Pastor quiere instalar las oficinas municipales en un edificio ilegal |
El inmueble, situado en la calle Mayor, tiene 4 plantas fuera de ordenación
RAFAEL GABALDÓN
MANACOR.- El Ayuntamiento de Manacor estudia legalizar un edificio fuera de ordenación para comprarlo y convertirlo en las futuras oficinas centrales de la Corporación. La modificación de las actuales normas urbanísticas significará reglamentar 4 plantas, de las nueve que tiene el inmueble destinado a la venta de muebles en la calle Mayor; una de las más céntricas de la ciudad. Las otras cinco son legales.
El alcalde Antoni Pastor hace tiempo que acaricia la idea de comprar un amplio edificio a buen precio, si es posible, y trasladar allí todas las oficinas actualmente diseminadas por la ciudad y que le cuestan al Consistorio grandes sumas de dinero por los alquileres. El equipo de gobierno del PP valora como muy positivo tener en un mismo inmueble todas las dependencias, ya que facilitaría la tarea a los vecinos que se ven obligados a deambular por la ciudad.
El primer edil habló con la oposición de la conveniencia de contar con el edificio que por sus características urbanísticas el precio era muy rentable y se amortizaría rápido. Los líderes de la oposición: Miquel Riera (ALM-UM), la socialista Mercè Amer y la nacionalista Margalida Capó convinieron que era urgente tener una infraestructura pública y concentrar en el lugar todos los despachos.
Otras fincas
El pretendido consenso de Pastor se encontró con una objeción de la oposición. Los partidos no estaban de acuerdo en comprar un edificio fuera de ordenación y con cuatro plantas construidas ilegales. Hay en la ciudad otros edificios en zonas más degradadas que si pasan a convertirse en oficinas el lugar se rehabilitaría. El PSOE, ALM-UM y PSM entendían que era un fatal ejemplo que el Consistorio instale los gabinetes en un edificio parcialmente ilegal, si bien como almacén de muebles en aquella época se toleró en varios edificios.
Pastor que quiere a toda costa el edificio y contar con el consenso de los diez concejales de la oposición pretende contentar a todos para recibir el plácet de la junta de portavoces. Por ello, ha ideado la mencionada propuesta, cambia las normas, legaliza el bloque con la obligación de que se destine a uso público y se compra a cargo del Ayuntamiento.