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Sant Antoni no ejecuta las sanciones por infracciones debido a la falta de personal

(Diario de Ibiza, 11/06/2017)

De las tres arquitectas que tiene el departamento de Urbanismo, dos están de baja y la otra tiene un contrato provisional | La parálisis también se pone de manifiesto en la permanencia de las vallas publicitarias ilegales en suelo rústico en el municipio

Joan Lluís Ferrer. Los infractores tienen el campo abonado en el municipio de Sant Antoni. Las posibilidades de que una obra ilegal acabe siendo derribada, tal y como prevé la ley, son infinitesimales, según se desprende de la estadística proporcionada por el propio equipo de gobierno. Durante todo el año 2017 no se materializó el derribo de ninguna de las construcciones que tenían orden de demolición, tanto si eran muros como ampliaciones o casas, y únicamente se recaudaron, en concepto de sanciones, 65.000 euros en total.

Esta baja actividad no se explica por la escasez del número de infracciones, pues en el mismo año se cerró la tramitación de 23 expedientes con orden de derribo, si bien esos casos no se corresponden necesariamente con los 65.000 euros recaudados, puesto que esta cantidad procede de expedientes de años anteriores.

En 2013 el Ayuntamiento de Sant Antoni declaró haber recaudado (es decir, haber ingresado realmente) 328.000 euros, mientras que en 2012 habían sido 425.000 euros, cifras parecidas a las que recaudaba por esos años el Ayuntamiento de Santa Eulària. Sin embargo, incluso en ese periodo el número de derribos reales en el municipio de Sant Antoni consistió exactamente en uno: un muro ilegal.

El equipo de gobierno explica esta situación por la sucesión de recursos judiciales, alegaciones y trámites a los que tienen derecho los infractores para dilatar el pago de las sanciones y para ejecutar la demolición ordenada. Ello explica, por ejemplo, que una vivienda construida en suelo protegido en es Colt de Sant Mateu que tiene orden de derribo desde hace cinco años no sólo continúe en pie, sino que incluso haya sido ampliada mientras tanto.

De igual modo, la permanencia de vallas publicitarias ilegales en suelo rústico (e incluso la aparición de otras nuevas) continúa totalmente impune. Ni una sola ha sido retirada por el Ayuntamiento.

Bajas constantes

Sin embargo, otra causa de esta parálisis es la precariedad de la plantilla de personal que tiene el Ayuntamiento, tanto en Urbanismo como en Actividades, áreas que comparten muchos de sus técnicos.

Según los datos del equipo de gobierno, actualmente el Consistorio tiene tres arquitectas. La que tiene el puesto de titular está de baja, «pero se confía en que se reincorpore pronto», señaló una portavoz municipal. Otra arquitecta tiene un contrato de servicios, mientras que la tercera estaba previsto que terminara sus servicios estos días «y ya se ha pedido al Colegio de Arquitectos que envíe a otra persona».

El aparejador municipal acabará también este mes su contrato de servicios y se espera sustituirlo por otro.

Al margen de estos puestos, hay una letrada que ejerce de jefa técnica de Urbanismo, un ingeniero compartido entre Actividades y Urbanismo, y otro ingeniero de Actividades que acaba de abandonar también el puesto. Un delineante y cuatro administrativos completan la plantilla dedicada a Urbanismo y también a Actividades, que son las dos principales fuentes de infracciones en el municipio.

El equipo de gobierno asegura que «está previsto este año un proceso selectivo para cubrir una plaza nueva de arquitecto en propiedad».

La misma portavoz añadió que, aparte de esta plaza, «el Ayuntamiento no puede contratar a más personal si no es con contratos de servicios», debido a la legislación actual que impide incrementar las plantillas municipales.

En Actividades, la gran mayoría de denuncias que interpone la Policía Local también acaban impunes, como lo demuestran las reiteradas estadísticas que ofrece el Ayuntamiento en esta materia, y que demuestran que sólo una ínfima parte de los expedientes abiertos en materia de ruidos, limpieza, horarios, prostitución o venta ambulante termina en multas realmente impuestas y sancionadas. Esta situación ha venido siendo habitual tanto bajo los gobiernos del PP como en la nueva etapa progresista.

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