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Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears
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Las demoliciones de casas ilegales crecen un 800 %

(Última Hora, 16/09/2018)

Joan Riera. Por primera vez en medio siglo de ‘caseterismo’ ilegal en terreno rústico o protegido de Mallorca, el Consell, a través de la Agència de Defensa del Territori, se ha lanzado a la caza de los infractores de una manera decidida y sin concesiones. Y ha llegado hasta el final. En lo que va de legislatura ya se han realizado 168 ejecuciones de demolición, algo nunca visto en la isla.

En la anterior legislatura fueron 19. Se trata de un crecimiento exponencial que se acerca al 800 por cien. De estas 168 demoliciones, todas menos una han sido llevadas a cabo por los propietarios, ya que en 2016 se ha puesto en marcha la figura de las multas coercitivas. Se pueden imponer un máximo de doce al dueño si no derriba él mismo, que es lo que han acabado haciendo casi todos.

Sin embargo, esta reacción institucional llega tras décadas de permisividad. Las edificaciones ilegales en suelo rústico o protegido de Mallorca comenzaron en los años sesenta del siglo pasado, en paralelo al ‘boom’ urbanístico de las ciudades y núcleos costeros de la Isla. El descontrol se prolongó durante décadas. A mediados de los años ochenta, a comienzo de la autonomía, se calculaba que en el extenso núcleo de Llucmajor había cerca de 2.000 construcciones ilegales en terreno rústico. También el concepto ‘ilegal’ era un término relativo. Había fórmulas ‘consentidas’ para burlar la normativa, como pagar una fuerte sanción al ayuntamiento y, a cambio, la casa quedaba ‘regularizada’.

Las falsas legalizaciones se producían por ‘consolidación’ [Nota de Disúrbia: la consolidació és una altra cosa, aquí sembla que es vol parlar de prescripció de la infracció], al pasar más de ocho años desde su construcción sin que el ayuntamiento reaccionase. Se dieron casos flagrantes y escandalosos como que en algún caso una construcción ilegal se levantó sobre un talaiot.

Sin embargo, ya hubo acciones de denuncias llevadas a cabo por el GOB en los años ochenta. Fueron larguísimas batallas legales que duraron lustros y conllevaron sonados derribos de construcciones ilegales, como fueron varias casas en Llucalcari, donde el alcalde fue condenado a multa por los tribunales si no procedía a la demolición, o la famosa urbanización de Ses Covetes, también demolida [Nota de Disúrbia: ha de quedar clar que aquests són dos exemples de llicències mal concedides pels ajuntaments, no d'obres fetes sense llicència].

El año 2006 estalló el caso Andratx a causa de la denuncia de un particular en la que se intuía una intencionalidad política detrás y por primera vez fue encarcelado un alcalde: Eugenio Hidalgo. En Andratx, uno de los municipios con fama de ser muy permisivo, la situación urbanística cambió de manera radical en aquel momento.

Por aquel entonces, cuando se produjeron estas denuncias ecologistas, las competencias en urbanismo dependían de cada ayuntamiento [Nota de Disúrbia: això no és exactament així, la subrogació dels consells insulars en les competències municipals existeix des de 1990...]. En este contexto, el Consell puso en marcha la Agencia de Disciplina Urbanística en 2009 y se instó a los ayuntamientos a que cediesen sus competencias en urbanismo. Este organismo ha cambiado de denominación y actualmente se llama Agència de Defensa del Territori, tiene su sede en la Conselleria del Territori del Consell, al frente de la cual está Mercedes Garrido. Esta agencia está dirigida por el técnico Bartomeu Tugores y desarrolla su tarea de forma autónoma al poder político.

Control férreo

Defensa del Territori actúa e impide que prosiga la degradación del rústico mallorquín en toda Mallorca. Entre 2016 y 2017 la Agència ha emitido 142 informes dirigidas a los ayuntamientos para constatar si la licencia pedida se ajusta a obras ilegales detectadas. Compromete a los consistorios. Estos informes no se hacían antes de 2016.
 

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