(Diario de Ibiza, 18/08/2016)

El anterior gobierno aceptó las alegaciones de los afectados sobre la prescripción de su responsabilidad

e. rodríguez | ibiza. ­El anterior equipo de gobierno del PP de Sant Josep rehusó sancionar en mayo de 2015 al exalcalde José Serra Escandell y a los cuatro exconcejales del mismo partido que en 1992 aprobaron en comisión de gobierno conceder una licencia ilegal para la construcción de una vivienda en la zona protegida de Puig d´en Serra.

El Consistorio informó ayer a este diario que en la junta de gobierno del 20 de mayo de 2015, justo antes de las pasadas elecciones locales, el gobierno del PP, presidido por Neus Marí, hija de uno de los exediles expedientados (José Marí Prats), aceptó las alegaciones presentadas por los afectados y cerró sin ninguna consecuencia los expedientes abiertos. Una portavoz del Ayuntamiento señaló que los exconcejales del PP alegaron que la posible responsabilidad administrativa por el otorgamiento de la controvertida licencia, en contra de sendos informes técnico y jurídico, había prescrito.

El Ayuntamiento abrió en 2006 los expedientes a los excargos públicos en cumplimiento de la primera sentencia, de 2004, en la que, aparte de forzar el derribo de la vivienda (ya ejecutado), se ordenaba la incoación de los correspondientes procedimientos sancionadores contra los responsables de la concesión del permiso ilegal de obra. Durante el proceso penal que se siguió contra los cinco exediles por prevaricación, la tramitación de los expedientes administrativos se dejó en suspenso.

Tras la sentencia, de 2007, en la que se absolvió a los acusados (el delito que se les atribuía había prescrito), se reanudó el proceso administrativo sancionador.

Sanción económica rechazada

Los afectados alegaron que la responsabilidad administrativa habría prescrito y el 20 de mayo del año pasado, con un informe jurídico que avalaba la argumentación de los exediles, la junta de gobierno liquidó el asunto sin ninguna sanción. Fuentes municipales apuntaron que se les podría haber multado con el pago de un porcentaje concreto del presupuesto de la obra ilegal.

El Consistorio informó al juzgado de la resolución del expediente y, como consecuencia, el juez dictó un auto en el que daba ya por ejecutada la sentencia.

Sin embargo, el Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) recurrió la sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) al entender que no se había cumplido la sentencia de 2004 y ahora (la resolución judicial es del 31 de mayo) este fuerza de nuevo al Consistorio a abrir los correspondientes expedientes y a resolverlos en un plazo máximo de un año. El TSJB sostiene que el auto del juzgado que daba por cumplido el trámite de los expedientes no estaba motivado.

Dudas jurídicas en el nuevo gobierno

e. r. | ibiza El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, ´Agustinet´, reconoce que, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), se tendrán que abrir de nuevo los expedientes sancionadores a los cinco exediles del PP, aunque apunta también «las dudas jurídicas» que genera el fallo judicial. En este sentido, Marí Ribas recuerda que no se puede abrir otro expediente sobre «un hecho ya juzgado», circunstancia, avanza, que con toda probabilidad los afectados alegarán. Por ello, entiende que se tiene que solicitar un aclaramiento al tribunal balear pese a que ya ha pasado «un tiempo». El alcalde no supo aclarar si el servicio jurídico del Ayuntamiento, en su momento, defendió ante el TSJB que los expedientes contra los exconcejales ya se habían cerrado.