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Sant Josep: el Consell constata la ilegalidad de múltiples licencias del caso Huerta

(Diario de Ibiza, 24/01/2016)

El análisis de los 38 expedientes solicitado por el juzgado revela numerosas irregularidades en licencias otorgadas por Sant Josep

eugenio rodríguez | ibiza. El informe pericial de los técnicos del Consell sobre 38 expedientes urbanísticos del caso Huerta revela que el Ayuntamiento de Sant Josep otorgó numerosas licencias de construcción al amparo de informes favorables del exarquitecto municipal, recientemente fallecido, o del exaparejador del Ayuntamiento Julio Blanco, ya jubilado, que no cumplían la legalidad.

Casi todos los expedientes analizados se corresponden con proyectos redactados por Pilar Fernández (Keltike S.L.), la pareja del hijo de Antonio Huerta. Ambos, que están imputados, también fueron detenidos durante la Operación Pitiusa, en octubre de 2008, en la que la Guardia Civil registró los despachos y viviendas de la familia. Los agentes también registraron las oficinas del departamento de Urbanismo de Sant Josep y se llevaron mucha documentación, parte de la cual ha sido analizada en los últimos meses por el Consell.

En más de una decena de los expedientes analizados por el Consell el propio Huerta informó a favor de los proyectos redactados por su nuera, y en casi todos ellos informó a favor de la concesión de la licencia cuando, según el criterio de los técnicos del Consell, no tendría que haberse otorgado. Hay también casi una decena de expedientes de proyectos de Pilar Fernández que fueron informados favorablemente por el exaparejador municipal Julio Blanco (no está imputado en la causa), que, según el informe pericial del Consell, tampoco tendrían que haberse autorizado. En la mayoría de los casos, los técnicos consideran que ni Huerta ni Blanco tendrían que haber informado a favor de la concesión de licencia porque los promotores no habían cumplido los trámites necesarios previos para construir: no se habían aprobado los estudios de detalle ni los proyectos de urbanización, entre otras cuestiones. También se incumplen los parámetros de edificación en algunos casos.

Expedientes bien informados

Hay tres expedientes en los que Huerta (2) y Blanco (1) informaron a favor de proyectos presentados por Fernández correctamente. Y uno en el que Blanco resuelve en contra de la concesión de licencia, cumpliendo la legalidad, según el criterio de los técnicos de la institución insular. Hay cuatro o cinco casos más en los que no se analiza el procedimiento porque finalmente o no se otorgó licencia o bien el promotor desistió.

Las licencias irregularmente otorgadas por el Ayuntamiento (proyectos de la arquitecta Pilar Fernández) con informe favorable de Huerta, según la técnica del Consell, afectan a la construcción de 114 apartamentos, 79 estudios y locales, 29 viviendas, ocho dúplex y cuatro piscinas. Los proyectos ejecutados con el visto bueno de Blanco se corresponden con 114 estudios, 75 locales, dos viviendas y 15 apartamentos.

La Fiscalía considera que el difunto Antonio Huerta Briz, exarquitecto de Sant Josep, encabezó una supuesta trama para monopolizar los proyectos urbanísticos que se desarrollaban en el municipio en el que desempeñaba su cargo público. De hecho, el propio Colegio de Arquitectos de Balears fue el que denunció los hechos.

La juez ordenó esta pericial, a petición de la Guardia Civil, que tardó casi cinco años en emitir un informe sobre los documentos incautados durante la Operación Pitiusa. Se han necesitado más de dos años más para cumplir este trámite, que ha mantenido paralizada la instrucción del caso. Para la elaboración del informe los técnicos del Consell no solo han empleado la documentación aportada por el juzgado (archivos incautados en el registro municipal de 2008) sino que también han empleado información de la propia institución y han tenido que solicitar al Ayuntamiento que le aporte más datos.

Citación de Serra Escandell

Los técnicos del Consell han hallado multitud de irregularidades en las licencias que se han analizado y que fueron otorgadas por el Consistorio durante la época en que Huerta ejerció de arquitecto municipal y José Serra Escandell, del PP, era el alcalde. Huerta fue arquitecto municipal entre 1996 y noviembre de 2006, cuando presentó su renuncia, justo 10 días después de que Diario de Ibiza revelara la existencia de un vídeo, grabado con cámara oculta por un detective contratado por el Colegio de Arquitectos, en el que aparecía Huerta ofreciendo la redacción y gestión de un proyecto urbanístico en Cala de Bou y la venta de otro en Cala Tarida, lo cual era incompatible con su cargo municipal.

En su informe, el Equipo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil solicitaba al juzgado que citase a declarar al exalcalde Serra Escandell y a otras personas para aclarar las circunstancias en que fueron concedidas decenas de licencias de la supuesta trama, pero la juez decidió posponerlo a la espera del resultado del informe pericial (del Consell) «a fin de poder valorar correctamente el grado de implicación de cada uno de ellos».

Más de dos años para hacer el peritaje

La jueza llegó a advertir al Consell de que su «dejadez y desidia» podría acarrearle «responsabilidades penales»

e. r. | ibiza Han pasado más de dos años desde que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3, Carmen Martín, ordenó el informe pericial sobre los 37 expedientes apuntados por la Guardia Civil. Primero se lo encargó al Ayuntamiento de Sant Josep, pero la Audiencia Provincial, en enero de 2014, estimando un recurso de la defensa de Huerta que advertía de que el Consistorio «no podía considerarse neutral ni objetivo», ordenó que lo hiciera otro Ayuntamiento o Administración local.

Posteriormente, en julio de ese mismo año, la jueza instructora pasó la pelota al Consell de Ibiza, marcando para ello un plazo de dos meses.

Sin embargo, al Consell no se le notificó la resolución hasta noviembre. Superados con creces los dos meses, la juez dictó el 10 de abril del año pasado un oficio en el que requería al Consell que le informara sobre el estado del peritaje solicitado ocho meses antes. La institución respondió que aún no había recibido los 38 expedientes que tenía que examinar, lo que provocó que la magistrada dictara (el 21 de abril) una providencia en la que advertía al Consell de que su «desidia y dejadez» podría acarrearle «responsabilidades penales».

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