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Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears
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Alaior: Torre Vella se enfrenta a una sanción de 1,5 millones por construir 7 piscinas ilegales

(Menorca, 17/03/2021)

Además el agroturismo ha hormigonado más de 2.000 metros cuadrados de caminos agrarios, según hace público el GOB, que ha sido quien ha denunciado las infracciones

Redacción Menorca. El Consorcio de Disciplina en Suelo Rústico de Menorca tramita la imposición de tres sanciones de 486.844 euros al promotor, al constructor y al arquitecto del agroturismo de Torre Vella, en el término de Alaior, por la construcción de siete piscinas no declaradas, el hormigonado de más de 2.000 metros cuadrados de caminos agrarios y la construcción de explanadas de hormigón no previstas.

El GOB, que ha sido el autor de la denuncia por estas obras, considera que los promotores, Fontanille Menorca, engañaron a la administración «con un teórico compromiso medioambiental». Consistía en que los depósitos soterrados que debían servir para acumular aguas depuradas se han convertido en piscinas.

El GOB ha indicado que ahora se abre un plazo para que los sancionados puedan pedir la posible legalización de las obras. «Resulta complicado porque las obras no tan sólo no tenían licencia, sino que van en sentido contrario a las condiciones ambientales impuestas en su autorización, por lo que el incumplimiento es doble», han manifestado.

Los ecologistas han explicado que el agroturismo de Torre Vella presentó un proyecto que gastaba mucha agua del acuífero en los servicios turísticos y, con el fin de reducir este impacto, incorporaron la construcción de diversos depósitos soterrados que tenían que acumular aguas depuradas que servirían para abastecer toda la jardinería.

«Esta medida fue muy apreciada por la Comisión Balear de Medio Ambiente, que aprobó el proyecto condicionado a incorporar todavía algunas otras medidas de ahorro», han remarcado. Sin embargo, el GOB detectó que los depósitos soterrados se acabaron convirtiendo en piscinas y alertó al Consorcio de Disciplina Urbanística, quien ahora ha emitido la resolución.

La organización ha recordado que este proyecto estuvo envuelto de polémica durante su tramitación porque los promotores «cogieron todos los edificios existentes en la finca para destinarlos a usos turísticos y después se quejaron públicamente porque querían alzar nuevos edificios agrarios y la tramitación era pesada».

Desde el GOB han subrayado que estos nuevos edificios agrarios «hace un año que están a medio construir al lado del Camí de Cavalls».

Los ecologistas han afirmado que este caso ejemplifica algunas de las cuestiones que el GOB plantea en la nueva redacción del Plan Territorial Insular (PTI) como es la necesidad de regular las piscinas en los alojamientos turísticos, el consumo de agua de acuífero de las nuevas ofertas turísticas y la necesidad de contar con un servicio de vigilancia efectivo, especialmente sobre los grandes proyectos.

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