(Diario de Ibiza, 7/06/2016)

La propiedad procede a derruir la construcción después de que Fiscalía advirtiera de que no se ajusta a la legalidad

redacción | ibiza. La propiedad de una vivienda construida en Roca Llisa inició ayer su derribo después de que el Ayuntamiento de Santa Eulària comunicase a la Fiscalía que la construcción no se ajustaba a la legalidad y constituía un posible delito contra el territorio.

A finales del año pasado, el juzgado comunicó al Consistorio la obligatoriedad de que se ejecutara el derribo y que, en el supuesto de que la propiedad no lo hiciera, podía ejecutarlo y repercutir los costes a los infractores, según informó ayer el Consistorio.

Finalmente no ha sido necesaria la ejecución subsidiaria ya que ha sido la misma propiedad quien ha iniciado los trabajos, que serán revisados posteriormente para determinar si se ha cumplido con la sentencia judicial.

Cas Calero

El Juzgado Penal número 1 de Ibiza notificó en el Ayuntamiento de Santa Eulària en julio del año pasado que tenía que ejecutar de forma subsidiaria la demolición de buena parte de los elementos anejos a una vivienda situada en la calle Lluis Grasset de Roca Llisa, conocida como Cas Calero. El Consistorio empezó entonces a pedir presupuestos a diferentes empresas e inició la redacción del proyecto de demolición.
Ante la inminencia de la actuación municipal, la propiedad decidió no retrasar más la ejecución de la orden judicial y comunicó que se haría cargo de las obras, iniciadas hace unos días.

Las actuaciones que se están llevando a cabo son la eliminación de pavimento de hormigón de la rampa de acceso y la zona de estacionamiento; eliminación de la base de hormigón y la cubierta de gres del camino de acceso a la caseta de calderas y desaladora; demolición de la caseta de la desaladora; desmontaje de una casa de madera; retirada de palos de cercado; destrucción de instalación para barbacoa; demolición de unos bloques con dormitorios y baños, así como del local para la maquinaria de la piscina y otras instalaciones de servicio; desaparición de un estanque ornamental; retirada de restos de obra y otras del torrente de Cala Espart; demolición del muro de contención de la terraza y eliminación de la fosa séptica y las canalizaciones necesarias.

Estas demoliciones son parte de la sentencia que condenaba también a un año de prisión a la propietaria de la vivienda, S.D.K., por delitos contra el medio ambiente y por desobediencia al Consistorio.