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Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears
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Las multas en Mallorca por infracciones urbanísticas en rústico suman 29,7 millones en diez años

(Última Hora, 25/07/2020)

M. Nadal. La Agència de Disciplina Urbanística (ADT) ha interpuesto multas por infracciones urbanísticas por valor de 29,7 millones de euros desde su creación, en el año 2009, hasta el año 2019. Así se informó ayer durante la reunión del consejo de dirección del organismo que depende directamente del Consell de Mallorca.

De los casi 30 millones de euros interpuestos como multas por las varias infracciones que se cometen en suelo rústico (construcción de piscinas, porches o, incluso, nuevas edificaciones sin ningún tipo de licencia urbanística) solo se ha recaudado el 13 % de la cifra total, lo que suponen unos 3,8 millones de euros. Por otra parte, también están pendientes de cobro los 5,4 millones de euros derivados de procesos de subasta de inmuebles. Esta cantidad se ingresará a la ADT según se resuelvan los procesos.

Este desfase entre cifras se debe a que algunas de las sanciones interpuestas en un principio pueden tener una rebaja por el restablecimiento de la legalidad. De hecho, fuentes de la ADT indicaron ayer que «el objetivo de la institución no es recaudatorio, sino que es el restablecimiento de la legalidad antes de la demolición». Además, desde la ADT remarcan que si el restablecimiento de la legalidad se ejecuta de manera voluntaria por parte del propietario existe una rebaja de entre el 80 y el 90 % de la multa.

De hecho, y en el mismo sentido, en la memoria del año 2018 se recoge que de las 97 demoliciones ordenadas por la Agència, un total de 88 (lo que supone un 90%) se ejecutaron por parte del infractor en el plazo voluntario o antes de que la ADT dictara una orden de demolición. Las multas, en estos casos, tuvieron una rebaja del 90 %.

Sistema de recaudación

Aunque desde la ADT insisten en que «lo ideal sería no tener que multar porque significaría que no se cometen infracciones», el organismo ha implantado medidas para mejorar el sistema de recaudación.

Entre estas medidas destaca que desde el mes de octubre del año pasado, la recaudación de las sanciones está delegada a la Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) y se ha solicitado a este mismo organismo que inicie los expediente sancionadores [Nota de Disúrbia: això no és possible, és una errada periodística] y se adopten medidas cautelares para que los infractores no se puedan deshacer de sus bienes.

Actualmente, el departamento de tesorería del Consell de Mallorca negocia un segundo acuerdo con la ATIB para que pueda asumir también la recaudación derivada de las sanciones pendientes de pago, como los 5 millones pendientes de los procesos de subasta.

Además, a propuesta de la ADT, se han incorporado medidas legislativas a la Llei d’Urbanisme para que los infractores asuman los gastos registrales del procedimiento o que se incluyan comunidades de bienes, entre otros aspectos.

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