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Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears
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Santa Eugènia pide 4 años de cárcel a un vecino acusado de hacer una factura falsa

(Última Hora, 12/06/2017)

A. Pol. El Ajuntament de Santa Eugènia pide una pena de cuatro años y dos meses de prisión para un vecino de la localidad al que acusa de fabricar una factura falsa con el objetivo de que la Justicia declarara prescrita una infracción urbanística que el propio acusado habría cometido. El Ministerio Fiscal pide 6 meses de càrcel. El juicio se celebró la semana pasada en la Audiencia Provincial y está pendiente de sentencia.

El acusado es Pedro Javier Carretero de Oleza, arquitecto y jefe de la Oficina d’Informació Urbanística del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, según consta en la página web del COAIB. El Ajuntament de Santa Eugènia le acusa de dos delitos: uno de falsedad documental en documento privado y otro de estafa procesal en grado de tentativa. Por el primero pide una pena de dos años de cárcel y por el segundo dos años y dos meses. Fiscalía le acusa únicamente de falsear la factura y le pide «seis meses de prisión con una cuota de 15 euros, con accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena», tal y como consta en el escrito de acusación del fiscal que ha sido facilitado a este periódico.

Los presuntos delitos tienen el origen en una infracción urbanística que el acusado habría cometido: instalar sin la preceptiva licencia una barrera en su domicilio. El Ajuntament le impuso una multa de 1.800 euros y le obligó a restituir la legalidad. Entonces el acusado impugnó judicialmente u Fiscalía solo aprecia un delito y solicita 6 meses de prisión, mientras que el querellado lo niega «todo» la sanción (vía contencioso administrativo) aportando una factura de la instalación de la barrera fechada en marzo de 2005 para, según la acusación, intentar demostrar que la infracción había prescrito. Luego el Ajuntament le denunció por presentar una factura supuestamente falsa. Simultáneamente, la juez del contencioso administrativo paralizó el procedimiento esperando que se verificara si la factura era falsa. 

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