Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears
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Marratxí: el Consell impone a una mansión ilegal la multa urbanística más alta de su historia

(Diario de Mallorca, 27/03/2018)

1,4 millones a una obra sin licencia de 1.200 metros cuadrados en suelo rústico de Marratxí

Miquel Adrover. La Agencia de Disciplina Urbanística [Nota de Disúrbia: no, de defensa del territori] del Consell de Mallorca acordó ayer imponer una multa de 1,4 millones de euros a los propietarios y a la empresa constructora por edificar una mansión, de 1.200 metros cuadrados, en suelo rústico en el municipio de Marratxí sin licencia municipal y sin que el proyecto coincida con la obra realizada. Es la sanción más elevada que jamás se ha puesto en Mallorca por una infracción urbanística, con el agravante de que si los infractores no efectúan su demolición se le incrementará la multa un 10% mensual.

En realidad el Consell ha impuesto una sanción de 703.000 euros a los propietarios y promotores de la construcción ilegal y otros 703.000 euros a la empresa constructora de la espectacular mansión [Nota de Disúrbia: però això no quedava tan bé com a titular...]. Se da la circunstancia de que el Consell lleva casi dos años instruyendo este expediente y notificando a promotores y constructores que legalicen la construcción demoliéndola. Ahora ha concluido el expediente sancionador llegando a la conclusión de que, por el volumen de obra realizado y por la ilegalidad cometida, la multa tipificada es de 1,4 millones de euros.

La sanción es de las llamadas coercitivas [Nota de Disúrbia: quin doi!], lo que supone que en el caso de que los promotores no procedan a la demolición de la obra ilegal se les aplicará un incremento de la sanción de un 10% mensual. En caso de que acaten la multa y restablezcan la legalidad se les puede rebajar hasta un 80% el montante de la infracción [Nota de Disúrbia: només si demoleixen, són dues coses diferents].

Se trata de una casa de grandes dimensiones que, pese a tener una parcela de 27.000 metros cuadrados en suelo rústico, ha construido casi el doble de lo permitido por el Plan Territorial de Mallorca. Se han edificado dos plantas de 600 metros cuadrados, más una piscina y porches. El informe de la Agencia de Disciplina Urbanística (ADU) del Consell explica que son obras ilegalizables y, por consiguiente, ordena la inmediata demolición. Hay que tener en cuenta que en suelo rústico hay unos límites de edificabilidad que, pese a contar con una parcela más grande de la mínima permitida para edificar (14.000 metros cuadrados), no se puede exceder de un volumen de ocupación de más de 600 metros cuadrados.

Un dato curioso es que el proyecto de construcción de la mansión está valorado en 938.000 euros, lo que significa que la sanción que le ha impuesto el Consell de Mallorca es mucho más elevada que el presupuesto de la obra ejecutada [Nota de Disúrbia: cosa que és ben habitual, no és cap curiositat]. Una de las plantas es casi subterránea, por lo que la ilegalidad ha sido difícil de detectar. Los inspectores del Consell han utilizado imágenes del satélite para poder comprobar que la construcción se ha realizado sin los pertinentes permisos.

19 demoliciones en 2018

El Consell de Mallorca, através de la ADU, ha ordenado la demolición de 19 obras ilegales en lo que llevamos de año 2018. Una cifra impensable hace tan solo unos años y que con las nuevas medidas de disciplina urbanística impulsadas por la consellera insular de Territorio, Mercedes Garrido, se ha acelerado el acecho a los infractores. Se da la curiosidad de que en todo el año 2016, en 2017 todavía no se ha realizado el cómputo estadístico, el Consell impuso sanciones por valor de 1,7 millones de euros por obras ilegales. Ayer, con una sola multa, casi alcanza el 90% del montante total de sanciones por urbanismo ilegal de hace tan solo dos años. El pasado año se llegaron a imponer 163 multas coercitivas, que son el incremento del 10% mensual hasta proceder a la demolición.

En el caso de que los infractores no procedan a demoler las obras ilegales, es el Consell quien inicia el restablecimiento de la legalidad urbanística de oficio y pasa la factura a la propiedad. Según el departamento de Territorio, las multas coercitivas han provocado que en los últimos años sean los propietarios quienes derriben para no tener que pagar más.

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