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Sant Antoni: la propiedad derribará parte del complejo Los Olivos de Sant Rafel

(Diario de Ibiza, 23/11/2015)

Han pedido la licencia y el Ayuntamiento la aprobará en los próximos días | Debe suprimirse un edificio de 481 m2 dentro del conjunto construido | El Consistorio cree que pedirán indemnizaciones

j. ll. ferrer | ibiza. La propiedad del complejo urbanístico dedicado a actividades ecuestres y a fiestas veraniegas Los Olivos, enclavado en suelo rústico junto a Sant Rafel, ha decidido demoler de forma voluntaria la parte ilegalmente construida, acatando así la sentencia dictada en 2012 y ratificada hace ahora un año por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB). Dicha resolución obligaba a derribar el edificio social, de 481 metros cuadrados, y parte de las cuadras que forman parte de este complejo, lo que representa una parte relevante del mismo.

El equipo de gobierno de Sant Antoni dirigido por Pepita Gutiérrez se resistió en todo momento a acatar esta sentencia, tal y como denunció el propio TSJB, que lamentó la «resistencia del Ayuntamiento a ejecutar la sentencia». Ya en mayo de 2012 los tribunales daban al Consistorio «el plazo improrrogable de dos meses» para que procediera a derribar estas construcciones, cosa que nunca llegó a hacer.

Ahora, la propiedad del inmueble, que según la sentencia excede ampliamente el concepto de edificio dedicado a labores agrícolas o ganaderas y, además, carecía de la declaración de Interés General, ha presentado ante el Consistorio el correspondiente proyecto de demolición para la obtención de la licencia de derribo. El proyecto detalla que el presupuesto de demoler el edificio social ascenderá a 180.000 euros, y el resto, unos 70.000 euros más, según informó a este diario el concejal de Urbanismo de Sant Antoni, Juanjo Ferrer.

El edil añadió que en estos momentos los servicios jurídicos del Ayuntamiento están examinando el proyecto presentado por la propiedad para confirmar que éste se adapta a lo obligado por la sentencia judicial. Una vez hecho esto, se concederá «en los próximos días» la correspondiente licencia de demolición.

Una vez concedida, los trabajos deberán estar concluidos en el plazo de dos meses, que es el periodo de ejecución que suele dar el Ayuntamiento para estos casos, añadió Ferrer.

Indemnización

El concejal, sin embargo, expresó su temor a que los dueños del complejo –y titulares de la licencia concedida en su día por el Ayuntamiento para construir dicho edificio social– reclamen ahora indemnizaciones por daños y perjuicios. «Esto sería como un caso Cretu en pequeño», afirmó Juanjo Ferrer, quien señaló que todavía no ha recibido escrito alguno en este sentido, pero es «de esperar» que se produzca.

El tribunal anuló la licencia otorgada a este edificio, al entender que el Ayuntamiento la otorgó burlando la normativa vigente, tal y como sucedió en el caso de la vivienda de Santa Agnès.

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