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Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears
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Sant Josep ordena el derribo de 1.833 m2 construidos en Can Lola

(Diario de Ibiza, 27/02/2015)

El Ayuntamiento concluye el expediente de demolición y tramita la multa de 1,4 millones | La promotora ha de presentar mañana el proyecto de derribo; si no, lo hará el Consistorio

joan lluís ferrer | sant josep. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sant Josep finalizó en 18 de diciembre de 2014 el expediente de disciplina urbanística contra las obras ilegales de Can Lola, que obliga a su propietaria, la empresaria Francisca Sánchez Ordóñez, al derribo de las construcciones levantadas sin licencia en este terreno. En concreto, debe suprimir viviendas con una superficie total de 930 metros cuadrados, dos terrazas de 340 y 414 metros cada una de ellas y dos piscinas, una de 84 metros y otra de 62.

El concejal de Urbanismo de Sant Josep, Javier Marí, recordó que la legalización de todas estas construcciones ya fue descartada en su momento, por lo que la única salida es «la reposición de la legalidad urbanística» mediante la «reposición al estado anterior de las cosas».

Una vez que se concluyó el expediente en diciembre, el Ayuntamiento otorgó un plazo de un mes a la propietaria para que presente el correspondiente proyecto de restauración del terreno (es decir, del derribo). Dado que la notificación se produjo el pasado 28 de enero, dicho documento se debería presentar al finalizar el presente mes de febrero. En caso de que se formalizara este requisito, el Consistorio debería insistirle para que lo haga y, de no hacerlo, será el propio Ayuntamiento el que deberá redactar este proyecto de demolición para ejecutarlo él de forma subsidiaria, cargando luego los costes al promotor. Se trata de la misma fórmula empleada en el caso de la vivienda del Puig d´en Serra.

Sin embargo, tal y como recordó el concejal, la elaboración del proyecto de restauración del terreno no será fácil, puesto que es necesaria la entrada en la parcela de técnicos municipales que evalúen los inmuebles existentes. Dado que la empresaria malagueña ha obstaculizado siempre el acceso de las autoridades, probablemente deberá requerirse permiso judicial para acceder en la parcela, totalmente vallada.

Javier Marí explicó que este expediente de restablecimiento de la legalidad es independiente del procedimiento sancionador que se ha empezado a tramitar contra la responsable de Can Lola, y que le supondrá el pago de una multa de «al menos» 1,4 millones de euros. Marí señaló que la ley prevé sancionar las obras ilegales con el equivalente a «entre el 100% y el 200% del valor de la construcción», pero los 1.400.000 euros se encuentran en el tramo bajo de esta horquilla.

Este expediente sancionador se está empezando a tramitar ahora, porque la nueva ley balear prevé que primero se ha de terminar el expediente de demolición (o de legalización, pero este no es el caso) y luego iniciar el sancionador. [Nota de Disúrbia: a quin article es diu això?]

El Ayuntamiento estrecha el cerco

j. ll. f. | ibiza El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sant Josep ha optado por acelerar los trámites para restablecer la legalidad infringida en Can Lola. Después de haber ignorado una orden de derribo que dejó lista en 2010 el anterior Ayuntamiento progresista, el departamento de Javier Marí reinició todos los trámites en 2012 para completar un nuevo expediente de demolición, ahora concluido. Probablemente, y vistos los antecedentes de obstrucción mostrados por la promotora, deberán ser los tribunales los que acabarán interviniendo para dar la razón al Ayuntamiento ante los más que posibles recursos contra la demolición. Más seguro parece el cobro de la multa millonaria que se impondrá a la responsable de las obras, puesto que, de no abonarla, se cobrará automáticamente por vía ejecutiva, gracias al convenio que el Ayuntamiento tiene con la Agencia Tributaria.

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