(Diario de Ibiza, 24/01/2016)

El exaparejador municipal Julio Blanco, que no está imputado en el caso Huerta, informó a favor de que se otorgara esta licencia y dio el visto bueno a la concesión del final de obra

e. rodríguez | ibiza. ­El informe pericial del Consell revela múltiples irregularidades en la concesión de licencias durante el periodo en que el difunto Antonio Huerta ejerció de arquitecto municipal en Sant Josep, entre 1996 y 2006. Casi todos los proyectos analizados fueron redactados por Pilar Fernández (Keltike S.L.), pareja del hijo de Huerta. Muchos de ellos fueron informados por el arquitecto municipal, aunque también lo hizo el exaparejador municipal Julio Blanco, que no está imputado en la causa.

Uno de los expedientes más llamativos es el que afecta a la licencia que el Ayuntamiento concedió en diciembre de 2003 para la construcción de un almacén en el punto kilométrico 1.4 de la carretera de Sant Josep, en Can Bellotera. Este proyecto, redactado por Fernández, fue informado favorablemente por Blanco, después de que el promotor introdujera algunos cambios a la propuesta inicial rechazada.

En abril de 2005 el promotor solicitó el final de obra a nombre de Natalhecsa SL (entidad a la que se le transmitió la licencia de obra), aunque, curiosamente, las fotos que se adjuntan «no se corresponden con las de un almacén, sino a un establecimiento comercial denominado Supermercado Eroski Center», puntualiza una arquitecta del Consell en su informe. Pese a ello, Blanco informó a favor del final de obra tras «comprobar» que la construcción de «los locales [tres en planta baja]» estaba terminada y se ajustaban a la licencia dada.

En su informe, la técnica del Consell concluye que no se podía emitir informe favorable para la concesión de la licencia de un almacén, con una superficie de 700 metros cuadrados, porque no consta la existencia de proyecto de parcelación ni estudio global del área de actuación tras la modificación de su delimitación. Además, destaca que el proyecto incumplía la ordenanza 2 de las Normas Subsidiarias que permite edificar almacenes de 300 metros cuadrados como máximo siempre que estén vinculados a una actividad, lo cual no se daba en este caso.

Pero es que, aparte de estas irregularidades, el peritaje indica que dada «la realidad ejecutada» (un supermercado), se tendría que haber tramitado primero la correspondiente licencia de actividad previa a la de obras. Además, en el momento en que se tramitó el permiso, según la Ley 11/2001, este establecimiento no podía tener una superficie útil para la venta y exposición superior a los 600 metros cuadrados.

Edificación de 46 estudios y locales sin licencia localizada. En junio de 2003, Sol Bay S.A. pidió licencia para construir 46 estudios y locales en Sant Agustí, con un proyecto de Pilar Fernández. Huerta informó a favor de la concesión de la licencia, pero no aparece en el expediente ningún acuerdo más por parte del Ayuntamiento. Así, el informe del Consell señala que dichas obras se encuentran «muy avanzadas», pese a que no consta autorización alguna en el expediente. «Se desconoce si existe en otro», indica la técnica, que agrega que el arquitecto municipal «no podía emitir informe favorable» a la petición de licencia porque no consta el proyecto de parcelación definitivamente aprobado ni ningún estudio global del área de actuación, que es lo mismo que en el caso del supermercado y la mayoría de los otros expedientes irregulares analizados.

Además, la fachada del proyecto invadía espacios libres de uso público.

El proyecto en Cala Vedella de la empresa del hijo de Huerta. El informe pericial del Consell revela que el exarquitecto municipal de Sant Josep informó a favor de un proyecto para reconvertir una vivienda en cuatro aparejadas con jardines y piscinas independientes, en una parcela de Cala Vedella. El promotor es Euro Consult y Trading S.L., en la cual Antonio Huerta Chamorro, hijo del exarquitecto municipal, figura como «administrador mancomunado», según el informe. Este proyecto fue redactado por Pilar Fernández.

La técnica del Consell concluye que la comisión de gobierno no debería haber otorgado esta licencia puesto que previamente no se habían aprobado los instrumentos urbanísticos (proyecto de parcelación y estudio de detalle) requeridos por el planeamiento municipal. El informe técnico debería haberlo advertido, concluye.

Se autorizan el doble de viviendas permitidas en Cala Carbó. El arquitecto municipal de Sant Josep informó a favor de un proyecto de 14 apartamentos, ocho dúplex, tres estudios, aparcamientos y piscina en Cala Carbó redactado por Pilar Fernández. El Ayuntamiento ordenó la paralización de las obras, con el visto bueno de Huerta, a raíz de una denuncia sobre la construcción de una planta más de las autorizadas. No obstante, Huerta informó a favor de que se levantara la suspensión después de que, entre otras alegaciones, la pareja de su hijo justificara que no había una altura más sino que se había tenido que excavar más para hallar un plano de cimentación correcto, lo cual, defendía, no era una planta de estructura.

El informe señala que no consta que previamente se hubiera aprobado el proyecto de parcelación, aunque matiza que en este caso no está claro si era necesario. No obstante, la técnica resalta que en esta parcela solo se podían construir seis viviendas, cuando el proyecto preveía el doble (12). «Con independencia de los errores del proyecto, el informe técnico debería haber advertido de los documentos que faltaban por aprobar e informar del incumplimiento de los parámetros. No se podía otorgar la licencia», dice.

Huerta obvió que la urbanización de Cala Molí invadía una zona protegida

También informó a favor de 22 viviendas en Punta Pedrera sin cumplir los requisitos de urbanización de los terrenos

e. r. | ibiza ­Entre los expedientes analizados por el departamento de Territorio del Consell figura el proyecto de construcción de 83 apartamentos y locales de Cala Molí, redactado también por Pilar Fernández, y cuyas obras se llegaron a paralizar porque invadían parte de un espacio protegido por la Ley de Espacios Naturales (LEN), en concreto una Área Natural de Especial Interés (ANEI). Después de que el grupo ecologista GEN denunciara los hechos, el Ayuntamiento anuló la licencia dada para la parte del complejo que afectaba al espacio preservado (12 apartamentos, 16 estudios, dos viviendas y 15 piscinas).

Huerta informó en julio de 2000 a favor del proyecto de la pareja sentimental de su hijo. Sin embargo, la pericial del Consell advierte de que el exarquitecto municipal debería haber señalado que se trataba de una parcela ubicada «mayoritariamente en suelo urbanizable, con parte en LEN, y no de suelo urbano». «También debería haber advertido de la existencia de un plan parcial y un proyecto de urbanización, cuyo ámbito afectaba a la LEN, y de la falta de un proyecto de reparcelación», apunta la técnica, que agrega: «Con estos datos no se podía haber otorgado la licencia de obras ya que el ámbito del suelo urbanizable, que mantuvo esta clasificación después de la entrada en vigor de la LEN (en 1991), habría requerido, como mínimo, para la concesión de licencias, de la aprobación de un nuevo plan parcial, proyecto de reparcelación y de urbanización adaptado a la nueva geometría del sector».

Estudio de detalle en Cala Tarida promovido por Alberto Torres. Entre los expedientes analizados figura uno que afecta al empresario Alberto Torres, imputado en el caso Huerta después de que un exempleado con el que mantuvo un litigio denunciara su posible vinculación con la causa. El informe pericial, sobre la aprobación inicial de un estudio de detalle en Cala Tarida redactado por Pilar Fernández, en 2005, concluye que no se podía emitir informe favorable (lo firmó Blanco). «El estudio de detalle no se limita solo a indicar alineaciones y rasantes, sino que también cuantifica y grafía los terrenos de cesión y aparcamientos sin que previamente se hubiera aprobado el proyecto de parcelación».

Posteriormente, a raíz de las alegaciones presentadas, Blanco advirtió de que se tenían que subsanar algunas deficiencias. En el expediente figura un nuevo estudio de detalle redactado por otro arquitecto, pero no constan más actuaciones.