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Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears
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La Audiencia exige la demolición para evitar la cárcel en delitos urbanísticos

(Diario de Mallorca, 31/08/2018)

Para conceder la suspensión de las penas privativas de libertad se pide el derribo de lo construido ilegalmente o un plan con fecha de ejecución

Felipe Armendáriz. La Audiencia de Palma está exigiendo a los condenados por delitos urbanísticos que piden la suspensión de sus penas de cárcel que derriben sus construcciones ilegales o, subsidiariamente, que presenten un detallado plan de demolición, con fechas de ejecución. No obstante,las demoliciones de los chalés y hasta fincas de pisos construidos al margen de la ley o en zonas protegidas son muy lentas, según destaca la fiscalía de Medio Ambiente en un balance.

El informe de la fiscalía de Medio Ambiente, a cuyo frente se halla Rosario García Guillot, destaca que en Balears se siguen produciendo condenas por delitos urbanísticos, aunque han aumentado también los casos por maltrato animal.

García se congratula de que la instrucción de estas causas se hace con diligencia, dado que todas las sentencias han sido condenatorias y cada vez son más frecuentes las conformidades (admisiones de culpabilidad previa rebaja de la condena).
Hace un tiempo, y al hilo de una reforma legal en la materia, surgieron discrepancias a la hora de ejecutar este tipo de delitos, que suelen ser penados con penas inferiores a dos años de cárcel y la restitución de la zona dañada a su estado original, normalmente la demolición de todo o parte de lo construido ilegalmente.

Los juzgados de lo penal de Eivissa concendieron algunas suspensiones sin la previa demolición. La fiscalía recurrió esa decisión y la Audiencia confirmó la suspendión de la pena de cárcel, pero supeditada "a la presentación (en el plazo de un mes) de un calendario de la obra, con la designación de la empresa que va a llevar a cabo las obras y las fechas de inicio y final de la obra".

Si este "planning" no se presentaba en un mes, se ordenaría el ingreso en prisión del condenado, según dispuso la Audiencia.

Cuatro demoliciones en un año

En 2016 se produjeron cuatro demoliciones por orden judicial, dos ejecutadas por los condenados y otras dos, subsidiaramente por los Ayuntamientos.

Según García Guillot, los derribos, como consecuencia de sentencias judiciales, son muy lentos y los Ayuntamientos de Balears se han quejado de que carecen de medios para ejecutar esas obras, que en algunos casos son muy costosas.

La memoria de la fiscalía de Medio Ambiente se hace eco de un penado que, para evitar el derribo de su chalé ilegal, compró los terrenos colindantes, a fin de reunir los metros cuadrados suficientes para legalizar una casa en suelo rústico.

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