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Ultimátum judicial a Andratx para demoler los apartamentos de Monport

(Última Hora, 29/05/2021)

Pedro Aguiló Mora. Ultimátum judicial al Ajuntament d’Andratx para que ejecute de una vez la sentencia que le obliga a demoler los ocho bloques de apartamentos ilegales en Monport, cuya construcción, ejecutada en aproximadamente un 80 por ciento, fue paralizada en julio de 2007. La titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma, la magistrada Nuria Magem Ramos, fijó el pasado 23 de abril un plazo de dos meses para que el consistorio «materialice en actuaciones concretas» el protocolo firmado el 2 de marzo con el Govern para la redacción del proyecto de demolición los edificios.

Una encomienda de gestión a la que los servicios jurídicos de la entonces Conselleria de Mobilitat i Habitatge ya dieron ‘luz verde’ en octubre de 2019, pero que el ayuntamiento sólo ha protocolarizado después de que los letrados del Consell de Mallorca (en calidad de acusación particular) remitieran el 9 de febrero un escrito a la juez en el que denunciaban que, desde el último trámite dictado el 18 febrero de 2020, referente a la ejecución forzosa de la sentencia de demolición, había pasado casi un año «viendo que aún no se ha dado el primer paso, que es la elaboración del preceptivo proyecto de demolición».

En este sentido, desde el Consell insisten en considerar que el Ajuntament d’Andratx «busca justificaciones o excusas y pasar la responsabilidad de ejecución a otras administraciones, por lo cual resulta patente que persiste en el incumplimiento de la interlocutoria que en agosto de 2017, por la cual se concedió al Ayuntamiento un plazo máximo de un año para la restauración del orden jurídico infringido».

Este severo escrito remitido por los abogados del Consell de Mallorca al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma, es el que activa la providencia de la magistrada y, entre medias, la firma del protocolo con la ahora Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat para la redacción del proyecto de derribo de los ocho bloques de apartamentos ilegales, compuestos por 68 viviendas sin habitar.

Fruto de ese documento protocolario, el pleno de la corporación andritxola aprobó de forma inicial el jueves un convenio con la citada consejería del Govern para redactar el mencionado proyecto. Un convenio cuya aprobación definitiva y posterior rúbrica todavía puede demorarse meses.

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