FORMENTERA | CARMELO CONVALIA. Josefa Gómez Ortiz está indignada. Hace una semana se enteró, por terceros (ya que nunca recibió una notificación personal), de que en el Bocaib del pasado 2 de septiembre aparecía la notificación sobre el inicio de un expediente sancionador por parte de la Demarcación de Costas en Balears en la que se le imponía una sanción de 18.000 euros. El motivo: «Aporte de áridos al dominio público marítimo terrestre de volumen aproximado de grava de 50 metros cúbicos, entre los hitos 323-324, en un tramo de costa denominado casa es Carritx, playa Arenals, del término municipal de Formentera».

La propietaria de este pequeño negocio familiar es una de las afectadas por el deslinde de Costas de Formentera y ha vivido en primera persona la lucha contra el deslinde de la isla que hace una década lideró su esposo, Joan Tur, ya fallecido. Josefa Gómez ha recurrido la sanción, ha buscado una abogada y asegura que «ni mucho menos he vertido 50 metros cúbicos, y allí están las facturas que lo demuestran». No niega que realizó el aporte de este árido, de piedra pequeña y color arena que apenas se distingue en el entorno y asegura: «Mandé echar la grava por una razón de mantenimiento».

Josefa Gómez relata que la visita del celador de Costas se produjo en el mes de diciembre de 2007, «porque había unos pintores que iban a pintar el tejado para impermeabilizarlo y acabar así con las goteras». Cuenta que ni siquiera le dieron tiempo a subir al tejado, ya que cuando estaba preparando la pintura se personaron los representantes de Costas a parar el trabajo y «al ver que había un montón de grava que todavía no había extendido, debieron iniciar el expediente, digo yo». Coincide que en esas fechas estaba en Suiza, pero un familiar suyo le recogía el correo puntualmente y asegura que durante los meses que estuvo fuera no recibió ninguna notificación.

Josefa Gómez ha hablado con el presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, sobre su caso y este le ha expresado su sorpresa al haberse enterado de la noticia y dado su apoyo. Ferrer se comprometió a hablar directamente con Costas para ver «qué se podía hacer», apunta la propietaria.

La plataforma de afectados por el deslinde, Salvem Formentera, también se ha interesado por el caso, y considera que se está produciendo «un acoso» hacia los propietarios de establecimientos que se encuentran atrapados en la imposibilidad de realizar trabajos de mantenimiento de sus negocios por miedo a la sanción de Costas.

Gómez afirma: «Son ya muchos años de inseguridad en nuestras propiedades y no sabemos si nuestros nietos lo podrán disfrutar».