio |
Una juez exime del derribo total y avala el proyecto de adecuación del inmueble al PGOU vigente
MATEU FERRER. POLLENÇA.
El edificio Síbaris, en la primera línea del Port de Pollença, quedará definitivamente legalizado previa demolición parcial de una parte en su zona posterior, evitando así el derribo integral del inmueble -inmerso en un proceso judicial desde 1997-, reclamado por varios vecinos de viviendas colindantes.
El inmueble, en la esquina de las calles Londres número 40 y Brúixola (conocido popularmente con el nombre del restaurante que acogió en su día, Síbaris), obtuvo licencia municipal para reforma hace dos legislaturas. Entonces, varios propietarios de chalés vecinos alegaron que en realidad se derribó el antiguo Síbaris, que ello conllevaba la pérdida del derecho de edificabilidad en el solar, y que en cualquier caso, el nuevo edificio en construcción -que hoy consta de planta baja para locales comerciales y dos alturas- vulneraba el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), por lo que acudieron a los tribunales.
En 2002, el Supremo dio la razón a los demandantes y anuló las licencias de obras otorgadas por el Ayuntamiento. El edificio reformado, pues, quedó fuera de ordenación. Ahora la magistrada de lo contencioso-administrativo número 1, Carmen Frigola, acaba de dictar un auto en el que declara ajustado a derecho el proyecto de legalización aprobado por el Ayuntamiento de Pollença.
Así, día 8 de octubre de 2003 el consistorio concedió licencia de obras de legalización y reforma del Síbaris, para ajustarlo a la ordenación urbanística vigente. Entre otros, se estipula de demolición de la edificación existente en planta baja en la parte posterior del edificio -no legalizable-, la adición de unos pequeños porches también en la parte posterior y el mantenimiento de la escalera, lo cual no supone un aumento ni de volumen de superficie construida ni de altura, reza el auto judicial.
Sin indemnización vecinal
La magistrada desestima además indemnización económica alguna a los vecinos demandantes, ya que el objetivo de restauración de la legalidad "consiste en adecuar la realidad del edificio construido a la legalidad urbanística, lo que se ha conseguido a través de la legalización que ha comportado la demolición parcial del edificio".
En este caso, "la legalización comporta un edificio resultante con menor ocupación y superficie construida en plantas bajas y piso; una mayor separación de los linderos de las parcelas limítrofes, especialmente con la situada al oeste, a la que estaba adosada; una menor altura, al haberse reducido la general del edificio, habiéndose eliminado además el torreón-castillete de salida a cubierta".
Finalmente, para la juez "no ha quedado probado en ningún caso" que se haya alterado la superficie de la parcela para que el nuevo edificio reformado cumpla con los parámetros urbanísticos del PGOU, ni que se incumplan los retranqueos, argumentos también esgrimidos por los denunciantes.
El alcalde, Joan Cerdà (UM), declaró ayer que "se ha podido resolver este litigio", lo que ha evitado "consecuencias económicas brutales para el Ayuntamiento".