(Diario de Mallorca, 10/06/2017)

La norma, que se tramitará ahora en el Parlament, simplifica los trámites y potencia la vivienda pública

Virginia Eza. El Govern aprobó ayer el anteproyecto de Ley de Urbanismo que refuerza la disciplina, simplifica la tramitación de los planeamientos, que prevé que pueda acortarse de 8 a 3 años, y promueve que los planes generales dejen un 30 % de la edificabilidad en suelo residencial para viviendas de protección pública. El anteproyecto, que se presentó en marzo, ha incluido total o parcialmente aproximadamente un 35 por ciento de las 50 alegaciones presentadas, según resaltó el conseller de Territorio, Marc Pons.

El texto, que ahora comenzará su tramitación en el Parlament para su aprobación definitiva, tiene entre sus objetivos "definir líneas básicas y regulación de los tres tipos de suelo", incluido el rústico, luchar contra la especulación urbanística e introducir criterios de sostenibilidad. Pons resaltó el "consenso" con el que se ha elaborado la Ley, en cuya redacción han participado más de 60 profesionales de distintos ámbitos relacionados con la materia.

La futura Ley busca dar "máxima seguridad jurídica" y "acabar con todo aquello que se ha gestado ilegalmente", impidiendo "la reclasificación como suelo urbano de los asentamientos en el medio rural o la amnistía de las edificaciones fuera de ordenación en suelo rústico". Asimismo, se fijan "procesos controlados y tasados" para "problemas enquistados como los núcleos rurales o los falsos urbanos".

Contra la especulación

Además, con el fin de promover la sostenibilidad del territorio, da prioridad a la reutilización del suelo urbano para evitar el uso de nuevo suelo y articula instrumentos de control administrativo y económico para combatir la especulación. Junto a ello promueve una disciplina urbanística que sea "efectiva", con medidas que garanticen el cumplimiento de las sanciones y las demoliciones, restableciendo "la legalidad cuando se haya vulnerado", además de actuar como "elemento preventivo y disuasorio de comportamientos irregulares tanto entre los particulares como entre los responsables públicos, por acción u omisión". En este sentido se fijan "responsabilidades para las autoridades o cargos públicos que, con conocimiento de causa y teniendo la posibilidad de impedirlo, permitan la indisciplina urbanística".

La nueva normativa "da más garantías" para la preservación de suelos especialmente protegidos (ANEI, ARIP y áreas de protección territorial costeras), dando competencia a los consells y a sus agencias de disciplina urbanística para actuar.