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Inca cede al Consell las competencias de control urbanístico en suelo rústico

(Diario de Mallorca, 17/10/2017)

El alcalde Virgilio Moreno admite que la institución municipal no tiene los recursos suficientes para cumplir con las obligaciones de la nueva ley del suelo

J. Frau. Así como ya han hecho otros 21 ayuntamientos de Mallorca, el consistorio de Inca tiene previsto aprobar en el próximo pleno de la corporación una propuesta para ceder a la Agència de Defensa del Territori de Mallorca (ADT), dependiente del Consell, las competencias de inspección urbanística en el suelo rústico del municipio.

De esta forma, se suma también al ayuntamiento de Manacor, uno de los últimos municipios en adherirse a la ADT, entidad que en los últimos años ha multiplicado su actividad inspeccionadora y sancionadora de forma significativa.

El alcalde de Inca, el socialista Virgilio Moreno, explicó ayer que el Ayuntamiento ha decidido colaborar con la ADT para cumplir con la actual normativa, ya que "la nueva ley del Suelo implica contar con unos medios que nosotros no tenemos y que son necesarios para el cumplimiento de la legalidad urbanística en el suelo rústico".

Moreno precisó que los celadores del Ayuntamiento "seguirán realizando tareas de inspección", aunque la cesión de las competencias al Consell implicará que sea esta institución la que desarrolle después los expedientes, un trabajo que, según admite el alcalde 'inquer', el Ayuntamiento no puede afrontar con las garantías necesarias por falta de medios. Además, añade que el Consistorio "no tiene capacidad" para cumplir las obligaciones que determina la nueva ley del Suelo, que prevé demoliciones de obras ilegales en plazos muy concretos.

El alcalde Moreno explicó que en la actualidad el ayuntamiento de Inca tiene "entre 60 y 70" expedientes de infracción urbanística en suelo rústico, si bien añadió que "la actividad urbanística es mucho mayor en el suelo urbano", cuyas competencias seguirán siendo municipales.

Tal y como publicó este diario el sábado, la ADT ha alcanzado este año las cincuenta demoliciones de obras ilegales en suelo rústico, una cifra que duplica a la registrada el pasado año y supera ampliamente a los derribos ordenados en los últimos años.

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