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Andratx: los apartamentos ilegales de Cala Llamp siguen sin derribar y recibiendo huéspedes

(Última Hora, 31/05/2020)

P. Aguiló Mora.Ni el estado de alarma decretado tras el estallido de la pandemia de coronavirus ha impedido que a algunos de los apartamento ilegales de la calle Tonyina de Cala Llamp (Andratx), sobre los que desde septiembre de 2013 pesa una orden judicial de demolición, sigan llegando inquilinos.

Según ha podido comprobar in situ este periódico, pese al relativo abandono de las zonas comunes del complejo residencial, durante las últimas semanas se ha visto movimiento de entradas y salidas, hasta el punto de, tal y como atestiguan las fotografías de la derecha, dar con una pareja de huéspedes tomando el sol frente a la piscina.

Desde el mismo verano en que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Palma declaró nula la licencia de obras que permitió la construcción de 12 apartamentos repartidos en dos bloques y ordenó su demolición, estas viviendas se han venido alquilando a turistas temporada tras temporada.

Un hecho que, al menos durante los últimos dos años, no se hubiera producido de haberse cumplido con los plazos previstos y acordados entre el mencionado juzgado y el Ajuntament d’Andratx a finales de 2017. Entonces todo hacía prever que las obras de demolición de las viviendas ilegales se iniciarían en enero de 2018, después de que el 13 noviembre de 2017, tras casi dos años de espera y con un auto judicial en la mano, los técnicos municipales accedieran a interior de los apartamentos para llevar a cabo la inspección y peritaje previo a la redacción final del proyecto de derribo.

Sin embargo, algunos propietarios de los apartamentos no estuvieron de acuerdo con la valoración realizada por los funcionarios y recurrieron ante los tribunales. Hecho que frenó y ha retrasado hasta el momento presente la licitación e inicio de los trabajos de derribo. Ello ha permitido que todavía hoy sigan ofertándose y llegando huéspedes.

Los 12 apartamentos ilegales la calle Tonyina de Cala Llamp se construyeron al amparo de una licencia urbanística concedida en verano de 2005 por el entonces alcalde Eugenio Hidalgo (condenado posteriormente a prisión por demás delitos urbanísticos), que, a la postre, y a resultas de una denuncia del GOB, la justicia declaró nula.

Desde entonces, la relación entre los propietarios de los apartamentos (por los que se pagaron hasta 600.000 euros) y el Consistorio ha sido tensa. Baste señalar que, para realizar las inspecciones de noviembre de 2017, fue necesario un mandamiento judicial, puesto que cinco de los ocho titulares de las 12 viviendas se negaban a abrir las puertas de sus casas a los inspectores y técnicos municipales.

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