(Diario de Ibiza, 13/03/2020)

La Fiscalía de Ibiza le acusa por delitos contra el medio ambiente y ordenación del territorio por la construcción de una gran casa en terreno protegido en el Puig des Corb Marí, en ses Salines

José María Alonso. El ministerio fiscal reclama una pena de cuatro años de prisión para el responsable de una mansión ilegal de Sant Josep por la comisión de sendos delitos contra el medio ambiente y contra la ordenación del territorio, informó ayer la Fiscalía de Ibiza. La vista oral se debería haber celebrado ayer a las once de la mañana en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza, pero se tuvo que suspender por incomparecencia de algunos de los citados. Los que no faltaron a la cita fueron cinco agentes de la coselleria balear de Medio Ambiente, que estaban llamados a declarar por la acusación pública.

El acusado es el responsable de la empresa Skaren S.A., que levantó en 1996 una mansión en un suelo inedificable de es Puig des Corb Marí, en ses Salines, y por ello fue denunciado por el Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN) desde el primer momento. Sin embargo, pese a los requerimientos de paralización que también hizo entonces el Consell de Ibiza, el Ayuntamiento de Sant Josep no solo no actuó contra las obras, sino que trató de legalizarlas. Según la denuncia, la casa se levantó en un Área Natural de Alto Nivel de Protección, según la Ley de Espacios Naturales (LEN).

Los agentes de Medio Ambiente también investigaron otros trabajos presuntamente ilegales realizados en este terreno, ejecutados, al parecer, con el fin de conseguir tener vistas a Formentera desde los balcones de la mansión.

A causa de las presuntas ilegalidades derivadas de la construcción de esta gran casa de lujo, la justicia ordenó su derribo. Hace más de cinco años, en septiembre de 2014, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma remitió un escrito al Consell de Ibiza en el que establecía un plazo de diez días para que el entonces presidente, Vicent Serra, explicara qué actuaciones había realizado para cumplir la sentencia de derribo y para que detalle cuál es el órgano o persona responsable de materializar ese derribo. La máxima institución insular informó entonces de que ya había respondido al juez.

Tras la denuncia del GEN, y después de un largo periplo judicial, los tribunales dictaron sentencia de demolición hace aproximadamente 17 años, aunque nunca llegó a ejecutarse. El GEN, ante «la absoluta desidia de las administraciones implicadas» y para evitar que el asunto caiga en el olvido, se terminó personando en la causa para impulsar el derribo y, como consecuencia de ello, el juzgado apremió en 2014 al Consell a aclarar en qué situación se encuentran los trámites. A día de hoy, la casa sigue sobre el puig. En 2013, el GEN constató que la vivienda en cuestión se estaba comercializando como vivienda turística en una web extranjera por 50.000 euros semanales, «usándose así la obra ilegal para obtener beneficios ilícitos», según denunció el grupo ecologista.

Posible legalización

En 2014, el presidente Vicent Serra declaró que «en la sentencia no se explica que se tenga que tumbar la casa». Al parecer, la última resolución se refería a «restituir la legalidad infringida», si bien el GEN considera obvio el mandato de demolición.

Serra también dijo entonces que «podría ser que hubiera iniciado trámites de legalización, o que estuviera legalizada por algún tipo de normativa», aunque admitió que «en principio, todas las casas [ilegales] en un Área Natural de Especial Interés (ANEI) son ilegales». Por su parte, el GEN, con base en un informe elaborado por el propio Consell y enviado al Ayuntamiento de Sant Josep, destacó la imposibilidad de legalizar esta vivienda. El Consell dijo que, en todo caso, «no es un tema del insular, sino que es un tema municipal».