(Diario de Ibiza, 10/05/2017)

Sant Josep ordenará «la paralización» de los trabajos, que cortan un camino por el que pasan las rutas cicloturistas 7 y 12

Eugenio Rodríguez. La empresaria Francisca Sánchez, propietaria de Casa Lola y Casa Paola, dos polémicas construcciones por las ilegalidades urbanísticas que acumulan, ha iniciado la construcción de otra vivienda en una zona boscosa entre la carretera de es Cubells y la que conduce a Porroig sin disponer de la correspondiente licencia.

El Ayuntamiento de Sant Josep aprobó la concesión del permiso de obra el pasado mes de noviembre, después de que la Comisión Insular de Ordenación del Territorio y Patrimonio (Ciotupha), dependiente del Consell, informara favorablemente al proyecto. Sin embargo, según ha confirmado el Consistorio, la promotora aún no ha presentado el proyecto de ejecución, condición imprescindible para la retirada de la licencia urbanística (previo pago, además, de la tasa) y el inicio de los trabajos.

Este trámite no se ha hecho y, según el segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Ángel Luis Guerrero, en estas condiciones, «las obras no deberían haber empezado». La promotora sólo presentó en su día el proyecto básico. De hecho, Guerrero, que aseguró que no tenía constancia del inicio de estas obras (puntualizó que tampoco ha recibido ninguna denuncia) anunció, al ser preguntado por este diario, que hoy mismo enviará a un celador para comprobar los hechos y ordenar «su paralización».

Hasta ahora, se han levantado los cimientos de la vivienda y de la piscina. La casa, que se emplaza en suelo rústico común (pese a que está en una zona boscosa), se está construyendo justo en medio de un camino que conecta la carretera de es Cubells con la de Porroig y que forma parte de las rutas 7 y 12 de la red cicloturista del Consell.

Camino cortado

La propiedad ha instalado dos vallas que cortan el paso por esta pista, con un cartel que prohíbe el acceso «a toda persona ajena a la obra», aunque el pasado fin de semana estaban semiabiertas. En todo caso, las obras cortan el paso del camino y los ciclistas tienen que pasar entre las columnas levantadas para seguir las rutas 7 y 12, que están señalizadas.

Guerrero informó de que este sendero no figura en el «inventario de caminos municipales» y, por tanto, el Ayuntamiento no puede actuar. «Si no está inventariado, los servicios técnicos apuntan que es una cuestión entre propietarios: si hay o no derechos de paso». El Ayuntamiento tampoco ha recibido ninguna denuncia por ello.

Pese a los antecedentes de la promotora, que, aparte de las múltiples ilegalidades urbanísticas, incluida la rotura de precintos, ha estado en prisión por un delito fiscal, Guerrero apunta que la concesión de licencias es «un acto reglado» y que «si se cumplen» los parámetros urbanísticos (tiene informe favorable del Consell), el Ayuntamiento «no puede denegarla». «Sería un acto arbitrario», dijo.