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Llucmajor tendrá que demoler una zona de un colegio por una denuncia vecinal de hace 12 años

(Última Hora, 3/09/2020)

Europa Press. El Ayuntamiento de Llucmajor (Mallorca) tendrá que demoler una zona del Centro de Infantil y Primaria Puig de Ros en ejecución de una sentencia que da la razón a una denuncia vecinal de hace 12 años, motivada por una irregularidad urbanística.

Así lo ha anunciado el alcalde, Éric Jareño, que ha lamentado que el actual consistorio tenga que hacerse cargo de «actuaciones llevadas a cabo hace más de una década», en un contexto ya de por sí anómalo por la pandemia de COVID-19.

Los hechos se remontan a la construcción del CEIP, con un proyecto que contravenía el planeamiento urbanístico vigente. Con la edificación ya terminada, se modificó el Plan General de Ordenación (PGOU) para ajustar el uso de los terrenos, una decisión que ahora [Nota de Disúrbia: ara no, en 2015...] ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). Así, el Tribunal obliga a demoler una franja de cuatro metros del CEIP.

Según el Ayuntamiento, la decisión afecta a 500 alumnos en esta zona escolar. La regidora de Educación, Xisca Lascolas, ha lamentado que los estudiantes «verán como equipaciones escolares como la biblioteca, el comedor, la cocina o los baños son derribados».

«No entendemos la denuncia de unos vecinos de la misma urbanización que con su postura deterioran el funcionamiento de este espacio educativo tan importante para los residentes. No sabemos qué intereses o conflictos han tenido con la construcción de la escuela y su funcionamiento», ha declarado.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Guillermo Roig, ha criticado que el Tribunal «no aceptara ninguna de las soluciones presentadas» por Ayuntamiento, Consell y Govern, y que así haya dado pie al «innecesario derribo de parte de un colegio, con el consiguiente perjuicio que esto está ocasionando a los vecinos y alumnos no sólo de Puig de Ros sino también de otras urbanizaciones».

Desde el consistorio han advertido también que las obras de demolición serán «incompatibles» con el funcionamiento de la escuela, puesto que la resolución llega en vísperas del inicio del curso escolar. «En nuestro plan de acción presentado a la sala, y en cumplimiento de lo impuesto por el Tribunal, hemos considerado todas las alternativas para que el impacto sea lo menos perjudicial», ha matizado la regidora de Educación.

Una vez concluidas las obras de demolición, el Consell y el Govern tendrán que realizar «las modificaciones que consideren oportunas para el buen funcionamiento del edificio, así como la reestructuración que consideren necesaria», según han apuntado desde el Ayuntamiento de Llucmajor.

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