(Diario de Ibiza, 17/12/2019)

Una casa prefabricada en Santa Agnès y una vivienda de madera en Sant Josep han sido desmanteladas por los propios dueños | Las multas llegan al 300% del valor de la obra ilegal

Joan Lluís Ferrer. El Consell de Ibiza ha obligado a derribar dos construcciones ilegales edificadas en suelo rústico protegido, ejecutadas sin licencia y contrarias a la ordenación territorial, según informó la institución insular este martes en una nota.

Una de las obras ilegales erradicadas consiste en una casa ubicada en el Pla de Corona, en una zona declarada Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP), mientras que la otra es una construcción levantada en la finca de un vecino, en un Área Natural de Especial Interés (ANEI) en el municipio de Sant Josep.

Los infractores responsables de estas acciones se acogieron a la opción que permite la ley de urbanismo para demoler voluntariamente estas obras ilegales. Las sanciones se impondrán una vez se resuelvan los expedientes.

La casa ubicada en el Pla de Corona es una vivienda prefabricada dotada de instalación eléctrica y de agua, que era visible desde las fincas de su alrededor y desde algunos caminos que discurren por esta zona.

Una patrulla del Seprona de la Guardia Civil denunció los hechos y los puso en conocimiento del Consell de Eivissa, que tramitó el expediente y el procedimiento sancionador que ha desembocado en el derribo de la edificación. La vigente ley balear de urbanismo otorga a los consells insulares las competencias en disciplina urbanística en suelos protegidos.

La segunda construcción desmantelada era tipo 'yurta' mongola, una vivienda móvil con estructura de madera, levantada sobre una cimentación de hormigón para cuya implantación se deforestó una superficie de unos 150 metros cuadrados, según las averiguaciones practicadas.

En este caso, el infractor construyó la edificación en una parcela que ni siquiera era de su propiedad, sino que pertenecía a su vecino, quien interpuso una denuncia en el Ayuntamiento de Sant Josep. El Consistorio, a su vez, remitió la denuncia al Consell de Ibiza por ser de su competencia.

La institución insular recordó ayer a través de una nota que cualquier actuación no amparada en licencia en suelo rústico protegido comporta sanciones de cuantías muy elevadas que pueden llegar hasta un 300 % del valor de las obras.

«Los ciudadanos deben saber que quien responde de estas sanciones son las personas propietarias, los promotores, las constructoras y todas las demás personas que tengan atribuidas facultades decisorias sobre la ejecución o el desarrollo de los actos sin licencia, así como el personal técnico titulado que sea director de éstos, y el redactor de los proyectos». Además, las multas que se imponen por una infracción se dirigen de forma independiente a cada una de estas personas, aclaró la institución.