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Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears
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Mallorca: casas ilegalizables se delatan al pedir el indulto para obras en suelo rústico

(El Mundo, 27/07/2014)

Acuden a solicitar información para regularizar su situación y se van con un expediente

La amnistía no se aplica a infracciones de los últimos 8 años o en terrenos protegidos

ENRIQUE FUERIS Palma

-Buenos días. Vengo a legalizar mi vivienda.

-Usted dirá.

-Pues construí un chaletito con piscina el año pasado en suelo rústico. ¿Qué tengo que hacer?

-Seguramente deberá demoler la casa y pagar una multa del 150% de su valor. Le informo de que su caso es ilegalizable y de que se le va abrir un expediente de disciplina urbanística. Gracias por su colaboración.

-Pero...

-Buenos días.

Este diálogo ficticio bien podría haber estado viéndose repetido en distintos consistorios de la isla estas últimas semanas. La amnistía para la legalización de viviendas en suelo rústico está sacando a la luz numerosos casos de propietarios que acuden a los ayuntamientos para regularizar unas obras que no cumplen los requisitos necesarios para recibir el indulto. De este modo, no solo no consiguen su propósito, sino que se delatan a sí mismos admitiendo unas infracciones ante las cuales los consistorios se ven obligados a abrirles un expediente urbanístico.[Nota de Disúrbia: aquest article és molt difícil de creure, la gent no és tan idiota]

La medida, que entró en vigor la pasada semana con su publicación en el BOIB, se está convirtiendo así en un anzuelo con el que atrapar a infractores despistados que acuden despreocupadamente a los servicios municipales a solicitar información.

"Ya han sido unos cuantos los ayuntamientos que nos han informado de que están descubriendo infracciones ilegalizables a raíz del anuncio de la regularización de viviendas en terreno rústico", afirma el presidente de la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares y también alcalde de Fornalutx, Joan Albertí.

El indulto urbanístico diseñado por el Consell de Mallorca [Nota de Disúrbia: mentida, pel Govern] y puesto en manos de los ayuntamientos prevé la posibilidad de legalización para todas aquellas viviendas alzadas en suelo rústico que no hayan sido denunciadas ni tengan un expediente de disciplina urbanística abierto en los últimos ocho años (el tiempo que tardan en prescribir los delitos urbanísticos).

Asimismo, quedan exentas todas aquellas viviendas que se alzaron en terreno protegido después de la entrada en vigor en el año 1991 de la Ley de Espacios Naturales (LEN).

Los interesados tienen tres años para regularizar su situación, trámite por el que tendrán que abonar el precio de la licencia municipal y un porcentaje del valor de la vivienda que oscilará entre el 15% y el 25% en función de la celeridad con la que se lleva a cabo la gestión.

El caso de los propietarios que sin cumplir con los requisitos para la legalización de obras acuden a los ayuntamientos ejemplifica la confusión generada en los últimos meses en torno a esta normativa, lo que ha provocado que los propios ayuntamientos demanden al Consell una hoja de ruta que fije los criterios a aplicar en cada caso.

Lo de las infracciones recién confesas "son problemas nuevas que van surgiendo", explica el presidente de la Felib, quien señaló que los servicios jurídicos del ente analizarán el marco legal en el que pueden moverse a partir de ahora los ayuntamientos para tratar de definir la línea de actuación.

En cualquier caso, no son pocos los alcaldes de uno y otro color político -Inca, Felanitx, Algaida...- que ya han planteado públicamente la necesidad de que el Consell acceda a diseñar unas pautas que sirvan de asidero legal a los consistorios. En caso contrario, dado que el margen jurídico y el margen de maniobra son tan amplios es posible que municipios distintos apliquen resoluciones sumamente diferentes en casos análogos. "Nos encontraremos con que en Algaida se hace de una manera y en Montuïri de otra, o de que en un pueblo se pueden legalizar determinadas viviendas y en el otro no", opinaba el alcalde de Algaida, Francesc Miralles (PSOE).

Por su parte, el Consell ya indicó que estaba a disposición de todo ayuntamiento que precise asesoramiento con respecto a esta cuestión y que en caso de que las dudas se acumulen en demasía se organizará una reunión con fines orientativos con todos los consistorios.

En todo caso, los partidos de la oposición no han ocultado su aversión a la medida. Més señala que supone un "agravio comparativo" con la gente que ha demolido su casa por ser ilegal; el PSOE, por su parte, redunda en la misma idea al subrayar que el PP está transmitiendo un mensaje peligroso porque anima a infringir las leyes.

Asimismo, la portavoz del grupo socialista en el Consell, Mercedes Garrido, se refirió a la creación de un fenómeno paralelo a la aplicación de la nueva normativa, que es la aparición de distintas empresas que se publicitan en internet ofreciéndose para gestionar todo el proceso de legalización, tal y como ha sucedido en otras comunidades en las que se han aprobado medidas análogas, como Andalucía. La portavoz socialista critica no obstante que la opacidad de la normativa ha llevado a que los ciudadanos no estén seguros con éstas u otro tipo de asesorías legales, puesto que "nadie sabe a ciencia cierta qué se puede hacer y qué no".

En este sentido, Garrido aseveró que el Colegio de Aparejadores ha remitido una circular a todos sus colegiados informándoles de que son competentes para realizar reformas encaminadas a legalización de una edificación -no hace falta que sea el arquitecto-, sin embargo, "ni siquiera los ayuntamientos están seguros de que pueden hacerlo".

2014-07-27 | Etiquetes: , , , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

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