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Sant Josep carga contra el Consell por la «falta de interés» para arreglar su urbanismo

(Diario de Ibiza, 3/06/2018)

El alcalde dice que deberían «ser conscientes» de que existe un problema y en vez de «enviar denuncias», sentarse con el equipo de gobierno para «ayudar»

Eugenio Rodríguez. El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, Agustinet, reconoce su malestar por la falta de colaboración del Consell en buscar una salida «a los problemas urbanísticos» del municipio heredados del PP. «Creo realmente que los aguantamos un poco en solitario y lo lamento», advierte. ¿Y qué debería hacer el Consell? «Ser más consciente de que tenemos un problema y en vez de enviarnos cartas de denuncia y requerimientos, sentarse con el Ayuntamiento con ganas de ayudar. Porque nos hemos sentado, pero ganas, ganas, de ayudar o definir fórmulas para hallar una solución de momento nos ha costado hallarlas. Tampoco acuso al Consell, pero nos ha costado hallarlas», responde el alcalde.

Marí Ribas aseguraba hace unos días que la denuncia sobre la promoción de estudios de uso comercial que se venden como apartamentos de lujo en Cala Vedella (Vadella 64) ha puesto el Ayuntamiento «a los pies de los caballos» y recalcaba que se trata de un legado de «la época oscura» del urbanismo del municipio con «el caso Huerta (la supuesta trama del difunto exarquitecto municipal Antonio Huerta que está pendiente de juicio) en su máxima potencia» y con la aquiescencia del PP.

El Consell ha denunciado los hechos en la Fiscalía y la oficina de Consumo del Govern balear por un supuesto «timo o estafa». El Ayuntamiento, que sostiene que no es una competencia municipal, apoya la denuncia de la máxima institución insular, pero, en cuanto a la cuestión urbanística, el alcalde reitera que este conjunto residencial tiene licencia desde 2003, y «se tiene que respetar».

No se pueden parar las obras

«No soy experto en Derecho ni Urbanismo. He de basarme en lo que me indica mi asesoría jurídica. Intentamos caducar la licencia. Algunos argumentan que se debería haber revisado la licencia por estar mal concedida. Son dos cuestiones distintas. Habría que enviarla al Consell Consultiu. Si me dicen que se puede hacer, no tendría ningún problema en hacerlo. Pero nadie me lo ha dicho. Ojalá no se hubiera dado. Y si fuera posible pararlo, lo habríamos hecho», resalta.

Sobre su malestar con el Consell sobre la denuncia de Vadella 64, Marí Ribas explica lo siguiente: «En vez de cruzarnos denuncias e información, a lo mejor podríamos habernos sentado, entendernos y hacer alguna actuación más conjunta. O hablar de los problemas urbanísticos del municipio de Sant Josep, que creo que los aguantamos un poco en solitario. Esto lo lamento», dice Marí Ribas sobre el departamento de Territorio, que dirige Pepa Marí, compañera del PSOE de Sant Josep.

El Consell es una institución que tiene como función «ayudar y asesorar a los organismos locales». «Reconozco que nuestro Ayuntamiento debería tener una entidad, un cuerpo, más potente. Pero no lo tenemos. Venimos de una situación muy mala, de unos años muy nefastos en la gestión urbanística, que intentamos arreglar», apunta el alcalde.

En este sentido, el alcalde recuerda que de «la famosa sentencia», que a raíz de un recurso del GEN contra el PTI, desclasificó los terrenos (edificados con licencia) del Grupo Empresas Matutes en Platja d'en Bossa, entre otros, afecta «a siete sectores de la isla, seis de ellos en Sant Josep». «Esto nos da una idea del marco legal en el cual se movía Sant Josep. Y esto me habría gustado haberlo arreglado ya, pero es muy complicado. Y no se soluciona en un día», dice.

También lamenta que la modificación de la ley de Urbanismo ha supuesto una demora considerable en la tramitación de un nuevo planeamiento urbanístico. «Cuando íbamos a iniciar la redacción de unas nuevas normas urbanísticas, el Govern suspendió durante dos años la ley para aprobar otra nueva [Nota de Disúrbia: això és fals...] y nos dijo que no tramitáramos nada porque con la nueva normativa se haría de otra manera. En el Parlament tardan 15 minutos o menos en redactar un artículo y el Ayuntamiento, para cumplirlo, a lo mejor necesita dos años», indica.

Marí Ribas dice en una entrevista (páginas 4 y 5) que la aprobación de un nuevo plan urbanístico, cuya redacción se iniciará antes del final del mandato, es su «gran caballo de batalla» pendiente.

No se han revisado los expedientes del caso Huerta
El Consell y el Ayuntamiento afirman que no han recibido ninguna comunicación del juzgado para hacerlo

La titular del Jugado de Instrucción número 3 de Ibiza dictó un auto a finales de 2017 en el que ordenaba dar cuenta al Consell de Ibiza para que, tal como había solicitado la Fiscalía, revisara 26 expedientes urbanísticos irregulares del caso Huerta (de los 38 intervenidos por la Guardia Civil) al objeto de si procedía, iniciar el procedimiento para restablecer la legalidad. Al ser preguntado por ello, un portavoz de la institución explicó a este diario que no sólo no se ha recibido ninguna comunicación del juzgado en este sentido sino que, además, una eventual revisión de las licencias correspondería al Ayuntamiento.

El alcalde, Josep Marí Ribas, también explica que el Juzgado tampoco ha notificado nada al Consistorio. El Consell hizo un informe pericial por mandato judicial de los 38 expedientes intervenidos por la Guardia Civil durante el registro del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento en octubre de 2008. «A nosotros no nos trasladó el informe», dice el alcalde. «Quiero pensar que el Juzgado está estudiando los casos y este, o la Fiscalía, nos dirá si tenemos que revisar algún expediente», apunta Marí Ribas.

El alcalde, al que le preocupan las posibles indemnizaciones, explica que se están «arreglando» algunos casos: «Se están haciendo reducciones de obra y cesiones que no se habían hecho antes. En cala de Bou nos han cedido un local y se ha eliminado el 25% de lo previsto».

Sant Josep pedirá al Consell que suspenda el planeamiento urbanístico de Cala Vedella por «la gravedad de los problemas urbanísticos» derivados de «un importante número de licencias» de construcción entre 1997 y 2007 vinculadas con «el caso Huerta». Un portavoz del Consell dijo el viernes a este diario que hasta que no se reciba la petición del Consistorio y los técnicos la estudien, no se hará ningún comentario. Tampoco por las quejas del alcalde sobre el caso de Vadella 64.

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