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Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears
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Mancor no deberá indemnizar por la demolición de las casas de Biniatzent

(Última Hora, 23/09/2015)

E. Ballestero. El Consell Consultiu de les Illes Balears avala la decisión del Ajuntament de Mancor de no indemnizar al propietario de las casas de Biniatzent legalizadas por el Ajuntament siendo alcalde Bernardí Coll (PP) y posteriormente demolidas por orden judicial. Las casas habían sido construidas en zona ANEI, donde está expresamente prohibido el uso de vivienda.

El propietario de Biniatzent Dalt, Simó Alba, reclamaba al Ajuntament 1.876.601,160 euros.

El Ajuntament abrió un expediente de reclamación patrimonial a raíz de la solicitud de indemnización y, tras las pruebas practicadas, tanto el arquitecto como el jurista concluyeron, entre otras cuestiones, que no procedía indemnizar con ninguna cantidad porque quedaba sobradamente demostrado que Alba no realizó obras después de obtener las licencias de legalización. La conclusión era, por tanto, que la anulación de las licencias de legalización no le habría supuesto coste alguno, dado que no invirtió en la construcción desde la legalización de las mismas.

No era suficiente con el dictamen municipal. El Ajuntament precisaba un informe del Consell Consultiu (preceptivo, pero no vinculante) para cerrar el expediente de reclamación patrimonial. El Consultiu les ha dado ahora la razón, por lo que el Consistorio procederá de forma inmediata a rechazar por escrito las pretensiones del propietario.

No será el final del camino. Simó Alba se ha anticipado al cierre del expediente y este verano ha recurrido a la vía judicial presentando un contencioso contra el Ajuntament. Así lo confirmó este martes el alcalde de Mancor, Guillem Villalonga, que entiende que la resolución del Consultiu puede afianzar la tesis del Consistorio a la hora de defenderse en la vía judicial.

113.000 euros

La decisión de conceder las licencias de legalización de las construcciones le ha salido cara al Ajuntament. Al margen de lo que decidan los tribunales (ya hemos dicho que hay un contencioso pendiente), el Consistorio ya ha tenido que pagar el coste de la demolición, concretamente 113.000 euros. El propietario pagó en el momento de legalización de sus construcciones 1.330 euros.

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