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Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears
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Urbanismo en Balears: ¿Para qué? (Opinió)

(Diario de Mallorca, 15/02/2015)

Grup d'opinió d'arquitectes

El urbanismo, entendido habitualmente como el conjunto de disciplinas y técnicas que se emplean para planificar y ordenar los territorios, tiene su razón de ser cuando persigue con ello la mayor calidad de vida, en todas sus vertientes, para la población que allí se asienta. Calidad de vida que optimice las relaciones entre sus habitantes y entre éstos y el medio en el que se ubican, dotándose de las infraestructuras, equipamientos y servicios necesarios, pero al mismo tiempo que también garantice la necesaria preservación de su hábitat, tanto el natural como el urbanizado.

En el siglo XXI ya no se entiende el urbanismo si no está basado en el principio de la sostenibilidad, esto es, en el resultado del necesario equilibrio entre los distintos factores sociales, económicos y medioambientales que en todo medio habitado se producen. El urbanismo resulta por tanto una disciplina básica y transversal para la definición, presente y futura, de todo territorio.

Pues bien, el urbanismo entendido así, tiene en nuestra comunidad balear los días contados. La esperanza depositada en dotarnos de una ley urbanística propia que contribuyera a encauzar tales aspectos en la singularidad de nuestras islas, ha sido una constante en estos últimos veinte años.

Esperanza frustrada en todas las distintas legislaturas porque los gobiernos alternados, conservadores o progresistas, nunca han querido entender que una ley básica debe ser una ley consensuada en el mayor de los ámbitos posibles. Tan es así, que ni siquiera fueron capaces de consensuarlas con sus propios socios de gobierno. Siguiendo en esa deficiente praxis política de hacer la ley del que gobierna, aunque ésta tenga el carácter básico que la caracteriza, y aprovechando la amplísima mayoría detentada actualmente, se aprobó el pasado mes de marzo la ley de ordenación y uso del suelo, que nos quitó el sambenito de ser la única comunidad autónoma española que no disponía de ley urbanística propia, lo que ha conllevado estar casi cuarenta años rigiéndonos por una legislación predemocrática.

Pero la ley ya nace herida de muerte, no solo por parte de su contenido, cuando convierte la legalidad urbanística en una mera transacción económica permitiendo la legitimación de las edificaciones rústicas ilegales por medio del pago de una multa, sino fundamentalmente por las actuaciones sectoriales externas que la van vaciando de su razón de ser. Las presiones de los distintos centros de poder, económicos como no podía ser otra manera, están minando su efectividad y lo que es peor, al urbanismo por su condición de materia transversal, al lograr que los aspectos sectoriales se sobrepongan a los generales.

El pistoletazo de salida lo dio el principal sector económico de las islas, el turístico. No olvidemos que éste es un territorio fundamentalmente turístico, en continua pugna entre la preservación de su paisaje, natural y urbano, como garantía de su valor y su ocupación como expresión de su rendimiento económico, la ley de turismo aprobada hace ya dos años, otorga, desde esa ley sectorial y al margen de la normativa urbanística y de cualquier otra consideración, mayores "posibilidades" edificatorias para todos los establecimientos turísticos existentes, lo que acaba primando a aquellos que dispongan de mayores proporciones de ilegalidad urbanística.

Pero no es eso lo más relevante, sino que esas actuaciones edificatorias, contrarias en muchos casos a la ordenación urbanística, deben ser incorporadas por las corporaciones municipales al planeamiento sin más, en una clara manifestación de que lo turístico, sectorial y particular, pasa por encima del interés general manifestado en el planeamiento urbanístico. Ahora ha sido el turno de otro sector económico importante, el de los propietarios de suelo, y no tanto el de los agricultores, que ha conseguido que le aprobaran una ley agraria, "profundizando" en lo indicado en la ley de ordenación y uso del suelo, en la misma línea de hacer prevalecer los intereses particulares y sectoriales por encima de cualquier planeamiento urbanístico.

Más aún, en el intervalo entra ambas leyes, el pasado mes de octubre, se aprobó otra ley sectorial, la de ordenación minera, que permite la legalización de unas industrias asentadas irregularmente en el suelo rústico, como son las tejeras, sin mayores consideraciones. Parece, pues que, una vez descubierto el filón de que a través de legislaciones sectoriales se pueda subvertir el ordenamiento urbanístico, se retomen otra leyes como las de los campos de golf, las de los puertos deportivos, etc., y otras de nuevo cuño correspondientes a otros sectores, para acabar definitivamente con el urbanismo como materia global y transversal que ordena el territorio en el que habitamos.

La vieja astucia de ir creando "amnistías" para ciertas irregularidades, alguna de ellas incluso con premio, lleva a desistir a muchos de caminar por la legalidad, esperando a resolver su "problema" cuando llegue la próxima. Al final puede resultar que la legislación urbanística quede para que solo la cumplan los ciudadanos ajenos a los grupos de poder. Para eso, urbanismo, ¿para qué?

2015-02-15 | Etiquetes: , , , | Categories: Suprainsular | Enllaç

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